Más de 650 millones de pesos perdió el Ayuntamiento durante la pasada administración entre malas decisiones, desfalcos y déficit financiero. Existen, a la fecha, al menos una veintena de denuncias donde aparece el nombre del exalcalde que, si se suman, significa un importante desfalco a las arcas del Municipio, informaron a El Sol de Cuernavaca autoridades de la comuna capitalina

Aunque aún no ha concluido la integración de carpetas de investigación relacionadas con su gestión como alcalde, el nombre de Francisco Antonio Villalobos Adán aparece en por lo menos una veintena de denuncias que, si se suman, significarían para el Ayuntamiento de Cuernavaca un desfalco superior a los 300 millones de pesos, y pérdidas derivadas de decisiones de su administración de por lo menos otro tanto.

Entre otras anomalías, la contraloría municipal ha encontrado prácticas de posible corrupción en el uso de recibos duplicados, la inclusión en nómina de personal que no prestaba servicios en el Ayuntamiento, desaparición de mobiliario y equipo de cómputo, uso indebido de recursos públicos; a las que se suman denuncias de particulares ante la Secretaría de Administración por extorsión, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos. En una de ellas ya hubo la vinculación a proceso del exalcalde que con un amparo logró librar la prisión preventiva y continuar como alcalde desde diciembre del 2020 hasta concluir su encargo un año después.

Dolores Álvarez Díaz, contralora municipal, expuso a El Sol de Cuernavaca que tiene abiertas dos carpetas de investigación a partir de la vista que les dio la Auditoría Superior de la Federación por el uso indebido de recursos públicos en la cuenta pública de 2020. Hay también una denuncia anónima remitida por la Entidad Superior de Fiscalización (ESAF) del estado de Morelos “por diversos conceptos y aparentes desvíos de recursos en rubros de compra, producción y justificación de mochilas por el período de 2019 a 2020 y por la compra de pollos para un evento que se llevó a cabo en el 2019; ya aperturamos (sic) la carpeta de investigación y se están haciendo las diligencias conforme lo marca la ley”.

Asimismo, existen cinco denuncias presentadas por la Tesorería del Ayuntamiento derivadas de la revisión del proceso de entrega recepción y que son las que se han entregado hasta la fecha, aunque la revisión continúa, explicó. De esas cinco denuncias dos son por prescripción de créditos en materia de impuesto predial, en contra de los servidores públicos que dejaron de realizar los cobros correspondientes; otras dos por la falta de bienes muebles, computadoras, escritorios y sillas; y una más por la emisión de recibos de pago con el mismo folio por conceptos distintos: “en una ponían concepto de una infracción por 300 pesos y en otro recibo con el mismo folio otro concepto por un monto de 10 mil pesos”. Dado que se trata de carpetas de investigación abiertas, la contralora del municipio no pudo ofrecer más datos sobre las mismas. Aunque adelantó que aún no concluye el período de aclaraciones, por lo que las carpetas podrían aumentar conforme concluyan los plazos: “seguramente derivado de ello vendrán más denuncias”.

La contraloría ha retomado además algunas investigaciones previas que se habían abandonado, “dejaron de actuarse desde el 2020”, y actualmente se están impulsando además de integrar las derivadas de nuevas denuncias.

La consejera jurídica del Ayuntamiento, Nadia Luz Lara, expuso que las investigaciones que se realizan en la comuna derivadas del proceso de entregarecepción tienen como objetivo detectar, primero, si hay la comisión de ilícitos y en su caso castigar a los responsables; para lo que se requeriría, en su momento, la intervención de la

Fiscalía Anticorrupción, dado que se trata de daños a la hacienda pública y a la ciudadanía.

En enero pasado el secretario de administración del Ayuntamientmo, Israel Yudico Herrera, anunció que en la primera revisión de la nómina se habían detectado por lo menos una decena de “aviadores”, además de la omisión del pago de nómina a más de 800 trabajadores al cierre de la pasada administración; la consejera jurídica expuso que no le ha sido transmitido el informe correspondiente para revisar si hay conductas para perseguirse desde el ámbito penal, aunque administrativamente deberá sancionarse. Actualmente sigue la revisión de Recursos Humanos.

A la fecha, de las obligaciones derivadas de diversos juicios la actual administración ha pagado unos 20 millones de pesos