Cd. de México (11 agosto 2016).- Tras dos años de resistirse a atender los citatorios, un juez federal ordenó a la PGR localizar al líder del SNTE, Juan Díaz de la Torre, y presentarlo a declarar por la fuerza en el juicio abierto contra Elba Esther Gordillo por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Alejandro Caballero Vértiz, juez sexto de distrito en Procesos Penales Federales, instruyó a la Policía Federal Ministerial de la PGR a localizar y presentar al secretario general del SNTE el 1 de septiembre a las 12:00 horas.
Caballero tomó esta decisión luego de que, el 15 de junio, Díaz de la Torre no compareciera ante el juzgado sin causa justificada y sin previo aviso, indican informes del Poder Judicial de la Federación.
Gordillo ha buscado desde hace dos años la comparecencia del líder sindical para cuestionarlo sobre los manejos financieros del SNTE.
Sin embargo, en todo este tiempo, Díaz de la Torre ha evadido los interrogatorios y litigado contra los citatorios, aunque al final perdió.
El juzgador advirtió que, de no cumplir con esta orden o no informar de un impedimento para presentar al dirigente sindical, impondrá una multa de 30 valores diarios de Unidad de Medida y Actualización, unos 2 mil 191 pesos, al titular de la Policía Federal Ministerial (PFM), Salvador Cano Muñozcano.
La última vez que fue requerido en el proceso de Gordillo -para el 15 de junio-, el dirigente sindical pidió no llevar a cabo la diligencia, porque en esa fecha tenía una actividad previamente programada.
Díaz de la Torre, además, solicitó la deferencia manifestando que tenía la calidad de alto funcionario, pero hasta este argumento rechazó el juez, quien estimó que su cargo no reviste tal carácter.
Previendo que ordenaran el uso de la fuerza pública para hacerlo comparecer, el líder gremial presentó en los últimos días dos nuevos amparos contra la orden de presentación, aunque lo hizo antes de que el juez Caballero emitiera el mandamiento en su contra.
De hecho, con el propósito de no tener cara a cara a Gordillo, Díaz de la Torre pidió a la justicia federal declarar inconstitucional la obligación que tienen los testigos de acudir a un interrogatorio judicial.
A Sandra Leticia Robledo Magaña, juez primero de distrito en Amparo de esta ciudad, le demandó dejar sin efectos los artículos 240 y 242 del Código Federal de Procedimientos Penales, que establecen la obligatoriedad de los testigos para comparecer ante un juez.
A Rosa María Cervantes Mejía, juez décimo segundo de distrito en la misma materia, le pidió suspender la orden de presentación judicial.
En uno y otro amparo, registrados con los números 478/2016 y 657/2016, respectivamente, las juzgadoras rechazaron concederle la suspensión provisional y definitiva, indican los listados judiciales.
Por ahora, sigue en pie la instrucción del juez Caballero para que la PGR lo presente al juzgado.
Díaz de la Torre es una de las personas que tenía el poder de autorizar las transferencias de dinero de las cuentas del SNTE, desde los tiempos de Elba Esther Gordillo.
El proceso 11/2013 iniciado contra la maestra por lavado de dinero y delincuencia organizada, revela que el actual dirigente del magisterio era el titular de una de las rúbricas autorizadas para efectuar los movimientos bancarios desde las cuentas del gremio.
Los otros eran Rafael Ochoa Guzmán, Francisco Arriola Urbina y José Ángel Ibáñez Montes.
Érick Salvador Rodríguez, testigo protegido contra Elba que falleció el año pasado, declaró en este expediente que Gordillo gastaba de 7 a 15 millones de pesos mensuales y que el dinero se lo proporcionaban a través de cheques firmados, entre otros, por Díaz de la Torre.
Rodríguez era el colaborador de confianza de Héctor Hernández, ex tesorero del SNTE e incondicional de la maestra.
En este juicio donde le imputan a la maestra utilizar recursos del sindicato para su beneficio personal, ya acudió a declarar el ex dirigente magisterial Rafael Ochoa Guzmán y María Sanjuana Cerda Franco, ex integrante del Colegiado de Administración y Finanzas del gremio.
Esta última manifestó al juez Alejandro Caballero Vértiz que la triangulación de mil 978 millones de pesos del SNTE en beneficio de Gordillo, son parte de una práctica legal autorizada para hacer pagos.
"No existe ninguna (disposición estatutaria) que lo impida y por lo tanto está permitido como una práctica para hacer pagos", declaró.