Ante el avance de las investigaciones contra Alejandro Moreno, diputado y dirigente nacional del PRI, acusado de lavado de dinero, evasión fiscal y peculado, entre otros delitos, Morena tomaría el camino del desafuero para que pueda ponerlo a disposición del Ministerio Público.
Las investigaciones de la Fiscalía de Campeche y de la Fiscalía General de la República (FGR) tendrían que culminar en una petición a la Cámara de Diputados de declaración de procedencia del ejercicio de acción penal.
Para ello, la petición tendría que presentarse en la Secretaría General de la Cámara, y ésta ser enviada a la Sección Instructora, comisión especial de trabajo que resuelve exclusivamente los casos de desafuero que formulan las fiscalías.
Una vez recibida la petición, la Sección debe rendir su dictamen en un plazo de 60 días hábiles, salvo que fuese necesario disponer de más tiempo.
En ese lapso se abren etapas para la recepción de pruebas y los alegatos del inculpado.
En caso de que Morena no tratara de excluir a los grupos de Oposición en la Sección Instructora, Moreno podría beneficiarse de un empate cuando fuera tratado su caso.
En la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se precisa que la Sección se integra con cuatro diputados.
Es usual que la representación en la misma sea similar al porcentaje que tiene cada bancada, por lo que podría haber dos integrantes de Morena, por tener 200 diputados; uno del PAN, por 113; y uno el PRI, por 70.
Esto llevaría a que las decisiones de la Sección tuvieran que ser negociadas, a fin de que haya acuerdos en los procedimientos.
De haber disensos, es probable que PAN y PRI se unieran, como parte de la coalición Va por México, provocando empates en las propuestas que se pongan a discusión, sin que salgan adelante.
Este escenario aplica si Morena no excluye a la Oposición y da el espacio al PT para asegurar la mayoría de tres legisladores, como ya ocurrió en la pasada Legislatura en la que se dejó fuera al PAN para evitar los casos de empate en la Sección Instructora.
La ley señala que la Sección practicará todas las diligencias conducentes para determinar la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita.
Concluida esta averiguación, la Sección dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado.
Si a juicio de la Sección Instructora la imputación fuese notoriamente improcedente, lo haría saber de inmediato a la Mesa Directiva de la Cámara, para que ésta resuelva si se continúa o desecha, sin perjuicio de reanudar el procedimiento si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen.
En caso de que se determine que sí hay elementos, el pleno de la Cámara debe sesionar y declarar que hay lugar para proceder contra el inculpado, quien quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes.
Sin embargo, se puede dar también el caso de que el dictamen se vote en negativo y se determine que no habrá lugar a procedimiento penal mientras subsista el fuero, pero tal declaración no será obstáculo para que el proceso continúe cuando el funcionario haya concluido su encargo.