Llama la alta comisionada al Gobierno a no escatimar esfuerzos ante abuso de “dimensión extraordinaria”; hasta ahora sólo en 35 casos hay condenas; atribuye falta de castigo a investigaciones inefectivas; ONG denuncian simulación; Índice de Paz señala altas tasas de homicidios por el CJNG
En México sólo hay 35 sentencias condenatorias por las más de 100 mil personas desaparecidas, un prolongado patrón de impunidad, honda preocupación por esta “tragedia humana de enormes proporciones”, además de que el drama puede ser mayor, advirtió la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Sólo 35 de las desapariciones registradas han alcanzado la condena de los perpetradores. Esta abrumadora tasa de impunidad se atribuye principalmente a la falta de investigaciones efectivas. Lo anterior deja solas a las familias de las víctimas, quienes ya están profundamente afectadas por la desaparición de sus seres queridos, con la carga adicional de intentar esclarecer qué les sucedió”, expuso la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
En un posicionamiento público, la funcionaria internacional hizo un llamado a las autoridades mexicanas para redoblar los esfuerzos, con el fin de garantizar la verdad y la justicia a las víctimas de desaparición, que ya superan las 100 mil de acuerdo con datos del Gobierno federal.
Tras considerar el fenómeno de las desapariciones como una “tragedia humana de grandes proporciones”, expuso que “ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria, así como para reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
Ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria
Michelle Bachelet, Alta comisionada de la ONU-DH
De acuerdo con la alta comisionada, alrededor de una cuarta parte de las personas desaparecidas son mujeres, aparte de que la quinta parte son menores de 18 años; mientras que 97 por ciento de las desapariciones ocurrieron desde el inicio del sexenio del expresidente Felipe Calderón; esto es, a partir de diciembre del 2006.
Durante la visita que realizó a México en 2019, Bachelet reconoció la labor de las mujeres y madres buscadoras, además de dar el visto bueno a los avances, como constituyó en ese momento la Ley General de Desapariciones, la creación de mecanismos de búsqueda en todos los estados y, este año, la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, aprobado por el Senado de la República.
Michelle Bachelet llamó al Gobierno de México a que coloque a las familias de las víctimas en el centro de las investigaciones, además de dar recursos y todo el apoyo necesario para los análisis, y pidió que se implementen todas las recomendaciones de la ONU en contra de las desapariciones.
Frente a este flagelo, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, ambos también de la ONU, sostuvieron que las desapariciones reflejan un “patrón crónico de impunidad”.
Cuando alguien desaparece, sus familiares tienen derecho a saber qué ha ocurrido. Conocer el destino es un acto humanitario
Marlene Heirbig, Responsable del programa para personas desaparecidas del CICR
“Más de 100 mil personas desaparecidas registradas oficialmente en México es una tragedia desgarradora. La cifra habla por sí sola y es una advertencia inequívoca”, se destacó en una misiva.
Ambos organismos detectaron que, en muchos casos, las desapariciones no se denuncian, por lo que la magnitud de la tragedia puede ir mucho más allá de lo que se tiene registrado.
Además, expresaron su “profunda preocupación” por el creciente número de desapariciones, así como la impunidad que impera en la problemática.
“Reiteramos nuestra total solidaridad con las víctimas, familiares y organizaciones que las acompañan. Urgimos a México a implementar las recomendaciones contenidas en nuestros respectivos informes para cumplir con sus obligaciones internacionales y atender prioritariamente las demandas de las decenas de miles de familiares y amigos de personas desaparecidas en el país”, señalaron.
Por separado, Guillermo Fernández Maldonado, representante de la ONU Derechos Humanos en México, mostró su reconocimiento y solidaridad con las familias de las personas desaparecidas. “Debemos trabajar con sentido de urgencia en favor de su derecho a la verdad, justicia y reparación”, manifestó en redes sociales.
Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja señaló que la problemática de desapariciones en México evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo e implementando mecanismos de búsqueda.
Marlene Herbig, responsable del programa para personas desaparecidas y sus familiares en México, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), mencionó que la ejecución de acciones de búsqueda inmediata es esencial para encontrar a una persona con vida, ya que las primeras horas son las más importantes.
