Se trata de un hecho inédito en donde el vicefiscal considera que se realizó una decisión arbitraria
En un hecho inédito, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos a cargo de Juan Salazar Núñez presentó una solicitud de Juicio Político en contra de los tres magistrados que integran la Tercera Sala del Primer Distrito Judicial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con sede en Cuernavaca: María Idalia “N”, Juan Emilio “N” y Manuel “N”.
El vicefiscal Édgar Rodolfo Núñez Urquiza al presentar la solicitud ante la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso de Morelos, argumentó que los magistrados en el ejercicio de sus funciones tomaron determinaciones que van en contra de la Constitución afectando el debido proceso y a la víctima, que en este caso es este órgano autónomo.
El sujeto fue imputado por el delito de Robo Calificado y se manejó su proceso en prisión preventiva, sin embargo, el 15 de julio de 2022, los magistrados María Idalia “N”, Juan Emilio “N” y Manuel “N” dictaron su inmediata libertad, declarando suspensión condicional del proceso, autorizando que se otorgaran 8 mil 500 pesos como reparación del daño por la computadora y las memorias de almacenaje, sin embargo, no ponderaron que en estos dispositivos había información reservada y privilegiada.
Para el vicefiscal, la decisión de los magistrados fue una decisión arbitraria, ya que sin abrir audiencia, ni permitir el debate, impidieron el acceso al personal de la Fiscalía Anticorrupción mediante una apelación adhesiva, aun cuando un Juez de Control había determinado que era improcedente la suspensión condicional del proceso.
En función de ello, el 10 de agosto del presente año, Juan Armando “N” imputado por Robo Calificado obtuvo su libertad de forma indebida.
Fue ese el motivo por el cual este día martes, la Fiscalía Anticorrupción presentó ante el Congreso de Morelos, la solicitud de Juicio Político contra los magistrados, ya que presuntamente no garantizaron la reparación integral del daño, violando la Constitución; por lo que, incluso podrían ser destituidos del cargo e inhabilitados, ya que así lo contempla la Ley.
“Los magistrados deben conducirse bajo el principio de objetividad, profesionalismo e imparcialidad, al no garantizar la reparación del daño integral violentaron la Ley y generaron violaciones claras y precisas a la Constitución”, declaró el vicefiscal Édgar Rodolfo Núñez Urquiza en entrevista.