A conducirse con legalidad para evitar ser objeto de algún tipo de sanción política, económica penal, civil o administrativamente fue el exhorto que hizo el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui a todos los servidores públicos de la comuna capitalina.
Lo anterior, tras la condena que por dos años de prisión y la reparación del daño financiero por más de 37 millones de pesos que le mandató el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado en contra del ex alcalde priista Rogelio Sánchez Gatica tras considerarlo culpable por el delito de peculado.
Sin embargo, el munícipe José Luis Urióstegui Salgado reconoció que esta sentencia contra el ex alcalde no es un fallo definitivo y por lo tanto aún puede solicitar la protección del amparo, pero la determinación de los magistrados del Poder Judicial de Morelos es un ejemplo para todos las autoridades y servidores públicos para que se conduzca con la legalidad y enmarcado en la Ley.
Por ello, reiteró el llamado a todos los servidores públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca para que tras ese fallo quede como ejemplo y se conduzcan con legalidad o de lo contrario podría haber sanciones de diversos tipos.
AL ser cuestionado respecto de la situación de Rogelio Sánchez Gatica, el titular del poder Ejecutivo municipal sostuvo que “los tribunales tienen las facultades para poder realizar las investigaciones y determinar si hay elementos o no para sancionarlos penal, civil, política, económica o administrativamente”.
Quien fuera presidente de la Barra de Abogados del Estado, Urióstegui Salgado dejó en claro que lo de Sánchez Gatica no es una resolución definitiva y por ello todavía puede solicitar el amparo, aunque esta decisión de los magistrados del Poder Judicial es un ejemplo de lo que puede pasarle a todos los servidores públicos que incurran en actos ilícitos.
Cabe señalar que los magistrados determinaron señalar como penalmente responsables a Rogelio Sánchez Gatica así como a su tesorera Alma Graciela Domínguez Torres por el delito de peculado, a la que se le suma la inhabilitación en el servicio público por al menos dos años.
Dicha acción del TSJ se debe a que, el 29 de noviembre del año 2011 firmo el contrato de apertura de crédito del Ayuntamiento con Bancomer por la cantidad de 300 millones de pesos en el periodo comprendido de síndico Rogelio Sánchez Gatica junto con Alma Graciela Domínguez Torres, quienes distrajeron la cantidad de 157 millones 309 mil 356 pesos que se utilizaron para los dispositivos de seguridad (token) en fecha 28 de marzo del 2012.