EL REGIONAL: Urióstegui, en riesgo de ser cesado, si no paga a PASA

A pesar de la crisis financiera que le fue heredada por administraciones pasadas, el Ayuntamiento de Cuernavaca tendrá que pagar 38 millones de pesos a la empresa de la basura Promotora Ambiental de Cuernavaca, S.A de C.V (PASA) porque, de lo contrario, tanto el alcalde, la síndica, consejera jurídica y el tesorero podrían ser sujetos de sanciones e incluso de separación del cargo, ya que podrían ser señalados por desobediencia a una sentencia firme que dictó un juzgado federal.

En entrevista, el presidente municipal de la capital, José Luis Urióstegui Salgado, reconoció que la situación es delicada porque se requiere dinero que no se tiene y más, cuando reconoció que los representantes de la empresa PASA se han negado a dialogar para llegar a una solución definitiva tras haber decidido embargar 60 patrullas de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, como medida de presión hasta lograr que la comuna les pague los 38 millones de pesos.

A pesar de no haber conseguido acuerdos con la Promotora Ambiental de Cuernavaca, el edil dijo que seguirán avanzando reiterando que la sentencia que dictó un juzgado federal en contra del municipio está firme y por tanto, en caso de hacer caso omiso por la falta de recursos económicos puede llevarlos no solo a que se les impongan multas tanto a él en su calidad de alcalde, sino también a la síndica, a la consejera jurídica y al tesorero pero no es todo, ya que podría incluso ser objeto de una suspensión conforme se establece la Ley para los servidores públicos.

Urióstegui Salgado comentó que  ha sido difícil dialogar con los empresarios de la empresa PASA y pese a ello, reiteró su compromiso por buscar las alternativas para contrastar esta grave  problemática financiera que está atravesando el ayuntamiento, por lo que desde la Consejería Jurídica ya se está buscando un acercamiento que les permita llegar a acuerdos satisfactorios de forma mutua.

Gobiernos municipales pasados fueron denunciados por estas acciones que realizó PASA y ahora, su administración le corresponde buscar soluciones, independientemente de exigir se sancionen las omisiones que les están obligando a tener que pagar mayores cantidades que las que en su momento debieron hacerse.

Tras el embargo de 60 patrullas por parte de la empresa Promotora Ambiental S.A. de C.V. el parque vehicular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, se redujo a únicamente 18 vehículos que tienen funcionando la institución en la capital hasta en tanto no se liquiden los 38 millones de pesos que mandó un juzgado federal.