Niegan a ex titular de la Sedatu y Sedesol seguir proceso en casa. Argumentan falta de voluntad para someterse a juicio por Estafa Maestra
La ex Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, permanecerá en prisión debido a que un juez de control consideró que ha demostrado una falta de voluntad para someterse al proceso penal que se le sigue por un presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos mediante la Estafa Maestra.
Esta falta de voluntad, argumentó ayer el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, quedó manifiesta cuando la ex funcionaria no aclaró que tuvo otros dos domicilios adicionales a su casa en la Alcaldía Coyoacán.
Pese a que en audiencias anteriores tuvo la oportunidad de decir que rentó un inmueble en Paseo de la Reforma 222 y otro en Polanco, aún cuando los habitara temporalmente, Robles, señaló el juez, mantuvo su dicho de que sólo ha tenido un único domicilio en más de 20 años.
"Esto se considera como una falta de voluntad de someterse al proceso", indicó el juzgador ante la acusada.
En la audiencia, la quinta en la que la ex funcionaria en el Gobierno de Enrique Peña Nieto buscaba que se le concediera la prisión domiciliaria para salir del penal de Santa Martha Acatitla, el juez Villar Ceballos sostuvo que existió una contradicción entre los dichos de Robles y de su abogado.
Señaló que cuando se pretendía demostrar si la imputada contaba o no con recursos suficientes para evadirse de la justicia y se exhibió una viaje que había realizado al extranjero, ella declaró que había ido de vacaciones a París, pero su abogado sostuvo que había asistido a Costa Rica a un curso.
Esta contradicción, consideró el juez, también demuestra que hay una resistencia a someterse al proceso.
Esos elementos, además del hecho de que el delito por el que se acusa -ejercicio indebido del servicio público- no permite sustitutivos de pena, lleva a la convicción, expuso, de que existe falta de voluntad de someterse al proceso y por tanto hay riesgo de que intente evadirse de la justicia.
Con la audiencia, de poco más de tres horas, Villar Ceballos cumplió con una resolución emitida por un juez de Amparo, quien le instruyó resolver de nueva cuenta la solicitud de Robles para determinar si continuaba en prisión o le concedía otra medida cautelar, como arraigo domiciliario o la portación de un brazalete electrónico.
Robles está presa en el penal de Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto de 2019, cuando fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
A la ex Secretaria de Estado le imputan haber sido omisa como titular de la Sedatu y la Sedesol, de 2012 a 2019, ante los desvíos de 5 mil 73 millones de pesos que supuestamente llevaron a cabo sus subordinados.
Tras conocer que permanecerá en prisión lo que dure el proceso, Robles dijo que se trataba de una injusticia, pues se le acusa de una falta de voluntad, cuando ella había demostrado lo contrario, ya que se encontraba en el extranjero cuando fue enterada que había sido imputada por la Fiscalía General de la República y regresó al País precisamente para enfrentar las acusaciones.
Sobre los domicilios, indicó, no tenía sentido que aclarara que los había habitado, pues en el momento en el que refirió su domicilio era en el que residía y que es su casa de hace más de dos décadas.
"Es como si dentro de cinco años está aquí el Presidente López Obrador y le preguntan cuál es su domicilio, no va a decir Palacio Nacional, sino su domicilio que sea actual", señaló.
La ex Secretaria de Estado dijo que ya se esperaba una resolución de este tipo, pues es la única a la que se trata como si fuera culpable, al ser la única encarcelada por el presupuesto desvío millonario operado en el sexenio pasado.
"Si usted quiere que me vaya a Santa Martha, me voy a Santa Martha, pero sí le digo que es una gran injusticia", le dijo al juez.
Robles indicó que permanecerá en prisión pese a que ella no le han sacado que tiene más de 100 autos de lujo ni que su hija tiene una fábrica de chocolates, en alusión, en el primer caso al titular de la FGR, Alejandro Gertz, y en el segundo al Presidente Andrés Manuel López Obrador.