Las ministras Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat, responsables de la Comisión de Receso en la Corte admitieron ayer una controversia constitucional planteada por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en contra de la decisión del INE para aplazar la consulta sobre revocación de mandato.
Además, notificaron al INE como parte demandada y a las cámaras de Senadores y Diputados, así como a la Fiscalía General de la República (FGR), como terceros interesados.
Actualmente en la Corte hay otras dos controversias relacionadas con la consulta, una del INE contra de la Cámara de Diputados por recorte presupuestal de casi 5 mil millones de pesos a su Presupuesto 2022, razón por la cual se planteó posponer la consulta.
La otra promovida por la Cámara de Diputados contra del INE por decidir aplazar la consulta hasta que la Corte resuelva si debe recibir más recursos.
A la par de esos procedimientos, ayer el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), defendió la denuncia penal que presentó contra los consejeros del INE que votaron por posponer la consulta.
Alegó que el artículo 222 del Código de Procedimientos Penales obliga a denunciar la presunta comisión de delitos de los que se tenga conocimiento.
Por lo pronto, la Corte ordenó al INE seguir adelante con los preparativos y realizar la consulta con los recursos que tenga disponibles.