Destinan deuda a pagar pensiones; debía ir a inversión y financiamientos
Diputados del Congreso de Chihuahua le mintieron a un juez para que éste permitiera al Gobierno del Estado adquirir 6 mil millones de pesos más de deuda.
El decreto avalado por los legisladores estableció que los recursos se destinarían al "pago de las obligaciones a cargo del Estado, derivadas de los financiamientos contratados"; el resto iría a inversiones públicas.
Luego de que la asociación civil Despacho de Investigación y Litigio Estratégico (DILE) presentó un juicio de amparo contra el endeudamiento, los legisladores fueron emplazados para que dieran su versión.
Ante el juez primero de distrito de Chihuahua, la priista Laura Enriqueta Domínguez, presidenta de la Comisión Permanente, y Jorge Neaves Chacón, secretario de Servicios Parlamentarios, dijeron que los recursos serían usados para el pago de pensiones de trabajadores al servicio del Estado.
Este argumento llevó al juez a negar a DILE una suspensión definitiva del decreto de bursatilización por el impacto social que tendría.
"Lo grave es que fue con base en esa mentira que el juez negó la suspensión definitiva diciendo que se podría afectar el interés público al dejarse de pagar las cuotas de seguridad social de los trabajadores", explicó Jesús Manuel Soledad Terrazas, abogado y director de DILE.
"Además de falso, sería ilegal que los recursos de la bursatilización fueran usados para el pago de cuotas de seguridad social porque la Constitución prohíbe la contratación de deuda para gasto corriente", indicó.
Destacó que el destino de los recursos fue -y sólo podía haber sido- decidido por los diputados que votaron el decreto de bursatilización.
El 28 de julio, DILE presentó el juicio de amparo en contra de dicho decreto por considerar que viola la prohibición constitucional de que estados y municipios contraten deuda en los últimos tres meses de Gobierno.
Inicialmente, el juez había concedido al Despacho la suspensión provisional del decreto de bursatilización.