LA RAZÓN: Niegan también versión sobre cónclave Harfuch, Iñaki, Manelich…

Tras ser señalados como parte de la trama que construyó la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tres funcionarios y exfuncionarios federales y locales se sumaron al deslinde de las responsabilidades que la Fiscalía General de la República (FGR) puso sobre la mesa durante la audiencia inicial del exprocurador Jesús Murillo Karam y negaron su participación en un supuesto cónclave para urdir dicha confabulación.

Uno de ellos es Iñaki Blanco Cabrera, quien fungió como titular de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), y a quien las acusaciones no le generan inquietud, pues aseguró que no formó parte de alguna indagatoria o reunión en la que le “tiraran” línea o recibiera instrucciones sobre cómo debía armarse el expediente del caso.

“Incluso, como señalé, eso sería contrario a las diligencias primarias que llevó a cabo la Fiscalía a mi cargo. Muchos de los datos que se nos dan a conocer, sujetos e integrantes de Guerreros Unidos que participaron en los hechos como, El Chuky, El Chino y Los Peques.

“Y lo concerniente a que los estudiantes fueron divididos en grupos y conducidos a distintos lugares deriva de la investigación de la Fiscalía de Guerrero. No hay más que consultar el expediente o remitirse a lo que dio a conocer su servidor”, manifestó, en entrevista con La Razón.

Afirmó que es una de las personas que más ha declarado ante la FGR y diversas comisiones abocadas al caso, razón por la cual dijo que este asunto debe analizarse de manera integral, objetiva y profusa.

“Soy una de las personas que más ha dado la cara en cuanto hace a la actuación en mi caso. Otro dato importante que de pronto se soslaya. Encabezaba una institución(…) no era un ser omnipresente; en mi auxilio actuaron un sinfín de personas, vicefiscales, directores generales, peritos y demás; nunca se dio una instrucción para actuar de manera contraria a derecho”, sostuvo.

Quien también se desmarcó de la versión fue el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Omar García Harfuch, quien por medio de su cuenta de Twitter la calificó como “absurda”.

“Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para ‘fraguar la verdad histórica’; ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días”, escribió el entonces delegado de la Policía Federal en Guerrero.

En su defensa salió la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, quien afirmó que el funcionario seguirá en su cargo, tras señalar que, como él lo ha dicho, no se encontraba en el estado en el momento de los hechos.

“Él es un hombre íntegro; nosotros ponemos siempre por encima de todo el respeto a los derechos humanos y el trabajo que hacemos siempre es con base en las condiciones que tenemos, que son respeto a los derechos humanos, seguridad a la población, pero por encima de todo, siempre la verdad y la justicia”, dijo.

El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que, dentro de la investigación, saldrán muchos nombres, lo que no asegura que todos tengan responsabilidad en los hechos.

Tal es el caso de García Harfuch, dijo, cuya mención no significa que deba separarse del cargo para enfrentar las acusaciones en su contra.

“Hay que esperar a que el Poder Judicial, el juez, sea el que decida sobre la responsabilidad y hasta dónde llega. Nada más que no puede haber juicios sumarios. Primero, no puede haber linchamientos políticos y conjeturas”, refirió.

Un tercero en pronunciarse ayer, tras ser señalado en el caso, fue Manelich Castilla Craviotto, quien mediante redes sociales aclaró que durante el periodo en que se dio la desaparición, él sirvió como jefe de la División de Gendarmería de la Policía Federal y no como comisionado nacional de Seguridad ni enlace operativo de la investigación, como fue señalado.

“Deseo se haga justicia y que la ética guíe los pasos de quienes investigan y acusan”, escribió.

El exprocurador “se inculpa”, dice AMLO

E l exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam se autoimplicó en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En el caso del procurador Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la fiscalía. Lo que dijo el procurador en ese entonces: ‘Nosotros somos responsables’, dice, y creo que se refiere al otro señor, a Tomás Zerón, que era titular de la Agencia de Investigación Criminal”, dijo.

“Lo de Ayotzinapa y lo del señor Murillo Karam, lamento mucho, pero esas injusticias no pueden quedar impunes. ¿Cómo veo yo a las madres, a los padres de los muchachos? Llevo tres años reuniéndome con ellos, informándoles, en reuniones, algunas ríspidas, porque imagínense el dolor de las madres, de los padres, de no ver a sus hijos, y todo esto que se está conociendo.

“No tengo nada personal contra el señor Murillo Karam, nada, ni contra nadie, pero este es un asunto de otra naturaleza. Esto tiene que ver con mi responsabilidad y con mis convicciones, con mis principios”, dijo el Presidente.

Respaldó la versión de que hubo un cónclave para encubrir los hechos. “La comisión menciona los nombres de los responsables y ese informe, con todos los anexos, se presentan a la fiscalía, y ya es la fiscalía la que está procediendo, solicitando órdenes de aprehensión al Poder Judicial, a los jueces, que son los que van a impartir justicia; es un proceso que ya inició. Si la fiscalía o los jueces determinan que hay otros implicados, ellos lo van a decidir en absoluta libertad”, afirmó.

Insistió en que la narrativa sobre la “verdad histórica” se originó por la participación de un gran número de funcionarios públicos, pero la investigación sobre lo sucedido no está cerrada.

“Entonces, claro que hay una gran corresponsabilidad de muchos, pero los que participaron de manera directa son los que están siendo juzgados; la investigación no se cierra, pero no nos podíamos quedar así”, destacó el Presidente.

Advirtió que, en el caso de los militares, no es ocultando la información de lo que ocurrió como se protege el prestigio de las Fuerzas Armadas.

