Una lavadora mal instalada fue clave para visualizar al cártel inmobiliario de Ciudad de México, el escándalo desatado por supuestos sobornos en el mercado de la construcción en la alcaldía Benito Juárez durante más de 15 años. Por este caso hay, hasta el momento, un exfuncionario detenido, otro con pedido de localización, 42 propiedades confiscadas y una decena de políticos bajo investigación.
El 16 de agosto del año pasado, un vecino del sur de la capital sufrió la explosión del electrodoméstico que, por estar mal conectado, había acumulado gas durante más de cinco horas. El equipo estalló por los aires destrozando la fachada completa del edificio. En aquella tragedia murió una persona y otras 29 resultaron heridas. La Fiscalía de la ciudad tomó las denuncias de los vecinos afectados, que se quejaron de que la construcción estaba plagada de fallas. Se empezó entonces a indagar a la empresa constructora. Para dar parte a los dueños de los departamentos, las autoridades solicitaron la lista de los propietarios, en la que apareció el nombre de un exfuncionario local a quien el Ministerio Público venía investigando. Nicias Aridjis Vázquez, exdirector de Obras de la alcaldía Benito Juárez, que las autoridades creen que operó entre 2006 y 2018, tenía dos departamentos que no había declarado cuando ocupaba su cargo.
Aquella pequeña pista fue la punta de un iceberg cuyas dimensiones aún no terminan de conocerse. Cuando la Fiscalía comenzó a investigar lo que había sucedido con la explosión, Aridjis puso los departamentos de ese edificio a nombre de su esposa. Un gesto que dio paso a que las autoridades siguieran tirando del hilo. Con el nombre de la pareja del exfuncionario comenzaron a desentrañar un intrincado esquema de empresas y sociedades. Lejos de ser un entramado solo familiar, los hilos llevaron a otros exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez, gobernada desde hace 22 años por el Partido Acción Nacional (PAN).
La teoría del Ministerio Público, según ha explicado la Fiscalía en conferencia de prensa, es que un grupo de funcionarios recibió de varias empresas constructoras sobornos en forma de propiedades, a cambio de obtener permisos de construcción que en algunos casos eran ilegales. Hasta el momento han podido vincular al entramado 42 inmuebles, que fueron cateados en los últimos días, y una decena de empresas que manejaban millones de pesos al mes, entre ellas, una cadena de spa y otra de pizzerías. Además, la agencia investigadora ha detenido por enriquecimiento ilícito a Luis Vizcaíno, exdirector jurídico y de Gobierno de la alcaldía entre 2009 y 2016, y busca al exdirector de Obra Pública Aridjis, que permanece en paradero desconocido.
El escándalo salpica a la cúspide del partido conservador en la ciudad, concretamente a un grupo que se autodenominaba Los Ocean. Pasando por alto la referencia cinematográfica, Los Ocean eran un clan dentro del PAN, fundado por el actual diputado Jorge Romero, coordinador de la bancada de esta formación en el Congreso. El grupo solía juntarse en una antigua marisquería del mismo nombre ubicada en un acomodado barrio del sur de la capital. La agrupación, de donde salieron varios actuales funcionarios, escaló rápidamente dentro de la estructura partidaria de la ciudad y muchos pasaron a formar parte del Gobierno de la Benito Juárez, que con el tiempo se volvió su sede de operaciones.
Con Los Ocean en el Gobierno, la alcaldía Benito Juárez vivió un boom inmobiliario que llamaba la atención en una ciudad en la que el mercado de la vivienda no se detiene. César Cravioto, quien fue titular del Comisionado para la Reconstrucción de Ciudad de México después del sismo de 2017, recuerda que cuando llegó al cargo encontró un escenario en el que se usaban masivamente las normas de construcción “de manera irresponsable” en toda la ciudad. Pero, dice, “la Benito Juárez era el foco más escandaloso”. El ahora senador por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) asegura que “a todas luces era un escándalo”. “Hay evidencia suficiente para decir que estaban pasando situaciones por fuera de la ley”, agrega.
