Casi tres decenas de controversias constitucionales han llegado este año a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por las pensiones de trabajadores judiciales que fueron aprobadas por el Congreso de Morelos sin que se etiquetara presupuesto para cumplir con los decretos jubilatorios.
De acuerdo con el listado de recursos constitucionales, de enero a agosto de este año, el Poder Judicial del Estado de Morelos promovió cerca de 30 recursos de control constitucionales, en los que alegó que el Congreso local omitió dotarlo de presupuesto para hacer frente a las jubilaciones de sus trabajadores.
Los beneficiarios de los decretos pensionarios impugnados son lo mismo oficiales judiciales que actuarios y secretarios de acuerdo que, con base en los requisitos previstos en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, solicitaron su retiro.
Según los listados de la SCJN, se requirió a los Poderes Legislativo y Ejecutivo responder a los recursos de control constitucional promovidos por el Poder Judicial.
Durante la gestión de la otrora magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y representante del Poder Judicial estatal Carmen Cuevas López comenzó la escalada de controversias constitucionales por la aprobación del Congreso de decretos pensionarios de trabajadores judiciales que no iban acompañados de presupuesto para su cumplimiento, en virtud de la crisis financiera por la que atravesaba la institución administradora de justicia.
La situación obligó a la SCJN a emitir un acuerdo en febrero de 2019 para obligar al Congreso etiquetar más de 80 millones de pesos para cumplir con las sentencias de 116 controversias constitucionales, en las que el máximo tribunal del país ordenó disponer de recursos para el pago de las pensiones a los trabajadores judiciales en retiro.
En la gestión del magistrado presidente Rubén Jasso Díaz prevaleció la misma dinámica de impugnar los decretos jubilatorios de los trabajadores judiciales.
Al relevo de la presidencia del TSJ y de la representación del Poder Judicial, el actual magistrado presidente, Luis Jorge Gamboa Olea, continuó con la misma estrategia, en virtud de que el Congreso local -pese a los antecedentes- siguió con la aprobación de jubilaciones pero sin etiquetar fondos para su pago.