“Cuando alguien desaparece, sus familiares tienen el derecho a saber qué ha ocurrido. Conocer el destino de las personas desaparecidas es primordialmente un acto humanitario”, remarcó.
Los organismos mostraron su preocupación e hicieron un llamado a las autoridades mexicanas a reforzar esfuerzos para erradicar la desaparición forzada.
Colectivos aseguran que autoridades sólo simulan
Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas aseguraron que las autoridades solo simulan avanzar en la problemática de personas no localizadas, porque no hay interés, recursos o apoyos para las familias.
En entrevista con La Razón, Adriana Bahena, directora de Los Otros Desaparecidos de Iguala dijo que las autoridades tienen una percepción errónea de las familias, ya que piensan que solo desean encontrar a sus familiares, cuando en realidad hay otra preocupación.
“El ciclo no se va a cerrar hasta que no se haga un trabajo de restructuración en las familias porque ya estamos viendo que los hijos se están yendo a los grupos del crimen organizado, por ello el problema no se va a acabar la desaparición de personas, hasta que realmente no se haga algo más. Me toca escuchar a las familias que me dicen en Guerrero que los hijos se les van porque no tienen oportunidades, y ya no saben cómo retenerlos”, explicó.
La activista mencionó que el gobierno federal debe restaurar el tejido social de manera urgente, de lo contrario el tema se va a salir de las manos en pocos meses, como se ha visto con el avance de los grupos delincuenciales en el territorio; además, aseguró que el Gobierno federal sólo simula que busca o hace justicia, cuando en realidad no lo hace, incluso, aclaró que se ha ido dejando de lado el tema de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Es lamentable y preocupante, pero estamos igual, no nos apoyan en Chilapa, no nos buscan hasta que nosotros vamos a hacer presión
José Díaz, Director del colectivo Siempre Vivos en Guerrero
Mientras que José Díaz, director del colectivo Siempre Vivos en Guerrero mencionó que a pesar de la llegada de una nueva administración federal, no hay ningún tipo de cambio en la política en turno a los desaparecidos.
“Es lamentable y preocupante, pero estamos igual, no nos apoyan en Chilapa, no nos buscan hasta que nosotros vamos a hacer presión. Tenemos más de un año que no hacemos búsquedas porque no tenemos dinero, pero acá en la localidad está muy fuerte la violencia y no hay quien nos apoye”, destacó.
Violencia en 8 estados, desatada por el CJNG
Luego de que ocho estados registraron tasas elevadas de homicidio doloso en el 2021, el Índice de Paz México 2022, elaborado por el Instituto para la Economía y La Paz (IEP), consideró que la violencia está vinculada a cambios en el panorama de los crímenes de la delincuencia organizada caracterizados por la expansión territorial y predominante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las entidades afectadas son seis gobernadas por Morena: Zacatecas, Baja California, Colima, Sonora, Morelos y Michoacán, y dos bajo el dominio del PAN: Chihuahua y Guanajuato.
“Las muertes atribuidas a los conflictos de cárteles aumentaron de 669 en 2006 a más de 16 mil en 2020 y, a medida que la violencia causada por los crímenes de la delincuencia organizada se intensificó en partes del país, hubo un aumento marcado en el número de desplazados en 2021”, refiere el reporte. Desde el 2016, más de 117 mil personas fueron desplazadas internamente y 44 mil 905 ocurrieron sólo en el 2021, señala.
La mayoría de estos casos ocurrió en Guerrero, con más de 21 mil 800 desplazamientos, seguido por Chiapas y Michoacán, con más de 14 mil 900 y 12 mil 900, respectivamente.
El informe resalta que la paz en México mejoró un 0.2 por ciento en 2021 y fue el segundo año consecutivo después de cuatro años seguidos de detrimento: “Sin embargo, las tendencias a más largo plazo indican un marcado deterioro de la paz entre 2015 y 2021 en un 17.1 por ciento”
Indica que la tasa de homicidios en el 2021 fue 76.3 por ciento más alta que en el 2015 y, si bien la tendencia de los homicidios ha mejorado en los últimos dos años, éstos se mantuvieron en niveles históricamente altos el año pasado, con 26.6 muertes por cada 100 mil habitantes, o más de 34 mil víctimas, lo que equivale a aproximadamente 94 homicidios por día durante el año pasado.
