Ya fueron despedidos los tres mil 360 profesores del país que no se sometieron a la evaluación docente, y no tienen derecho a beneficio económico, aseguró la Secretaría de Educación Pública (SEP). “Al ser la evaluación una obligación, quien no se presente después de haber sido convocado se separa del servicio sin ninguna consecuencia para el Estado, es decir, no hay ninguna liquidación. Así es como lo marca la ley”, explicó el titular de la dependencia, Aurelio Nuño Mayer. El artículo 74 de la Ley General del Servicio Profesional Docente expone que “el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 69 de la presente ley, dará lugar a la terminación de los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado, y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del interesado de impugnar la resolución respectiva ante las instancias jurisdiccionales que correspondan”
