xpertos señalan que los presidentes municipales, sobre todo los de puntos de riesgo, son vulnerables ante la criminalidad. Desde 2005 han muerto 56 ediles en funciones o electos
CUERNAVACA
El periodo aciago para las autoridades municipales comenzó en 2005 y hasta agosto de 2016, la violencia ha cobrado la vida de 56 alcaldes en funciones o electos, 44 familiares directos de ediles en ejercicio, 70 ex munícipes, cinco alcaldes suplentes y cinco candidatos, de acuerdo a información oficial.
Especialistas en la materia afirman que los alcaldes, particularmente los que gobiernan puntos estratégicos, se encuentran en riesgo y son vulnerables al crimen organizado por lo que se debe perfeccionar la seguridad, conocer quiénes son antes que lleguen al poder, y evitar que sean cooptados por los criminales.
El periodo más cruento corresponde al sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) con 34 asesinatos luego de declarar la guerra a los cárteles de la droga, aunque la ruta fatídica sigue su curso en la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) con 17 homicidios de ediles a tres años y medio de su mandato.
Una investigación hemerográfica de EL UNIVERSAL arroja que en las últimas dos administraciones suman 52 ediles muertos. 2010 fue el año más: el crimen mató a 16 alcaldes, le siguió 2013 con ocho; 2011 con siete, y 2009 con seis.
El último ataque contra un presidente municipal ocurrió el martes pasado sobre la carretera Valsequillo-Tecalli, en Puebla. Ahí fue emboscado el edil de Huehuetlán El Grande, José Santa María Zavala.
Ese homicidio, cuya investigación oficial presume el móvil del robo, alertó a la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac) y sus representantes exigieron a la Secretaría de Gobernación otorgar protección a los ediles con la instalación de protocolos de seguridad y el apoyo subsidiario a los municipios de muy alto riesgo.
En su última sesión el edil de Jesús María, Aguascalientes, José Antonio Arámbula López, señaló que el narcotráfico es un tema difícil que ha permeado en los últimos días.
La cifras de la Anac arrojan que de 2006 a agosto de 2016 suman 83 autoridades municipales asesinadas; 43 estaban en funciones, siete eran alcaldes electos y 33 eran ex alcaldes.
De acuerdo con el seguimiento informativo, Oaxaca ocupa el primer lugar de autoridades ultimadas con 10 ediles, le sigue Michoacán con siete, Durango cuenta seis, Chihuahua cinco; Guerrero y Veracruz suman cuatro cada uno.
Imposible brindar seguridad a todos
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, afirma que es imposible brindar seguridad a todos los alcaldes del país, por lo que se debe analizar si la forma de gobierno aún funciona o se deben hacer modificaciones ya que la estructura municipal es muy débil. “De los más de 2 mil municipios que hay en el país, la gran mayoría son débiles en todas sus funciones, para llevar el presupuesto, para hacer mejoras, obra pública, seguridad”, expuso.
La situación de los alcaldes de México, dice Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), es grave porque no hay capacidad para otorgarles una seguridad especial y protegerlos a todos.
“Lo que debe suceder es un paulatino aumento de soluciones de seguridad en el país y que los alcaldes amenazados reciban mayor protección de sus estados y la federación”, dijo.
José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, coincidió en que los ediles se encuentran en grave riesgo por grupos del crimen organizado, a quienes les es más fácil penetrar las estructuras del gobierno municipal. Por eso, dijo, se debe blindar desde los partidos al momento de escoger a sus candidatos.
El presidente de la Confederación Nacional de Municipios de México (Conamm), Isidro López Villarreal, dijo que se trabaja en un protocolo de atención porque mientras los alcaldes no estén bien respaldados, “definitivamente son vulnerables a ‘doblar las manos’”.
El alcalde de Saltillo afirmó que propondrán la integración de grupos especiales ante la imposibilidad de brindar seguridad personal a los 2 mil 446 presidentes municipales del país.