Testimonios contra Rosalinda González fueron desechados aquí en el estado
Un juzgador federal en Morelos echó para abajo seis testimonios de tres testigos protegidos en contra de la poderosa empresaria Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, por una pifia en el proceso, por la Fiscalía General de la República.
En el toca penal 24/2022, del pasado 20 de mayo, se lee que el Ministerio Público federal incurrió en una omisión en la sustentación de la causa penal 12//2018, en contra de la mujer, pues nunca hizo la solicitud formal a un juez de control para una audiencia especial que pudiese justificar lo que en el proceso se llama "reserva de identidad".
Lo anterior, relacionado con los testigos protegidos que son quiénes presentan las acusaciones en relación con las operaciones con recursos de procedencia ilícita provenientes del Cártel Jalisco Nueva Generación, de las que supuestamente la acusada es culpable.
Presuntamente, esas actividades se realizaron para la compra de inmuebles y el manejo de empresas, de las que, a decir del señalamiento, son responsables Rosalinda González y su hija Jessica Johanna Oseguera González. Todo ello, según los testimonios que ahora ya no son válidos ni podrán sustentar las imputaciones ministeriales.
Y es que desde abril, en fechas entre el 1° y el 8, un juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Cuernavaca, había determinado ya lo anterior, durante audiencia intermedia.
La Fiscalía se inconformó, pero el pasado 20, el magistrado Fernando Issac Ibarra Gómez, del Primer Tribunal Unitario de Morelos, confirmó que la parte acusadora no ofreció ningún argumento para poder revertir la determinación de inicios de abril anterior.
Rosalina González fue detenida en Jalisco el pasado 16 de noviembre de 2021. Las acusaciones que la vinculan con presuntas operaciones financieras delictivas (uno de los principales motivos del proceso en su contra) estaban fundamentalmente basadas en esos seis timonios de los tres testigos protegidos, que ahora no pueden ya ser utilizados en su contra.
Especialistas consideran que si bien la Fiscalía del país no tiene perdido por completo el caso, debe ahora hallar nuevas formas de comprobar la culpabilidad de la empresaria de 59 años.