Tras el oficio de la Secretaría de Energía (Sener) que instruye a condicionar el uso de gasoductos a empresas que tengan contratos de suministro con CFE y Pemex, especialistas previeron una ola de amparos, ya que la medida viola las leyes y la Constitución.
"Esta política pudiera estar llena de amparos", señaló Marco Cota, de Grupo Talanza.
"En la misma reforma energética y en la Constitución", explicó el consultor de energía, "se establecen principios de competencia, libre acceso y no discriminatorio y esta instrucción claramente viola todos esos preceptos".
El especialista previó que la "lluvia de amparos" pueda ser similar a otros cambios impulsados por la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, que provocó más de 250 amparos.
En la mañanera de ayer, AMLO admitió que el Consejo Mexicano de Negocios le expresó su preocupación ante la compra forzada de gas durante una comida privada el jueves en el museo Kaluz, donde también asistieron integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
"Se acordó que va a abrirse una mesa de diálogo y buscar una solución", manifestó el Presidente López Obrador.
Grupo REFORMA reveló el jueves que Rocío Nahle, titular de la Sener, envió el lunes el oficio a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y al Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas).
El documento borra el mercado de comercialización del gas natural porque busca obligar a grandes consumidores a comprarlo a CFE o a Pemex.
"Están cambiando las reglas de una manera totalmente ilegal", afirmó Rosanety Barrios, especialista energética.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) también alertó que la Sener atenta contra el Estado de derecho.
"Pone en riesgo la certidumbre jurídica en el sector en un momento en que los inversionistas nacionales y extranjeros cuestionan las decisiones de política energética", resaltó el IMCO.
La Ley de Hidrocarburos establece que el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas) será operado por Cenagas, que debe garantizar a los permisionarios acceso abierto a ductos, sin discriminación.
De acuerdo con la CRE, al cierre del año 2021 había 162 permisos de comercialización y 306 de distribución vigentes, mismos que podrían verse afectados, además de los usuarios finales, entre los cuales están industrias y generadores privados de energía.