A cuatro días de la presentación del informe presidencial sobre el caso Ayotzinapa, el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) ha divulgado un comunicado marcando distancias con algunas partes del documento. Presentado el jueves pasado, el informe señala que el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, en septiembre de 2014, que acabó con la desaparición de 43 jóvenes y varios muertos, fue un crimen de Estado. El grupo de expertos que la CIDH comisionó a México para ayudar en las pesquisas no discute la conclusión del documento, pero señala que no ha podido examinar llamadas, mensajes y peritajes, sobre los que la comisión basa sus resultados.
En el comunicado, el GIEI dice: “No conocimos, ni hemos accedido directamente y examinado el material del cual surgieron las capturas de pantalla que aparecen a partir de la página 38 del informe. Tampoco hemos accedido a los peritajes que se practicaron sobre los mismos”. Desde la página mencionada, el documento de la comisión plantea la narración de lo sucedido durante el ataque en Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, las horas posteriores y el intento final de ocultar lo ocurrido.
El texto indica por ejemplo qué corporaciones de policía participaron en la embestida contra los muchachos junto a Guerreros Unidos o las rutas de desaparición de los estudiantes. También a donde los conducen policías y criminales, asumiendo su asesinato posterior y la dispersión de los cadáveres en diferentes puntos de la zona. Toda esta narración se sostiene en una buena cantidad de llamadas y mensajes interceptados. Son los que dice el GIEI que no ha podido ver en su soporte original. El grupo tampoco ha analizado los peritajes que asegurarían el origen y verosimilitud de las comunicaciones.
El GIEI añade: “Hemos pedido que se entreguen cuanto antes a la Fiscalía, tanto los mensajes como los dispositivos de donde fueron extraídos. Todo ello es clave para señalar las características, fiabilidad y calidad de la información señalada”. Hasta ahora, la unidad de la Fiscalía que investiga el caso Ayotzinapa no ha dado informe alguno donde explique a detalle las rutas de desaparición de los normalistas y su destino posterior. Maneja una teoría, que EL PAÍS adelantó hace poco más de un mes, en la que plantea que los perpetradores agruparon a los estudiantes en tres grandes grupos, antes de desaparecerlos, sin dar demasiados detalles.
El GIEI afea además a la comisión, creada durante los primeros días de mandato del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el manejo de los tiempos de la presentación del informe. Uno de los reclamos de las familias de los 43 durante el sexenio pasado apuntaba precisamente a las formas del Gobierno y la extinta Procuraduría General de la República (PGR). Les acusaban de filtrar información, de engañarles e informar a la prensa antes que a ellos.
En los años de López Obrador, el cuidado de la comunicación ha sido importante para las autoridades, tanto para la unidad de la Fiscalía que investiga el caso, como para la misma comisión. En esta ocasión, sin embargo, la comisión actuó de manera algo impulsiva, convocando a las familias el mismo día de la presentación del informe. Dada la gravedad de las conclusiones del documento, que da por muertos de manera oficial a los estudiantes, el GIEI considera que la comisión debía haber actuado de otra manera.
“Si bien saludamos que existan eventuales nuevas revelaciones en el esfuerzo de la comisión en la investigación del caso, quien ha puesto todo el interés y el trabajo en ello, debemos insistir en que toda la información debe ser conocida de manera previa por los padres y madres”, ha dicho el grupo de expertos.
Aunque mínimo, el comunicado del GIEI supone el primer desencuentro público entre ambas partes. Nada que ver, en todo caso, con los choques continuos del grupo con el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). El GIEI llegó a México y, junto al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), fueron los primeros en señalar las irregularidades y fallas de la investigación original. El GIEI y el EAAF denunciaron por primera vez que la versión del Gobierno de Peña Nieto, la quema de los 43 en un basurero y el despojo de los restos en un río cercano, no se sostenía. El GIEI y el EAAF denunciaron antes que nadie irregularidades en el hallazgo de los restos de Alexander Mora, en ese mismo río, en octubre de 2014.
Ahora, parte de la tesis de la Fiscalía y la comisión parten de las sospechas del GIEI y el EAAF. Unos y otros señalan que la enorme hoguera en el basurero no existió, como tampoco lo hizo el despojo de restos en el río. Para Fiscalía y comisión, ambas situaciones responden al montaje orquestado desde la antigua PGR, para tratar de atajar el descontento social generado por el ataque contra los muchachos.