Alcanza cifras históricas de incidencia en por lo menos cuatro delitos de alto impacto: extorsión, corrupción de menores, violación y agresión de género, según el SESNSP
Los ataques contra mujeres siguen imparables. Marzo alcanzó cifras históricas de incidencia en por lo menos cuatro delitos de alto impacto: extorsión, corrupción de menores, violación y agresión de género, de acuerdo con el reporte mensual sobre violencia contra ellas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En el caso de extorsión, el mes pasado rompió récord de víctimas mujeres en números absolutos, al registrar 334, superando las 327 de agosto de 2021, que tenía el máximo desde que en 2015 se comenzó a contabilizar este delito en las estadísticas oficiales.
En los primeros tres meses del año, 830 mujeres han sido víctima de extorsión en el país, la mayoría de 18 años y más, esto es 10% más comparado con el mismo periodo de 2021, cuando se contabilizaron 753. Si se comparan las 321 de marzo de 2021 con las 334 de marzo pasado, el aumento es de 4%.
Zacatecas, azotado por la disputa territorial entre cárteles de la droga, encabeza la lista en víctimas mujeres de extorsión en tasa por cada 100 mil habitantes, con 6.9, seguido de Baja California Sur, 3.8; Colima, 2.7; Estado de México, 2.5, y Querétaro, 2.0.
“En México, día a día es más peligroso ser una niña, una adolescente o una mujer adulta. El riesgo se encuentra dentro del propio hogar, en la escuela, el trabajo o en la vía pública”, advirtió el director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez.
Reiteró que este sexenio ha sido el más letal para ellas, por el repunte en delitos de alto impacto contra las mujeres, que alcanzan cifras históricas como las de marzo sin que se puedan contener con políticas públicas eficaces.
“La reproducción de políticas públicas que se han mostrado ineficaces, la negación y las mentiras acerca del problema, hacen cómplices a los servidores públicos de la violencia contra cualquier mujer”, enfatizó.
Otro delito que reportó un alza histórica fueron las víctimas mujeres de corrupción de menores, que según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suman 193 en marzo, la que también es la cantidad más alta desde que se tenga registro, y rebasa las 168 de marzo de 2020.
Al comparar las 440 víctimas de entre enero y marzo de 2022 con las 359 del primer trimestre de 2021, hay un aumento de 22% en este delito de alto impacto, en el que Baja California reporta 3.3; Quintana Roo, 2.6; Guanajuato, 2.4; Baja California Sur, 1.9, y Campeche, 1.5, y ocupan los primeros cinco lugares en la tabla de incidencia por cada 100 mil habitantes.
Las carpetas de investigación por violación sumaron 2 mil 287, la cifra más alta desde 2015, que comparada con las 2 mil 17 de marzo de 2021 representan un aumento de 13%.
Quintana Roo, Baja California Sur, Chihuahua, Campeche y Morelos registran el mayor número de pesquisas por este delito de alto impacto en tasa por cada 100 mil habitantes, según las estadísticas oficiales.
En el primer trimestre de 2022 suman 5 mil 315 carpetas de investigación abiertas por las fiscalías o procuradurías estatales por violación, un promedio de 59 diarias.
Con mil 684 carpetas de investigación en marzo en las fiscalías o procuradurías estatales, la violencia de género en todas sus modalidades distintas a la violencia familiar alcanzó récord. Al comparar las 392 carpetas de investigación de marzo de 2021 con las mil 684 de marzo de este año, se registra un aumento de 329%.
Cabe destacar que las víctimas mujeres de lesiones dolosas aumentaron 31%, mientras que las denuncias por violencia familiar 34%, con respecto a febrero.
Al presentar el informe mensual del Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas Mayores que viven violencias basadas en el Género (GIEV), la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, anunció que presentarán un protocolo homologado de atención a la violencia de género y violencia feminicida para primeros respondientes y una certificación nacional de los cuerpos de seguridad municipal, estatal y federal para prevenir y atender estos casos.
“En México no queremos más violencia por razón de género, queremos paz, tranquilidad; queremos que nuestras hijas e hijos, que nosotras caminemos tranquilas y seguras por la calle”, dijo.
Aseguró que las autoridades, dentro del ámbito de sus atribuciones, tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluido el de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres.
