“Busquen refugio hasta nuevo aviso”. Esa fue la recomendación para el personal del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara tras la noche de terror que desató el intento de captura de un líder regional del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La alerta de seguridad fue emitida a última hora del martes, en medio de los narcobloqueos y la contraofensiva de la organización criminal contra el Ejército mexicano en los Estados de Jalisco y Guanajuato. Apenas unas horas antes, el embajador estadounidense Ken Salazar visitó Colima, que hace cinco meses también estuvo bajo asedio del CJNG por el arresto de dos mandos y está catalogada como una de las cinco entidades más peligrosas de México, de acuerdo con el monitoreo de Washington sobre la violencia criminal.
El choque entre los militares y miembros del Cartel Jalisco ha dejado cinco detenidos y un supuesto delincuente muerto, de acuerdo con el saldo que dio el gobernador, Enrique Alfaro, este miércoles. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que las imágenes de bloqueos de carreteras, tiroteos y quema de vehículos fueron la respuesta del grupo delictivo a un operativo del Ejército en medio de un cónclave de dos bandas criminales. Los cuerpos de seguridad se mantuvieron desplegados por varias horas hasta que pudieron restablecer el control. Para el mediodía, el Consulado estadounidense retiró la alerta de seguridad, aunque señaló que “seguía monitoreando de cerca la situación”.
El primer destino turístico de los estadounidenses en 2021 sigue pintado de rojo por Washington. La Casa Blanca mantiene restricciones de viaje para 30 de los 32 Estados de México. El Gobierno de Joe Biden pide a sus ciudadanos que reconsideren sus viajes a Jalisco y Guanajuato. “En Guadalajara [capital de Jalisco], las batallas por el territorio entre grupos criminales se libran en zonas turísticas. Tiroteos entre grupos han lesionado y matado a espectadores inocentes”, se lee en la página de la Embajada. En el caso de Colima, la recomendación general es no viajar porque la violencia es “generalizada”, junto a entidades como Guerrero, Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas. “Crímenes violentos como homicidios, secuestros, robo de vehículos y asaltos son comunes y están ampliamente extendidos”, diagnostica Estados Unidos sobre la situación de seguridad en el país latinoamericano.
En el terreno, las declaraciones son más amables. Salazar se reunió con la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, del partido de Andrés Manuel López Obrador, y le tendió la mano: “A ver cómo podemos ayudar”. Dijo que se sentía optimista porque ha habido avances en el combate binacional al crimen y pidió que se intensificaran las extradiciones de acusados y delincuentes. “Nosotros los queremos en Estados Unidos, que nos los manden lo más pronto que se pueda”, comentó el embajador y agregó, en comentarios recogidos por la revista Proceso, que esa es una manera “muy efectiva para tener impacto en esta delincuencia”. En esa lista, el nombre que ocupa el primer lugar es el del narcotraficante Rafael Caro Quintero, detenido hace un par de semanas y acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en los ochenta.
El asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Chihuahua, en el norte del país, el pasado 20 de junio también provocó ruido en Washington. Un grupo de 24 congresistas demócratas mandó una carta la semana pasada a Biden en la que se lamentaba la “violencia rampante” y “el derramamiento de sangre sin sentido” en México y en la que urgían al Ejecutivo a colaborar con la Administración de López Obrador para castigar a los responsables. Los detenidos por el homicidio pertenecen a Los Salazar, una facción del Cartel de Sinaloa. De todas formas, el CJNG difundió a principios del mes pasado un video en el que exhortaba a los jefes de la droga: “Invitarlos a que la guerra sea entre nosotros y no meternos con quien no nos debemos meter”.
Dos semanas antes de la polémica de los jesuitas asesinados, el Congreso estadounidense destacó en un informe que el acontecimiento más significativo en el ecosistema criminal de México ha sido la emergencia del CJNG y su batalla con el Cartel de Sinaloa, el grupo históricamente dominante. El grupo delictivo, centrado en el tráfico de drogas sintéticas, tiene sus bastiones por el occidente de México, la zona que ha sido puesta bajo el foco por los enfrentamientos de esta semana, según un mapa en ese reporte. El Cartel Jalisco está en disputa con los Zetas por la región del golfo de México; ha ido contra grupos locales para controlar Michoacán, el Estado de México y Oaxaca, y se disputa el territorio turístico de Quintana Roo con los del Sinaloa. Tras criticar la política de “Abrazos, no balazos”, el informe del Legislativo lamenta que la cooperación con agencias estadounidenses en temas de seguridad ha disminuido.
La visita de López Obrador a Washington a mediados de julio parece haber dado impulso a la colaboración bilateral con la captura de capos como Caro Quintero y sendos golpes al cartel de Sinaloa en el centro de México, entre ellos el mayor decomiso de cocaína en la historia de la capital. El analista Andrew Selee no cree que los acontecimientos recientes se traduzcan automáticamente en más presión sobre el Gobierno mexicano, pero sí nota que hay un esfuerzo en ambos lados de la frontera para lograr un mayor entendimiento y recuperar el intercambio de inteligencia. “Esto permite dar golpes a algunas de las redes criminales que más preocupan”, dice el presidente del Migration Policy Institute.
Mientras tanto, la DEA mantiene en la mira a los capos mexicanos de la droga y tiene como objetivos prioritarios, en la lista de los fugitivos más buscados, a Nemesio Oseguera El Mencho, del CJNG, y a Ismael El Mayo Zambada, jefe histórico de Sinaloa. Más allá de las tensiones políticas y diplomáticas, el reto es mayúsculo. En este último intento de arrestar a un líder local del Cartel Jalisco se bloquearon caminos, se robaron decenas de vehículos y fueron quemadas 25 tiendas de conveniencia, según la cadena Oxxo, tan solo en Guanajuato.