Un juez federal ordenó la aprehensión de Simón Pedro de León Mojarro, ex titular de la Unidad de la Coordinación de Delegaciones de la Sedesol en tiempos de Rosario Robles, por una presunta contratación indebida de 124 millones 100 mil pesos en el caso de la llamada Estafa Maestra.
El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente giró el mandamiento de captura el pasado jueves por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, luego de que el ex funcionario fuera citado a audiencia de imputación y no asistiera.
Para el zacatecano, esta es la segunda orden de aprehensión en su contra pues es prófugo de la justicia desde octubre de 2020 por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por un supuesto desvío y blanqueo de 77.8 millones de pesos de un convenio para aplicar encuestas de evaluación de los programas de la Sedesol.
Pero también se trata de un ordenamiento de captura por un asunto que ya había librado bajo reservas de ley en abril de 2020. En aquel entonces, un juez de control del Reclusorio Norte resolvió no vincularlo a proceso por falta de elementos.
Sin embargo, el juez dejó a la Fiscalía General de la República (FGR) la posibilidad de reelaborar la imputación y volver a proceder en su contra, como finalmente sucedió la semana pasada.
El nuevo mandamiento judicial contra De León Mojarro está relacionado con el convenio de coordinación del 5 de marzo de 2015, suscrito entre la Sedesol y la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM).
Su propósito era levantar Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y urbanas con el objetivo de localizar a las personas en situación de pobreza extrema alimentarias en las 32 entidades federativas.
La FGR acusa a De León Mojarro de participar en una contratación indebida porque este convenio fue autorizado sin un estudio de mercado, lo que ocasionó que el Estado no tuviera las mejores condiciones de precio, calidad y financiamiento, causándole una afectación.
Tampoco existió una justificación adecuada del contrato ni se publicaron las bases del mismo en las páginas de internet de la Sedesol y Compranet, como lo marcan las normas administrativas.
Otra de las responsabilidades atribuidas al ex funcionario es no haber verificado que la UIEM carecía de la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios contratados por la Secretaría.
PARA RECORDAR
Con la anuencia u omisión de la ex Secretaria Rosario Robles y la conducción intelectual del ex Oficial Mayor Emilio Zebadúa, un grupo de ex servidores públicos participaron en la maquinación del desfalco de 4 mil 73.3 millones de pesos cometido desde Sedesol y Sedatu en el sexenio de Peña Nieto, a este caso se le conoce como la Estafa Maestra.
- El esquema de desvío de recursos comenzó desde el 15 de febrero de 2013, cuando la Sedesol firmó un convenio por 21.1 millones de pesos con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) para que ésta instalara ventanillas de atención para el programa de adultos mayores.
- A ese convenio se sumaron 24 más, el último firmado el 15 de diciembre de 2016, con otras 12 universidades y tecnológicos, así como tres sistemas de de radio y televisión de los estados de Hidalgo, Quintana Roo y Sonora.
- El propósito de firmar convenios con las universidades y los centros estatales de radio y televisión fue evitar los procesos de licitación e intentar evadir la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
- El artículo 1 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público permite la contratación entre entes públicos siempre y cuando el contratado esté en capacidad de proveer lo solicitado sin subcontratar más del 49 por ciento de los trabajos a realizar.
- Desde que la ASF comenzó a revisar estos convenios advirtió que había irregularidades, porque si bien estaban permitidos por la ley, no se ajustaban a lo establecido en la norma y las universidades no tenían la capacidad técnica ni de personal para cumplir con lo pactado.