Durante la administración de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) las investigaciones contra integrantes de ese organismo por irregularidades en su situación patrimonial se incrementaron de una a 56 al corte del primer semestre de 2021.
De acuerdo con el informe que la Fiscalía General de la República entregó a la Cámara de Diputados en el año 2021, correspondiente al primer semestre de dicho ejercicio, durante ese periodo se presentó un incremento de 31.7% en las investigaciones iniciadas por el Órgano Interno de Control (OIC) de ese organismo contra integrantes del mismo, en comparación con las que se iniciaron durante todo 2020.
Entre esas investigaciones destacan las iniciadas por irregularidades en la situación patrimonial de los trabajadores de la Fiscalía General de la República, de las cuales en el año 2019 sólo había una; en 2020 subió a cuatro pero al primer semestre de 2021 el número se incrementó a 56.
Mientras que Gertz Manero, fiscal General de la República, ha sido cuestionado públicamente por no transparentar sus declaraciones patrimonial y de conflicto de interés, en la dependencia federal que encabeza las inconsistencias en estas declaraciones no son consideradas como faltas graves.
Los expedientes donde se indaga por qué los trabajadores de la FGR presentaron sus declaraciones patrimoniales con irregularidades forman parte de las más de mil investigaciones iniciadas por el OIC desde enero de 2019 al 30 de junio de 2021 contra funcionarios del organismo, quienes en su mayoría son señalados por cometer abuso de funciones, falta que sí es considerada grave.
EL UNIVERSAL consultó a la FGR sobre el nivel que tienen los funcionarios investigados, pero al cierre de esta edición el organismo público no respondió.
El informe de la Fiscalía General de la República detalla que de enero al 30 de junio de 2021 fueron abiertas 711 investigaciones por posibles irregularidades cometidas por integrantes de ese organismo oficial, uno de ellos por desacato, falta considerada como grave.
Siete por faltas de respeto; 647 por omisiones o deficiencias, y 56 por irregularidades en su situación patrimonial, todas estas conductas que no son consideradas como graves.
Durante el semestre reportado, la Fiscalía General de la República concluyó 48 de esas indagatorias, en 54% de ellas se emitieron informes de presunta responsabilidad para continuar con otros procedimientos sancionatorios o incluso penales, y en 46% de los casos se ordenó archivar los expedientes abiertos.
Las 711 investigaciones iniciadas en 2021 sumaron un total de mil 721 expedientes abiertos desde enero de 2019, cuando Gertz Manero asumió la titularidad de la FGR en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De las mil 721 investigaciones, mil 676 son por conductas no graves y 45 por faltas graves.
De estas 45 faltas consideradas como graves, más de la mitad fueron iniciadas por abuso de funciones, es decir, 29 divididas en siete iniciadas en 2019 y 22 en el año 2020.
Las otras pesquisas por faltas graves son por cohecho, tres de 2019 y dos de 2020; desvío de recursos, dos en 2019 y tres en 2020; tráfico de influencias, dos de 2020; encubrimiento, una de 2019 y desacato, una iniciada por cada año reportado a la Cámara de Diputados.
Según las estadísticas, entre las conductas no graves más investigadas destaca la de omisión o deficiencia de funciones que en 2019 sumaban 198 expedientes; en 2020 subió a 675, y en 2021, al corte del 30 de junio, ya llegaban a las 647.
Es decir, que de las mil 676 investigaciones en trámite por conductas no graves, mil 520 fueron por omisión o deficiencia de funciones.
Desde 2019, al primer semestre de 2021 fueron concluidas en total 326 investigaciones, 267 con archivo del expediente y 59 con informe de presunta responsabilidad.
Al cierre de 2020, la Fiscalía General de la República mantenía abiertos 113 procedimientos de responsabilidad administrativa contra sus trabajadores, en el primer semestre de 2021 se sumaron 58 expedientes.
De todos esos procedimientos ya fueron resueltos 84 y en 12 de ellos se determinó imponer sanciones administrativas: cuatro amonestaciones, seis destituciones y dos inhabilitaciones.
Según el informe, ocho de los exfuncionarios destituidos eran personal administrativo y cuatro sustantivo, es decir, que fungían como agentes del Ministerio Público de la Federación y fiscales, entre otros.
Con este resultado quedaron en trámite 87 procedimientos de responsabilidad administrativa, pero 47 de ellos se acumularon porque se tratan de un mismo servidor público y sobre una misma conducta.
Los meses de 2021 en los que más procedimientos fueron iniciados fueron mayo y junio, con 17 cada uno, sigue febrero, con 11, marzo, con 8, y abril, con 5.