La gran pregunta que deberá resolver la Fiscalía es hasta dónde llegó el esquema de sobornos. Dentro de la investigación aparecen los nombres de figuras de mediano peso dentro del PAN, como el diputado Jorge Romero, jefe delegacional de la Benito Juárez entre 2012 y 2015, o el legislador local Christian von Roerich, alcalde entre 2015 y 2018, y miembro de Los Ocean. La duda recae en ellos, ya que el esquema presuntamente operó durante la Administración de ambos. La pregunta que se hacen las autoridades es qué tan posible es que Arisjis y Vizcaíno hayan actuado sin conocimiento de sus jefes. El escándalo abarca también a funcionarios del Gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que eran quienes daban el último aval a los permisos. La buena relación entre el PRD y el PAN quedó plasmada en las últimas elecciones, en las que ambas formaciones participaron en alianza.
Este periódico intentó sin éxito obtener respuestas de Romero y Von Roerich. Cuando saltó el escándalo, a finales de julio, con la detención de Vizcaíno, Romero dijo a los medios que se trataba de una persecución política por parte de la Administración de Claudia Sheinbaum. Ni él ni su partido se han movido de esa postura en estas dos semanas.
Las autoridades investigan además si dentro del supuesto mercado negro de permisos, la alcaldía incluía facilidades para tramitar el visto bueno de habitabilidad de un edificio. Una de las obras levantadas durante la gestión de Aridjis al frente de Obras fue un complejo de departamentos en la colonia Portales, inaugurado en enero de 2017, que se derrumbó con el sismo en septiembre de ese año. La persona que autorizó que el inmueble se ocupara fue el entonces director de Obras, y quien gobernaba la alcaldía era Von Roerich. Por esta tragedia, que dejó dos mujeres muertas, solo Aridjis fue sancionado con tres meses de suspensión.
Aún no hay un número certero del dinero que movía el esquema, pero existe una lista de direcciones donde se encuentran las propiedades que tenía la red, la mayoría ubicada en la Benito Juárez. Uno de los 42 departamentos cateados, el que tenía Aridjis en el edificio que explotó, costaba 2,2 millones de pesos —unos 113.000 dólares—, de acuerdo a la escritura. Sin embargo, se investiga si el documento fue una simulación de la compra, porque el valor de mercado de un departamento como ese, con 82 metros cuadrados en un condominio de lujo, tres recámaras, dos baños y dos plazas de estacionamiento, cuesta el doble o hasta el triple de lo supuestamente pagado. En uno de los edificios bajo investigación, hay hasta siete departamentos a nombre de una empresa de Vizcaíno. En otro hay cinco que, según explicó, fueron donados por sus suegros.
Los registros oficiales del cártel inmobiliario son una compilación de las irregularidades registradas en los distintos Gobiernos panistas en la Benito Juárez. Por este caso investigan además a una serie de inmobiliarias que operaban en la alcaldía. Un ejemplo es Grupo Rouz, que durante el mandato de Romero, supuestamente le condonó una deuda de 1,6 millones de pesos en la compra de un penthouse.
Según la investigación de la Fiscalía, las familias de los dos exfuncionarios formalmente vinculados podrían terminar en el ojo del huracán. Como en otros esquemas de corrupción, las autoridades sostienen que esposas e hijos terminaron metidos en sociedades que movían dinero o poseían propiedades provenientes de los sobornos. En las actas de compras de departamentos o creación de empresas puede verse cómo quedaron involucrados la pareja de Aridjis, al menos una de sus hijas, y la esposa de Vizcaíno. En las próximas semanas, los exfuncionarios esperan cerrar un acuerdo con el Ministerio Público para evitar mayores problemas. Mientras tanto, el actual Gobierno no se muestra dispuesto a permitir ni un paso en falso del grupo opositor.