“La creación de la verdad histórica fue una acción concertada por el aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado”, afirmó Alejandro Encinas Rodriguez.
Ninguno de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos sigue con vida, no hay ni un solo indicio, así lo confesó el subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB Alejandro Encinas. Quien descartó que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 sigan con vida. En los hechos investigados no existe ninguna coincidencia con la verdad histórica, es una triste realidad”, aseguró, en contraste con las mentiras expresadas el 7 de noviembre de 2014 por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
La comisión creada por el gobierno para esclarecer el caso concluyó que la desaparición de los 43 fue un crimen de Estado cometido por la delincuencia organizada, junto con autoridades locales y federales. Hubo omisiones y alteración de hechos para llevar a una conclusión falsa, indicó ayer en un reporte.
Tras reunirse con padres de las víctimas en Palacio Nacional, dijo que hay indicios para que la FGR proceda penalmente con- tra 51 personas, entre ellos diez exfuncionarios federales de la anterior administración.
Además, se confirmó que mandos militares de la región no protegieron ni buscaron a Julio César López Patolzin, un soldado que estaba infiltrado entre los 43. “(Aplicar el protocolo de este caso) hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes”, aseguró.
Las conclusiones
La comisión del caso difundió ayer un avance de sus investigaciones.
• Los delincuentes actuaron con el apoyo de policías municipales.
• La policía de Iguala apoyó en la captura de jóvenes en el autobús 1531.
• Hasta ahora, sólo se ha podido identificar a tres de los normalistas.
• Los estudiantes no buscaban boicotear un acto del DIF de Iguala.
Los 43 arteramente ultimados y desaparecidos; fue un crimen de Estado
El subsecretario Alejandro Encinas pidió que los 114 restos óseos que la CNDH recomendó fueran analizados se sometan a los especialistas.
El funcionario descartó que los 43 normalistas de Ayotzinapa estén vivos después de casi 8 años de su desaparición en Iguala, Guerrero. Con base en esa confirmación dijo: “no hay ningún indicio de vida; no hay ninguna coincidencia con la verdad histórica, es una triste realidad”.
Desde Palacio Nacional, el funcionario se pronunció por que los 114 restos óseos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó que fueran analizados para determinar si son de los jóvenes, se sometan a los especialistas, entre los que se encuentran las 38 porciones petrosas del hueso temporal.
Afirmó que la CNDH, que encabeza Rosario Piedra Ibarra, es quien ha descartado la posibilidad del análisis de esos restos óseos.
“Creo que queda un asunto pendiente que tiene que resolver la Fiscalía General de la República, que es el análisis de las petrosas, que es de los asuntos que están pendientes de esa recomendación en donde hay una discusión entre los peritos respecto a si tienen el contenido de ADN suficiente para una identificación. En lo personal, creo que debe complementarse esa parte de la recomendación de la Comisión Nacional”.
Con este hecho de carácter administrativo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estaría obligada a entregar una indemnización que sería fijada por un juez y el caso se daría por cerrado, aunque sigan las investigaciones y se lleva ante la justicia a los responsables de la masacre, como lo afirmó Encinas Rodríguez se seguirá haciendo.
Alejandro Encinas, y presidente de esta comisión, dio a conocer los avances de la investigación en la que se confirma la existencia de indicios para que la Fiscalía General de la República proceda penal-mente contra 33 personas, la mayoría de ellos integrantes de Guerreros Unidos, autoridades municipales y federales, entre ellos 10 funcionarios de la anterior administración.