El organismo encontró un faltante de 63 mil mdp, de los cuales 39 mil corresponden a gobiernos locales, que tienen 30 días para responder.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó probables daños al erario por 63 mil 10 millones de pesos en la Cuenta Pública 2020, aunque 2 mil 176 millones se reportaron ya como recuperaciones operadas y quedan pendientes más de 60 mil 834 millones de pesos.
Esas cifras corresponden a mil 616 auditorías practicadas al ejercicio de los recursos federales en 2020 y de las cuales se derivaron 5 mil 393 acciones y observaciones.
De acuerdo con el informe entregado ayer por el titular de la ASF, David Colmenares, a la Cámara de Diputados, al gasto federalizado ejercido por estados y municipios concentró el mayor volumen de observaciones por probable daño a la hacienda pública, con 41 mil 395 millones de pesos, de los cuales quedan pendientes de recuperar 39 mil 565 millones de pesos.
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Entre las entidades destacan Ciudad de México, con 6 mil 235 millones de pesos; Oaxaca, con 4 mil 814 millones; Nayarit, con 3 mil 271 millones; Michoacán, con 3 mil 195 millones, y Guerrero, con 3 mil 9 millones.
Le siguen Sonora, con 2 mil 477 millones; BCS, 2 mil 465 millones; Chihuahua, 2 mil 448 millones; BC, mil 146 millones; Tamaulipas, mil 128 millones; Sinaloa, mil 108 millones, y Campeche, con mil 79 millones de pesos.
El resto de los gobiernos estatales mantiene montos de recuperaciones probables menores a mil millones de pesos, e incluso cantidades proporcionalmente mínimas como Aguascalientes, con 41 millones de pesos; Guanajuato, 45 millones, y Yucatán, 73 millones.
Según el informe, el órgano superior de fiscalización practicó a las 32 entidades mil 235 del total de mil 616 auditorías aplicadas al ejercicio presupuestal de 2020, lo cual, a juicio de los legisladores de la oposición, significó una distorsión imputable a la ASF.
Por lo que hace a la administración pública federal, el sector Agricultura y Desarrollo Rural tiene observaciones por probable daño al erario de 9 mil millones de pesos, seguido de Salud, con 2 mil 750 millones, y empresas productivas del Estado (Pemex y CFE), con mil 926 millones.
A su vez, el rubro de Aportaciones a Seguridad Social sumó mil 695 millones de pesos; Bienestar, mil 230 millones; Comunicaciones, mil 154 millones, y Educación, mil 83 millones más. La relación de ramos administrativos con probables daños incluye igualmente a Economía, con 704 millones; Hacienda, 305 millones, y Turismo, 267 millones.
Las entidades y el gobierno federal tienen 30 días de plazo para aclarar y, en su caso, solventar las observaciones de la ASF.
Entre cuestionamientos de los legisladores de la oposición a su desempeño, el auditor superior David Colmenares entregó ayer a Cámara de Diputados el informe general y la tercera parte de los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2020 con múltiples observaciones a los megaproyectos del gobierno federal y los recursos destinados a la atención de la pandemia de covid-19.
Al fijar la posición del grupo parlamentario del PAN, el diputado Iván Rodríguez remarcó que se requiere una Auditoría Superior fuerte, autónoma, imparcial y comprometida con su labor, no sometida al Poder Ejecutivo.
“Esperamos que el informe sea congruente con el cúmulo de excesos y arbitrariedades que se han cometido por parte de la administración federal, que quien cuente con la solvencia moral y ética para denunciar e investigar tantos excesos, que este informe no se lo hayan palomeado en Palacio y, sobre todo, que, si le levantan la voz nuevamente, no salga usted a decir en días posteriores que se equivocó otra vez”.
La diputada Ana Elizabeth Ayala, de Morena, expresó el respaldo de su bancada a la ASF y llamó a los legisladores de la oposición a ser responsables en su actuar y presentar los elementos técnicos suficientes de sus acusaciones, sin que sean solo posicionamientos políticos.
“Habrá quienes traten de tergiversar o sacar beneficios políticos a corto plazo, allá ellos, porque encarnan dos sexenios de abusos y de abandono”.
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, el priista Pablo Angulo, anticipó que el grupo de trabajo a su cargo citará a comparecer a los funcionarios que presuntamente hayan incurrido en un mal uso de los recursos públicos federales, a fin de garantizar las acciones resarcitorias, denuncias penales y reparaciones que logren dejar intacto el patrimonio de la nación.