El índice advierte que el impacto económico de la violencia fue de 4.9 billones de pesos en el 2021, lo que equivale al 20.8 por ciento del PIB.
“Sobre una base per cápita, el impacto económico fue de 38 mil 196 pesos, aproximadamente 2.5 veces el salario mensual promedio”, equipara.
El documento resalta que en el 2021 el Gobierno federal redujo el gasto en seguridad pública y el sistema judicial en 8.5 por ciento y 3.3 por ciento, respectivamente, lo que contribuyó al menor impacto general. Por el contrario, el gasto militar aumentó 14.7 por ciento, a casi 167 mil millones de pesos, el nivel de gasto más alto registrado.
Carlos Juárez, director en México del IEP, dijo a La Razón que identificaron una constante disputa territorial de los grupos de la delincuencia organizada.
Explicó que este hecho está relacionado con algunas reconfiguraciones en los mercados internacionales de droga: “El tráfico de marihuana hacia Estados Unidos del lado de México cayó 90 por ciento en la última década, mientras que el tráfico de fentanilo creció de manera exponencial, 870 por ciento, entre 2016 y 2022; esto habla de un cambio en los mercados”.
Juárez expresó que los grupos delictivos tienen intereses económicos que van diversificándose y esto tendría que considerarse en la política pública de seguridad, así como en el combate a la violencia.
Manifestó que la delincuencia abarca una ocupación territorial, con disputas en varios puntos del país, y están impulsando las conductas violentas como la extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de drogas, entre otras.
“Vemos con preocupación que cada vez se invierte más en Fuerzas Armadas, que subió 31 por ciento este periodo”, dijo.
Sistemas de justicia de 29 estados, en deterioro
Durante el último año se observó el deterioro de los sistemas de justicia, la lucha contra la corrupción y los contrapesos a los gobiernos en 29 entidades federativas.
Así lo deja ver el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, de la organización World Justice Project (WJP), en el que se establece que los únicos estados cuya evaluación no retrocedió en estos indicadores fueron Guanajuato, Nuevo León y Tlaxcala.
En el resto de entidades se observó un debilitamiento en uno o más de los factores, siendo el de “límites al poder gubernamental” el que dio pasos atrás en más de la mitad de los estados, es decir, en 17: Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas.
Entre éstos destaca el caso de Morelos, que registró un deterioro en los contrapesos al Gobierno, justicia penal y civil, y la lucha contra la corrupción, comportamiento que se replicó en el Estado de México e Hidalgo.
No obstante, en combate a la corrupción, la entidad gobernada por Cuauhtémoc Blanco se ubicó al final de la lista, como el estado con menor puntaje: 0.3, en una escala de 0 a 1.0.
El “apego al Estado de derecho”, principio de gobernanza en el que todas las personas, entidades e instituciones cumplen la ley de forma equitativa, justa, eficiente y respetuosa de los derechos humanos, permanece como uno de los grandes retos a superar por todas las entidades.
El informe resalta que ningún estado alcanzó un puntaje superior a 0.5 en su adhesión a este principio.
Los estados que estuvieron más cerca de esta cifra fueron Querétaro, con 0.49; Yucatán, con 0.47, y Guanajuato, Aguascalientes y Sinaloa, con 0.46.
Respecto a los sistemas de justicia penal y civil, mecanismos que constituyen un aspecto esencial para reparar agravios, registraron un deterioro en 24 estados durante el último año.
En la evaluación, destaca que Colima, Hidalgo, Guerrero, Edomex, Morelos y Puebla registraron un deterioro en los sistemas de justicia tanto penal como civil.
Entretanto, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco presentaron caídas respecto al sistema de justicia penal; mientras que Chiapas, CDMX, Durango, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán observaron descenso en el sistema de justicia.
Otro factor, donde se vieron debilitadas a 17 entidades, evalúa el índice de los límites al poder gubernamental, que mide si, en la práctica, los pesos y contrapesos institucionales limitan las acciones de gobernadores, alcaldes y otras autoridades, y los responsabilizan de sus actos. También pondera el papel de contrapesos como la prensa, organizaciones civiles y partidos políticos.
Con información de Daniel Wachauf y Yulia Bonilla