El Presidente descarta que los agentes incurran en actividades ilegales; “tengo que reconocer que EU ha sido muy respetuoso y el embajador Salazar es una persona que ayuda a mejorar las relaciones”
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que confía en la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos porque hay una buena relación con ese país y ya existe una norma que acota sus actividades en México.
En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario aclaró que los agentes de la DEA ya no pueden hacer nada a espaldas del gobierno de México.
“Estamos contentos y si me preguntas si confiamos, diría que sí y que no van a cometerse actos ilegales, ilícitos, o que afecten la soberanía”, puntualizó.
MILENIO publicó que a cinco años de descubrirse que el comandante federal Iván Reyes Arzate —brazo derecho de Genaro García Luna y enlace oficial de la DEA en México— formaba parte de la nómina de los cárteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva, la dependencia estadunidense no ha implementado acciones correctivas que eviten que el narco siga reclutando o cazando agentes mexicanos adscritos a su programa de Unidades de Investigaciones Sensibles.
Ante esto, López Obrador recordó que en este gobierno se logró publicar una norma para no permitir que los agentes de la DEA porten armas, que exista un número determinado trabajando en el país y deben avisar sobre sus actividades.
En este sentido, aseguró que no están violando esta reglamentación, “no tenemos información de que estén haciendo actividades sin informar al gobierno de México.
“No son las mismas condiciones de antes, ellos no podrían hacer algo a espaldas de nosotros, no podrían llevar a cabo operativos como Rápido y furioso, por ejemplo, ni se atreverían a plantear; además, tengo que reconocer que han sido muy respetuosos y el embajador ha resultado una gente que ayuda para que se mejoren las relaciones entre nuestros países, entre nuestros pueblos, la suerte que se tiene es que este embajador, entre otras cosas, tiene virtudes y cosas favorables”, destacó.
Finalizó diciendo que se tiene muy buena relación con Estados Unidos y en especial con el embajador Ken Salazar, al que considera una persona responsable.
Sí hay responsabilidad: ONG
Ariana Denis García Bosque, representante de Familias Unidas en la Búsqueda de Personas Desaparecidas, asegura que es lamentable que la DEA se deslinde del caso Allende ya que, al menos, tienen una responsabilidad civil en estos hechos.
“La agencia antinarcóticos de EU sostiene que no hay evidencia que pruebe que desde el interior de la DEA se filtró la información que llevó a la muerte de decenas de personas en el poblado coahuilense, literalmente barrido del mapa por un comando entre el 18 y el 20 de marzo de 2011”, de acuerdo con la edición del miércoles de MILENIO.
Al respecto, García Bosque señala que el Estado mexicano no ha tocado el tema, concretamente lo último que removió esa fibra fue la serie de Netflix Somos, en la que se resalta la participación de las autoridades estadunidenses.
“Yo asumo que su postura será de esa forma porque, evidentemente, no es conveniente aceptar la responsabilidad que pudiera existir en el caso. Sin embargo, resulta evidente que Estados Unidos tuvo conocimiento del resultado de este desvío de información” afirmó.
“Entendemos que Estados Unidos cierra los ojos a esta situación. Yo diría que es lamentable que se deslinden completamente de esta situación y puedo entender que no asuman la responsabilidad de funcionarios públicos que trabajaban en colaboración con México, pero de que existe una responsabilidad al menos civil la hay”.
En 2019, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezaron la ceremonia de disculpa a familiares de las personas desaparecidas en el municipio de Allende por los hechos ocurridos en marzo de 2011.
La disculpa pública se dio en cumplimiento a la recomendación 10 VG/2018 de la CNDH, sobre los hechos acontecidos del 18 al 20 de marzo de 2011, en el municipio de Allende, así como por las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas cometidas con posterioridad a dicho evento.