En un reporte del Servicio Legislativo de Información (CRS, por sus siglas en inglés) al Congreso de Estados Unidos se reprochó la falta de acción del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el crimen organizado y los cárteles de la droga.
Según el documento México: Crimen Organizado y Organizaciones de Tráfico de Drogas, el Mandatario mexicano ha evitado operaciones policiales a gran escala y de manera consistente contra los cárteles de la droga, que desde 2018 ampliaron significativamente su papel en la producción y tráfico de opioides sintéticos, como el fentanilo, hacia Estados Unidos.
En el reporte se describe que el Jefe del Ejecutivo ha logrado poco de sus objetivos en materia de justicia penal y contra la corrupción, además de que su estrategia militarizada a través del despliegue de la Guardia Nacional no ha debilitado de manera efectiva a los grupos criminales.
“Elegido en 2018, López Obrador ha abogado por políticas que se centren en las causas del crimen, pero su gobierno no ha llevado a cabo operaciones antinarcóticos de manera consistente.
“Dijo que no emprendería una guerra contra los grupos criminales, pero que apuntaría a las condiciones sociales que permiten que los grupos criminales prosperen, una estrategia que resumió como ‘abrazos, no balazos’. Luego de tres años en el cargo, a enero de 2022, López Obrador ha evitado acciones policiales a gran escala contra los cárteles y la cooperación legal entre Estados Unidos y México ha disminuido”.
Detalla que “continuó con la estrategia de seguridad militarizada de las dos administraciones anteriores a él. La Guardia Nacional, que el presidente López Obrador comenzó a desplegar a mediados de 2019, ha tenido menos denuncias de abuso que las Fuerzas Armadas del gobierno anterior de [Enrique] Peña Nieto, pero la estrategia militarizada para combatir las TCO [Organizaciones Criminales Transnacionales, por sus siglas en inglés] no ha debilitado efectivamente a los grupos criminales”.
El documento, con base en distintas fuentes de información, advierte de nueve grupos criminales importantes que operan actualmente en el país, que se han fragmentado y diversificado, cuya violencia “sigue siendo difícil de reprimir, a pesar de años de esfuerzo” conjunto entre autoridades mexicanas y estadounidenses para contenerla.
Se trata de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Golfo, Tijuana, Juárez, Los Zetas del Noreste, de los Beltrán Leyva, La Familia Michoacana y Los Rojos.
“La fragmentación de los grupos criminales de México continuó durante los primeros dos años de la pandemia de Covid-19, posiblemente debido a una mayor competencia dentro del cártel. Sin embargo, los grupos más grandes, como el CJNG, lograron consolidar su expansión en todo México”, indica.
El informe afirma que el aumento de la violencia en México coincide con una transición de las organizaciones criminales a la producción de drogas sintéticas y el tráfico, incluidos tanto el fentanilo como la metanfetamina.
Añade: “La violencia se ha extendido desde la frontera con Estados Unidos hacia el interior de México. Ha estallado en los estados del Pacífico, como Michoacán y Guerrero; en los estados centrales de Guanajuato, Zacatecas, Morelos y Colima, y en los estados fronterizos del norte, Tamaulipas, Chihuahua y Baja California, donde se encuentran las ciudades fronterizas más grandes de México”.
Menciona que el Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene una cruenta disputa con el Cártel de Sinaloa en los estados de Baja California, Sonora, Zacatecas y Quintana Roo, y con Los Viagras en Michoacán, Guanajuato y parte del Estado de México.
Asimismo, refiere que el CJNG, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, pelea con Los Zetas y el Cártel del Golfo en estados del noroeste, como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.
El documento concluye que la continua revelación de corrupción de alto nivel en México, vinculada a los grupos criminales y su aparente control del territorio nacional, demuestra que éstos se encuentran más arraigados que nunca.
“Además, en 2022, la cooperación entre Estados Unidos y México en materia de aplicación de la ley sigue siendo más débil que en los 15 años anteriores”.