“El prestigio de las Fuerzas Armadas se obtiene con rectitud, no ocultando las cosas; la actitud de ciertos miembros de las Fuerzas Armadas son otra cosa, no es que se va a dañar, se va a manchar al Ejército, a las Fuerzas Armadas. Sí se manchan si no se actúa con la verdad; entonces, no sé qué pensaron. Ya habían cometido esta atrocidad. ¿Por qué ocultar los hechos? ¿A quién protegían? ¿Quién puede ser más importante que la justicia y que la verdad?”, manifestó.

López Obrador indicó que un crimen como el cometido contra los estudiantes no puede tener justificación en forma alguna y tampoco se puede criminalizar a los jóvenes bajo ningún argumento.

Ven violación a derechos en detención de Murillo

Con la detención de Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, se violaron sus derechos humanos al dejarlo en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte, cuando debería enfrentar su proceso en la calle, comentó a La Razón el extitular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Julio Hernández Barros.

“El juez viola el artículo 19 Constitucional y viola el Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que la prisión preventiva es una medida que debe aplicarse excepcionalmente, sólo cuando se tenga la certeza que el imputado se va a sustraer de la acción de la justicia.

“En este caso lo que vimos todos por cadena nacional, prácticamente, fue a un Murillo Karam entregándose a la Policía voluntariamente, sin oponer resistencia, sin haber intentado huir a pesar de haber tenido noticias seguramente de este operativo y prefirió entregarse a la justicia”, manifestó Hernández Barros.

El también abogado resaltó que la aprehensión del exprocurador fue injusta en la medida que le están atribuyendo hechos que él no cometió: “¿Cómo se le va atribuir una desaparición forzada y tortura? si él no participó en estos hechos… al contrario trató de dar a conocer la verdad por lo menos a la que él tenía acceso con las investigaciones”.

Por su parte, el abogado penalista, Jorge Nader Kuri manifestó que el exprocurador podría alcanzar una sentencia máxima de 50 años de prisión por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia.

Morena y PRI esperan que se respete debido proceso

Luego de la detención del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, Morena y el PRI en la Cámara de Diputados manifestaron que esperan la procuración de un debido proceso para el exfuncionario, mientras que el PAN en el Senado acusó que se ha lucrado con el dolor de las familias de los estudiantes.

El coordinador de la bancada morenista, Ignacio Mier Velazco, destacó que el avance de la investigación es una tarea que estaba pendiente, al ser uno de los cien compromisos que tiene el Gobierno federal.

“Confiemos en las autoridades, confiemos en que va a haber un debido proceso y esperemos los resultados que emitan tanto la procuración y en su caso la administración de justicia… Esperamos que sea el hilo que descubra la madeja”, dijo en entrevista.

Por otro lado, la vicecoordinadora del PRI, Blanca Alcalá, comentó que pedirán que se siga el debido proceso para esclarecer la inocencia y posterior libertad de Murillo Karam, a quien se refirió como “un hombre que ha entregado su vida al Estado mexicano”.

En tanto, la bancada del Revolucionario Institucional en el Senado acusó que existe uso excesivo de la prisión preventiva, por lo que demandó la presunción de inocencia del exprocurador.

El coordinador de la bancada, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que Murillo Karam “siempre dio la cara y asumió su responsabilidad. Este hecho debe tomarse como algo positivo y no, como ahora se pretende, como una autoincriminación que por cierto está prohibida por la Constitución. De este modo, lo que está en juego, lo que está a prueba es el sistema de justicia penal, la procuración y la impartición de justicia. Y el principio, de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

En tanto, la vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán, acusó que Morena, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y “muchos de la 4T han lucrado políticamente” con el dolor de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Juez ordena garantizar salud de Murillo Karam

Un juez otorgó una suspensión de plano a Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), para que no sea víctima de actos de incomunicación en el Reclusorio Norte, donde se encuentra privado de la libertad por los probables delitos de desaparición forzada, contra la administración de la justicia y tortura en el caso Ayotzinapa.

“Se concede la suspensión de plano para el efecto de que cesen los actos de incomunicación que reclama, así como cualquier otro de los prohibidos por los numerales 22 y 15 de la Carta Magna”, señala la resolución.

Resalta que, dado el contexto de la pandemia por Covid-19, a efecto de garantizar su derecho a la salud, con fundamento en el artículo 1º de la Constitución, el director del penal queda obligado a garantizar la salud e integridad física y psicológica del inculpado.

El documento destaca que, de manera inmediata, se deberán tomar todas las prevenciones, acciones y medidas pertinentes para controlar o evitar su contagio.

Además, el director del reclusorio deberá, bajo su más estricta responsabilidad, permitir el acceso de familiares, abogados o autorizados de Murillo Karam, de 74 años de edad, en las condiciones y bajo las medidas de seguridad que sean convenientes, atendiendo a la emergencia sanitaria.

Así como evitar cualquier acto que pongan en peligro la integridad física, emocional o su vida, procediendo las condiciones mínimas de dignidad, sanidad, higiene y conceder todos los tratos humanitarios al hoy detenido.

“En la inteligencia de que la seguridad, guarda, custodia y la salud del quejoso, de ser el caso, queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a cuya disposición física se encuentre, misma que deberá tomar todas las medidas pertinentes para tal efecto atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto”, refiere la resolución.

La demanda de amparo fue promovida vía electrónica por Rosa Azucena Vargas, representante legal del exfuncionario, quien fue detenido el pasado viernes afuera de su domicilio.