Pena avalada en Diputados es hasta dos terceras partes del castigo máximo del delito consumado; también amerita prisión preventiva oficiosa; justifican cambio en que no hay medida cautelar que garantice 100% integridad de agredidas; sólo falta que dé luz verde el Senado
La reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Penal Federal, para castigar el feminicidio en grado de tentativa, fue aprobada con 453 votos a favor y 24 abstenciones, por lo que fue turnada al Senado. En lo particular, se emitieron 474 sufragios a favor de todos los grupos parlamentarios.
La propuesta establece que el delito de feminicidio en grado de tentativa ameritará prisión preventiva oficiosa, al igual que el feminicidio consumado que ya estaba en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Los castigos por tentativa de feminicidio serán de 30 a 40 años de cárcel, equivalentes a la mitad y hasta dos terceras partes de la pena máxima por feminicidio, que es de 60 años. Además, plantea que los sentenciados por este delito no gozarán de libertad condicionada, anticipada ni sustitución de su pena.
En la discusión del pleno, la vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, leyó un testimonio de una sobreviviente de intento de feminicidio:
"Aún recuerdo el intenso dolor de esa primera puñalada que se clavó en mi estómago, la sangre recorriendo mi cuerpo y el frío piso en el que estaba tirada. Me dicen que tengo mucha suerte, no morí; y quizá tenga razón, pero no entienden el dolor que me causa ver las marcas que están en mi cuerpo, que me recuerdan todos los días lo que pasó, el miedo que tengo todas las noches de que Adrián regrese y termine lo que empezó".
Elizabeth Pérez
Al fundamentar el dictamen, la diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) subrayó que hay una grave crisis de violencia contra las mujeres en el país, que llega a su máximo punto con 10 feminicidios al día.
La legisladora explicó que existen antecedentes de violencia contra las mujeres que no llegaron a feminicidio, pero que pudiera considerar el delito en grado de tentativa.
"No hay medida cautelar que garantice 100 por ciento de la integridad de las mujeres que fueron agredidas, además de su tranquilidad, que no sea la prisión preventiva oficiosa".
Paulina Rubio Fernández
En voz del Partido Verde, la diputada María del Rocío Corona apuntó que el machismo, la misoginia y el odio acorralan a la mujer, por lo que no se puede disimular la tentativa de feminicidio.
"Las mujeres no pueden seguir siendo revictimizadas por la impunidad que ampara a los agresores por el intento de feminicidio y les permite seguir en libertad".
María del Rocío Corona
En tanto, la panista Kathia María Bolio expuso que los agresores que cometen intento de feminicidio salen libres la mayoría de las veces, porque son enjuiciados por delitos como riña, lesiones familiares o que no ponen en riesgo la vida de la víctima.
La legisladora destacó la urgencia de que los agresores de mujeres no queden en libertad, "porque está demostrado que quien lo intenta una vez no desiste hasta conseguirlo".
En representación de Morena, la diputada Andrea Chávez acusó que a partir de la "guerra contra el narco", en 2007, se han triplicado los feminicidios que aún persisten en el país.
Del PRI, la diputada Yolanda de la Torre argumentó que el dictamen plantea castigar con mayor severidad la tentativa de feminicidio, en comparación con otros delitos, por el impacto que ha tenido esta violencia en el país.
Avalan crear centro de identificación humana
Con respaldo de todas las bancadas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y lo particular, la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, además de dar más atribuciones a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Sin embargo, no tendrá una ampliación presupuestal para ejercer este año.
La iniciativa, enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada con 489 votos a favor de todos los grupos parlamentarios, por lo que pasa al Senado para su discusión.
Este centro deberá comenzar a operar 90 días después de su entrada en vigor, mientras que la CNB tendrá ese mismo tiempo para emitir los lineamientos que regulen el procesamiento de la información proporcionada por fiscalías y demás autoridades competentes.
La iniciativa también otorga atribuciones a la Comisión Nacional de Búsqueda para diseñar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda forense con fines de identificación humana, mediante las cuales podrá solicitar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, servicios forenses o periciales, fiscalías generales y a las fiscalías especializadas y demás autoridades competentes, la información concerniente a la búsqueda de personas desaparecidas.
En comisiones, se aprobó una propuesta para que la CNB dé seguimiento a las acciones de búsqueda de personas con vida, y con fines de identificación de cuerpos y restos humanos.
Además, se añadió el concepto de “enfoque de identificación humana complementario”, el cual se define como “el sistema forense que combina la investigación forense de pequeña, moderada escala, individualizado o tradicional, con una de enfoque integral de investigación forense de gran escala. Ambos se complementan y, si las circunstancias lo exigen, pueden combinarse”.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Nelly Carrasco (Morena), reconoció que hay una crisis forense en México, ya que, según datos de la Fiscalía General de la República, hay más de 52 mil cuerpos sin identificar.
Además, alertó que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, hay más de 99 mil personas desaparecidas y no localizadas en México.
“A pesar de los esfuerzos del Estado mexicano, la realidad es que la mayoría de las entidades federativas apenas cuenta con 20 por ciento de capacidad para identificar los cuerpos que reciben, a la par que persiste una sobreocupación de 40 por ciento en las instalaciones”, apuntó la diputada.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Macías (PAN), señaló que sería mezquino decir que la crisis de desapariciones empezó este sexenio, ya que es resultado de muchos gobiernos y partidos.
El legislador albiazul expuso que el caso de la desaparición y muerte de Debanhi Escobar es la “muestra del fracaso de todo el Estado mexicano: municipios, gobiernos estatales, federal, diputados, senadores, la sociedad y las familias. Todos hemos fracasado”.
A nombre de Movimiento Ciudadano, la diputada Julieta Mejía subrayó que se le debe asignar el presupuesto necesario al nuevo Centro Nacional de Identificación Humana, así como a las instancias que participan en este proceso.
“Las fiscalías especializadas en nuestro país no cuentan con los recursos financieros, humanos ni materiales para encontrar a los que nos hacen falta, a pesar de la enorme crisis en la que vivimos”, lamentó la legisladora.