Parecía un acto protocolario, la celebración de un hito en México, la apertura de instalaciones y archivos militares a la Comisión que investiga la Guerra Sucia. El Gobierno había convocado a la prensa en el Campo Militar Número uno, que comparten la capital y el Estado de México, una ciudad dentro de otra. La idea era celebrar el cambio de paradigma, la transparencia de las Fuerzas Armadas. Y así ha empezado hasta que, de repente, el ambiente se ha enrarecido.
Después de los discursos de víctimas, familiares y del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, el general Luis Crescencio Sandoval, jefe del Ejército, ha tomado a palabra. Lejos del tono de los anteriores, Sandoval ha adoptado un discurso que reivindicaba a las Fuerzas Armadas, incluso durante la Guerra Sucia, las casi tres décadas de represión orquestada desde el Estado, ejecutada en buena parte por el mismo Ejército.
“Se encuentran presentes militares y familiares que fueron afectados por los hechos ocurridos en aquel entonces”, ha dicho el secretario. “Con orgullo les expreso que López Obrador autorizó a inscribir los nombres de militares fallecidos con motivos de los hechos del pasado en el monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas, como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aun a costa de su vida”, ha añadido.
Ha sido prácticamente el final de su intervención, abucheada por familiares y sobrevivientes de la represión estatal, que han elevado sus pancartas y ensayado un canto gritado mil veces: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Desde la tribuna, Micaela Cabañas, hija del líder guerrillero asesinado Lucio Cabañas, registraba lo que ocurría con su celular. Minutos antes, Cabañas había contado cómo ella y su madre estuvieron detenidas allí mismo, en el campo militar, hace 48 años. Cómo violaron y torturaron a su madre: “Ella me decía que los militares me tomaban de un pie y me ponían una pistola en la cabeza. ‘Dinos donde está Lucio, dinos’, decían”. Micaela Cabañas tenía entonces dos meses y su madre, 14 años.
El tono de Sandoval ha sorprendido y enfadado a las víctimas y sus familias, que han sufrido la ignorancia del Estado durante décadas. La Comisión, creada por voluntad del presidente, Andrés Manuel López Obrador, supone para ellos la última oportunidad de que se haga justicia, de conocer el contenido de archivos de la época, de ubicar los espacios por donde pudieron pasar los suyos durante la represión.
Alicia de los Ríos, hija de una mujer desaparecida en la década de 1970, ha escuchado el discurso del jefe militar también desde la tribuna. Su intervención ha precedido la del general. En entrevista con EL PAÍS al acabar el evento, la mujer ha señalado su enfado por el intento de Sandoval de igualar a las víctimas militares con las de la contrainsurgencia. “Ellos iban a combatir civiles, querían exterminarlos. Su actuar no era defensivo, era tendente al exterminio, lo cual nos diferencia”, ha argumentado.
De los Ríos ha añadido: “Si su propósito es inscribir en la historia dorada patriótica a los soldados caídos, la nuestra por la verdad y la justicia”. Para la mujer, “las tensiones continúan porque es un conflicto vivo. Viendo todo el evento… Lo de Sandoval es un reflejo de las tensiones no resueltas, las demandas no resueltas. Estamos intentando romper inercias. Es lo que hemos visto hoy, una inercia, una resistencia a aceptar a nuestros familiares opositores como protagonistas de la historia”.
Una buena noticia
Más allá del discurso de Sandoval, el evento ilustra una buena noticia: la apertura de archivos e instalaciones militares para el escrutinio de los expertos de la Comisión de la verdad. Como ha dicho López Obrador en su intervención, posterior a la del general secretario, “es un acto de esperanza, un acto para buscar entre todos cerrar una etapa, una historia negra de sufrimiento, de represión”.
Antes que el mandatario, el subsecretario Encinas ha intentado describir la magnitud del aparato represivo. “En este lugar, en junio de hace 46 años, se instaló una de las organizaciones represivas más temidas de este país, la Brigada Blanca, integrada por Dirección Federal de Seguridad, Policía Judicial Federal, la policía del Distrito Federal y la Policía Militar. Desde aquí, hace 51 años se implementó el Plan Telaraña, para desarticular las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Rojas. Desde Lomas de Sotelo (así se conoce al cuartel general del Ejército) se emitió un telegrama a Chilpancingo, ordenando hostigar, capturar o exterminar a las guerrillas que actuaron en esa región”, ha dicho.
En entrevista con este diario, Aleida García, integrante de la Comisión, detalla los caminos a explorar en los próximos meses. “Junto con la Comisión Nacional de Búsqueda haremos reconocimiento de algunos sitios, señalados por sobrevivientes como lugares de detención, donde estuvieron personas desaparecidas, el Campo Militar Número Uno, Pie de la Cuesta en Guerrero… Uno de los objetivos es identificar los espacios donde pudo haber detenidos. Sobrevivientes hablan de sótanos, por ejemplo… Ese reconocimiento se va a hacer junto a ellos”, explica.
Otro de los caminos es la búsqueda documental. “Hay una lista de posibles fondos documentales”, añade la experta, “el equipo técnico identificó algunos: el archivo del Estado Mayor Presidencial, el archivo del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Segundo Batallón de Policía Militar, el del batallón de Fusileros paracaidistas y también de algunas zonas militares, además de lo que está concentrado aquí en Ciudad de México”.
Para Camilo Vicente Ovalle, parte del equipo técnico que menciona García y uno de los mayores conocedores de la represión en Guerrero, “la apertura es importante, nunca había sucedido. Y que el inicio sea en el Campo Militar Número Uno es relevante”, defiende.
“Una de las grandes tareas pendientes es cuantificar el número de personas que pudieron haber pasado por allí, sujetas de desaparición transitoria”, dice en referencia a la instalación militar. “Fíjate, solo en el caso de Guerrero, se identificó 205 o 206 personas sobrevivientes que pasaron por alguna de las instalaciones de fuerzas de seguridad civiles o militares”.