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La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado este martes que “mantiene” abiertas tres investigaciones contra el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018). “El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL”, ha detallado la dependencia en un comunicado. El segundo parte de una denuncia de las “autoridades hacendarias” por presuntos delitos de “lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales”. El tercero es por un posible asunto de “enriquecimiento ilícito”.
Sin dar más detalle, la Fiscalía ha añadido que “conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”. La agencia investigadora ha aclarado que todavía no ha presentado ninguno de los tres casos ante el juez. Tampoco ha informado del tiempo que podría tardar en hacerlo. Una vez ocurra, y en caso de que así lo solicite la propia Fiscalía, el juez podría ordenar la detención de Peña Nieto e incluso su entrada en prisión. La ley mexicana prevé que una de las medidas cautelares para los acusados de cometer delitos de enriquecimiento ilícito es la prisión preventiva.
Aumenta así la presión sobre Peña Nieto, afincado en España desde hace al menos un par de años, gracias a la concesión de un visado dorado dirigido a inversores, según adelantó EL PAÍS. Olvidado durante los primeros años del actual sexenio, el Gobierno y la FGR cierran ahora la pinza sobre el exmandatario del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Hasta hace unos meses, pocos en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador señalaban al último Gobierno del PRI, menos a Peña Nieto. Tampoco la FGR, centrada en el director de Pemex durante la mayor parte de su mandato, Emilio Lozoya, pieza central del escándalo de sobornos vinculado a la constructora Odebrecht.
Pero en los últimos meses algo ha cambiado. La relación del Gobierno con el PRI se ha tensado, situación que coincide con la discusión de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), empeño de López Obrador. Ideada para limitar la participación de la iniciativa privada en el sector energético, la bancada en el PRI en el Congreso se mostró en contra, provocando la ira de López Obrador. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, envuelto a su vez en varios escándalos por la divulgación anónima de llamadas telefónicas, ha acusado amenazas por oponerse a la reforma de López Obrador.
El cambio de actitud del Gobierno hacia el PRI empezó con Moreno pero se ha intensificado con Peña Nieto. Hace tres semanas, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) informaba de la denuncia que había presentado contra el expresidente por obtener más de 26 millones de pesos, un poco más de un millón de dólares, de un esquema transferencias irregulares desde el extranjero.
Invitado en julio a la conferencia de prensa del presidente López Obrador, el titular de la UIF, Pablo Gómez, explicó que habían detectado “un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”. El dinero entraba a una cuenta de un familiar de Peña Nieto y después era depositado en otra cuenta a nombre del exmandatario. “Dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”, afirmó entonces Gómez. Parece claro que al menos una de las tres denuncias tiene que ver con este asunto.
Otro apunta al escándalo de la constructora española OHL y su filial en México. En 2015, fuentes anónimas colgaron en internet varias llamadas entre empleados de la firma, en las que hablaban de un presunto amaño para incrementar los peajes en el Viaducto Bicentenario, una de las grandes obras del Estado de México en el último cuarto de siglo. Peña Nieto gobernó la región entre 2006 y 2011. Durante su mandato, el escándalo salpicó a su secretario de comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, ya fallecido.
A lo largo de los años, diferentes actores, entre políticos y abogados, han señalado corruptelas que apuntan a la relación entre OHL y el Estado de México. En 2017, el abogado Paulo Díez Gargari, azote de OHL, presentó por ejemplo cuatro denuncias por presuntos actos de corrupción contra trabajadores de la firma y exdirigentes del PRI en el Estado de México. Entre los políticos acusados estaban Peña Nieto, el canciller y exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray y el propio Ruiz Esparza.
El nombre de Peña Nieto ha aparecido también en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht. Armado sobre las declaraciones de Emilio Lozoya y otros testigos, la FGR piensa que Peña Nieto habría participado en una red de repartición de sobornos a diferentes políticos, del PRI y el conservador Acción Nacional, para la aprobación de su propia reforma energética, diseñada para privilegiar la inversión extranjera. El actual Gobierno defiende que los verdaderos objetivos de aquella reforma “fueron el despojo, la desaparición de las empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado”.
El anuncio de este martes de la FGR ocurre a menos de un año de las elecciones en el Estado de México, último bastión del PRI en el centro del país, tras la pérdida de Hidalgo este año. La región más poblada y con más presupuesto de todo el país, el Estado de México aparece en el horizonte como el último y más codiciado objetivo electoral de Morena, partido de López Obrador, que a punto estuvo de ganar en 2017, con Delfina Gómez como candidata, actual secretaría de Educación federal. Alfredo Del Mazo, primo de Peña Nieto, se impuso entonces por un pequeño margen.