Después de las reformas a la Ley Minera, el Gobierno federal deberá de crear la empresa estatal que gestione el mineral, la cual tendrá que estar libre de corrupción, evitar la burocracia y velar por el bienestar social
Luego de que el pasado 18 de abril Morena y sus aliados se apuntaron una victoria y consiguieron en la Cámara de Diputados reformar la Ley Minera para nacionalizar el litio, queda la duda de si el Estado tendrá la capacidad para explotar y aprovechar el mineral conocido como el “oro blanco”.
Además de sortear la burocracia, crear y blindar de la corrupción al organismo que se encargue de la gestión del mineral, el Gobierno federal deberá de esquivar o pagar una serie de indemnizaciones a las empresas que actualmente cuentan con alguna concesión en la materia.
A pesar de esto, especialistas consideran que con un buen andamiaje institucional, el litio, oficialmente ya propiedad de la nación, podría detonar favorablemente la economía de México.
Durante la semana pasada, la International Chamber of Commerce México (ICC México) alertó que las modificaciones a la Ley Minera sobre el litio son violatorias al Tratado Integral y Progresivo de la Asociación Transpacífico (CPTPP), por sus siglas e inglés), lo cual podría obligar al Gobierno de México a pagar sumas multimillonarias en indemnizaciones
“Resulta preocupante que en la reforma a la Ley Minera no se contempla ningún tipo de excepción a la declaración de utilidad pública, ni refiere qué pasará con las concesiones vigentes. De tal suerte que, de revocarse o dejarse sin efecto las concesiones otorgadas en la materia, el Gobierno de México estaría obligado a indemnizar a los inversionistas conforme al CPTPP y otros instrumentos internacionales vigentes”, anunció la cámara de comercio.
El argumento de la ICC México fue que la reforma impulsada por el partido en el poder viola los artículos 9.12 y 10.7 del CPTPP, los cuales señalan que está prohibido que las partes firmantes modifiquen su marco normativo para introducir restricciones en actividades que se hayan marcado como reservadas.
En el caso de México, en el acuerdo no se específica que la exploración, explotación y aprovechamiento del litio sea exclusiva del Estado.
“ICC México reconoce que el litio, al igual que otros recursos minerales, son patrimonio de la nación, tal como lo consagra el artículo 27 Constitucional. Sin embargo, dicho reconocimiento no debe confundirse con el derecho que tienen los inversionistas mexicanos y extranjeros de participar, a través de concesiones, en actividades económicas relacionadas con la exploración, explotación y producción de recursos minerales”, agregó la organización.
Además del CPTPP y de su Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI), la reforma a la Ley Minera también podría violar APRIs celebrados con Australia, China, y el Reino Unido.
Voces en contra de nacionalizar el litio
Sumada a posibles demandas de empresas internacionales, figuras políticas de oposición alertaron que la reforma podría ocasionar una lluvia de amparos y controversias constitucionales.
El diputado del PAN, Felipe Fernando Macías Olvera, presidente de la Comisión de Justicia, criticó la reforma y explicó que la Constitución señala claramente que en los procesos de extracción de minerales puede haber participación privada y pública, y eso incluye al litio, por lo que una ley secundaria no puede exceder lo que la Carta Magna permite.
“Quieren que una paraestatal como Pemex, que es un lastre, entre específicamente en la exploración y explotación del litio, cuando no hay ni siquiera recursos para crear una empresa, y tenemos una CFE que se ha descuidado totalmente por una mala administración del emblemático líder de la corrupción, Manuel Bartlett”
Después de celebrar con los diputados de su partido y aliados que consiguieron la reforma a la Ley Minera, el presidente Andrés Manuel López Obrador los recibió en Palacio Nacional para felicitarlos.
Horas después, el jefe del Ejecutivo federal anunció que el Gobierno de México se reuniría en los con representantes de Argentina, Chile y Bolivia para intercambiar experiencias sobre el mineral.
“Todo esto va a ayudar mucho a recoger las experiencias y a que podamos definir bien las características de la empresa mexicana que va a manejar lo del litio, sobre los recursos, todo el apoyo de investigación que se necesita, que se requiere.
“Para decirlo con más claridad, tenemos que unir las experiencias que se tienen, que nos van a servir en el caso de México. Hay países donde el litio ya ha sido nacionalizado como es el caso de Bolivia”, agregó.
De acuerdo con el decreto que modifica los artículos 1, 5, 9 y 10 de la Ley Minera, el Ejecutivo federal tendrá 90 días para la creación del organismo público descentralizado que se hará cargo.
Para crearlo, López Obrador dijo que utilizará los recursos que se tienen ya que, según él, hay buena capacidad de recaudación. Sobre el nombre que llevará la empresa que controlará el litio, Morena propuso AMLITIO y LITIOMEX.
Las concesiones vigentes
De acuerdo con información obtenida vía transparencia, el senador de Morena, Alejandro Armenta, informó que
en el país existen 31 concesiones para exploración de litio.
La empresa Bacanora Minerales de origen inglés-canadiense cuenta con cuatro para buscar el mineral en Sonora.
Armenta especificó que de estas cuatro concesiones, tres son para exploración, pero la cuarta es para producción, la única concesión de su tipo en el país.
De las 31 concesiones, la empresa canadiense Organimax Nutient Corp cuenta con 15 proyectos de exploración de litio distribuidos en los estados de Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas, y Coahuila. Además del litio la empresa tiene permitido buscar potasio y boro.
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