La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido una dura recomendación contra la Secretaría de la Defensa Nacional por la muerte de un soldado a quien enterraron vivo en una maniobra de entrenamiento. La dependencia exige al Ejército que la familia de la víctima reciba una indemnización y se le garantice la atención psicológica de forma gratuita. Además, la CNDH da un plazo de tres meses para que la Sedena imparta un curso de derechos humanos a los integrantes del centro de las fuerzas especiales del Estado de México y de Baja California.
El 24 de noviembre de 2020, en Laguna Salada, el Subcentro de Adiestramiento de Operaciones en el Desierto, situado en Mexicali, se llevaba a cabo una instrucción con 38 sargentos. El entrenamiento de ese día consistía en construir búnkeres en una posición defensiva. A las 15.00 el programa había terminado. El coordinador del curso dio la orden de “sanitizar” el terreno y tapar los agujeros, y se alejó de las instalaciones. En esos momentos, uno de los oficiales al mando ordenó a un soldado, que estaba preparando su maleta, que se metiera en el búnker 8. Los testigos recuerdan que le empezó a “aventar tierra” hasta que lo sepultó por completo. Más tarde, otro oficial dio la misma instrucción a otros cuatro soldados “a manera de castigo”.
La tierra cubrió hasta la cabeza a los militares. Su superior caminó por encima de ellos, lo que provocó presión en la arena, que quedó más compacta. Dio la orden: “Salgan cómo puedan, por su cuenta”. Sin embargo, según las evidencias y testimonios recopilados por la CNDH, por “el peso de la tierra y porque entre ellos se empujaban” los soldados no lograban salir. “Las autoridades responsables empezaron a tomar fotografías riéndose de lo que estaba ocurriendo”, recoge el documento, que añade que “este tipo de prácticas eran recurrentes y las realizaban cada vez que el coordinador se alejaba del lugar”.
Los militares tuvieron que ser auxiliados por compañeros que estaban fuera del búnker. Todos menos uno de ellos. “No se percataron de que la víctima mortal quedó al interior”, se lee en la recomendación. Un tiempo más tarde, uno de los soldados enterrados se da cuenta de que ha perdido el cargador del celular en el búnker. Al volver a sacar arena del agujero, los sargentos encuentran inconsciente al primer soldado. Avisan a sus superiores y a las 17.45 es trasladado al hospital militar. Llega sin signos vitales.
La necropsia establece como causa de la muerte “asfixia por obstrucción de vías respiratorias altas”. El forense emite en su dictamen: “Se localizan cantidades excesivas de arena en los ojos, nariz, boca y laringe”. El médico también señala que “era prácticamente imposible que dicha obstrucción hubiese sido provocada de manera accidental o voluntaria y más bien se orienta al homicidio”.
Ese mismo día, la Sedena llama la familia del fallecido —de quien no ha trascendido su nombre ni edad ni procedencia— para informales de que había muerto sin especificar las causas. Al conocer el informe de la autopsia, la familia solicita la intervención de la CNDH el 2 de diciembre de 2020 para aclarar los hechos.
La presión de la Comisión Nacional obliga a la Sedena a comenzar un proceso judicial militar. Casi un año más tarde el juzgado ordena prisión preventiva para los dos oficiales que obligaron a los soldados a enterrarse y grabaron los hechos. Uno de ellos está en la cárcel desde el 23 de octubre de 2021, y el otro se encuentra prófugo. La CNDH también pide determinar la responsabilidad de los dos coordinadores, que aunque no presenciaron los hechos estaban a cargo del cuidado de los soldados.
Mientras la investigación continúa, la CNDH ha pedido revisar la práctica llamada “entierro momentáneo de clases de instrucción”, que se considera habitual entre los militares, para que este tipo de muertes no vuelvas a repetirse. Las Fuerzas Armadas mexicanas acumularon, entre 2019 y 2021, más de 1.600 quejas por posibles violaciones a los derechos humanos, según cifras de la CNDH.