Derivado de la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación
La ministra Loretta Ortiz avaló los acuerdos tomados en el pleno por el G11
El diputado Francisco Sánchez Zavala, aseguró tras la resolución de la SCJN, confirmó la validez de los acuerdos tomados en diciembre del año pasado en el Congreso.
Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente de la mesa directiva del Congreso del estado, Francisco Sánchez Zavala, afirmó que en lo jurídico, las cosas quedan como están, al asegurar que la Junta Política y de Gobierno existe y está integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios al igual que las comisiones, donde están trabajando y ahora les corresponde a los legisladores determinar si se modifica o se hacen algunas modificaciones al interior del Legislativo.
Sánchez Zavala aseveró que las decisiones que tomaron en diciembre del 2021 fueron avaladas, sin embargo, resaltó que él será respetuoso de todos los integrantes de la LV legislatura por lo que hizo un llamado a los 20 diputados para dar pasos hacia adelante y acuerdos en torno a lo que más le puede convenir a los morelenses, incluso, por encima de los intereses personales para enfocarse en las necesidades del estado de Morelos.
Con relación al regreso de las comisiones al G8 señaló que en ese tema no abonaría, sin embargo dejó en claro que ese acuerdo que tomó la permanente no está dentro de la ley.
Con relación a la admisión de la Controversia Constitucional 13/2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la validez de los acuerdos del pleno del Congreso, que dieron una nueva conformación a la Junta Política y de Gobierno, así como a las diferentes Comisiones Legislativas, acuerdo tomado por mayoría de 11 diputadas y diputados, en sesión ordinaria del pasado 12 de diciembre de 2021.
Es decir, en su resolutivo, al negar la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo del estado, la SCJN establece que “no se puede dar efectos restitutorios a una medida de suspensión”, y además su determinación “tiene como fin preservar la integración y continuidad del Congreso electo democráticamente, salvaguardando el normal desarrollo de la administración interna del mismo, así como el adecuado ejercicio de las funciones que corresponden al Congreso del estado de Morelos”.
Incluso la SCJN señala que dicha negativa está sustentada en evitar el riesgo de que “el citado Congreso no pueda funcionar de acuerdo a lo mandatado por la Constitución y las leyes locales, lo que pondría en peligro su continuidad, causando un daño mayor a la sociedad en relación con los beneficios que pudiera obtener el solicitante de la medida cautelar, motivo por el cual es improcedente la suspensión solicitada”.
Por tanto, la ministra Loretta Ortiz Ahlf, instructora en el presente asunto, al conceder como procedente la suspensión solicitada en la que el poder Ejecutivo del estado no lleve a cabo la publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, de los acuerdos que se impugnan en la Controversia, ya que de acuerdo con la legislación interna del Congreso “no se necesita publicación en ese medio”, para tener validez, toda vez que, al tratarse de acuerdos parlamentarios, basta con que se aprueben por la mayoría de las diputadas y diputados del pleno.