Gobernadores del PRI, PAN, Morena, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, Verde y del PRD clamaron auxilio a la Guardia Nacional y al Ejército para atender la ola de criminalidad que se vive en sus territorios.
Un conteo hecho por MILENIO, 26 mandatarios han solicitado ayuda federal destacando los casos de Jalisco, Guanajuato y Chihuahua, Baja California, Zacatecas y Michoacán donde los altos niveles de ejecuciones y enfrentamientos entre cárteles obligaron el arribo de las fuerzas de seguridad. Los únicos gobernadores que se han mantenido sin la protección federal son Baja California Sur, Campeche, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán.
Guanajuato se convirtió este sexenio en el epicentro de la violencia en el país, en lo que va de 2022 se han registrado al menos ocho masacres que dejaron 57 personas asesinadas.
La entidad gobernada por el panista, Diego Sinhue, es la que más elementos federales ha requerido para labores de seguridad, ha clamado el auxilio federal para detener la ola de violencia en sus municipios, por lo que la Guardia Nacional y el Ejército han desplegado en ese estado 3 mil 100 elementos.
Estos efectivos federales fueron los que dieron un duro golpe al Cártel de Santa Rosa de Lima en agosto de 2020, cuando detuvieron a José Antonio Yépez 'El Marro', uno de los principales instigadores de violencia.
Desde que el estado era gobernador por Antonio Echevarría de la alianza PAN-PRD, Nayarit sufrió los estragos de ser una de las plazas disputadas por los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Hasta esta entidad han llegado de mil 775 elementos de la GN y militares, en su última visita al estado el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, informó que situación de homicidios vinculados a la delincuencia organizada en el estado se estaba reduciendo por las labores de seguridad de los tres niveles de gobierno.
Tamaulipas, gobernador por el panista Francisco García Cabeza de Vaca, ha requerido el despliegue de 2 mil 465 elementos federales para disminuir sus índices de violencia. Los efectivos fueron requeridos por la persistente violencia ocasionada por los fuertes enfrentamientos entre el Cartel del Golfo, Zetas y Cartel del Noreste, que se disputan el control de las plazas de Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Matamoros.
Zacatecas que el último año ha sufrido decenas de ejecuciones y hasta el desplazamiento de familias y poblados debido a la criminalidad, ha requerido el apoyo de 2 mil 393 integrantes de la Guardia Nacional y la Sedena.
Otros estados que rebasan los dos efectivos son Veracruz con 2 mil 300 y Michoacán con 2 mil, este último también ha sido azotado por los cárteles criminales desde el sexenio del panista Silvano Aureoles.
Jalisco, cuna y sede del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha solicitado ayuda a la GN y Sedena que generó la llegada de mil 825 elementos de estas dependencias. El estado gobernado por el emmecista, Enrique Alfaro, ha sufrido en lo que van del sexenio decenas de narcobloqueos y enfrentamientos en sus límites con Guanajuato.
Hasta el panista Chihuahua que encabeza Maru Campos han arribado mil 450 elementos federales, su última irrupción fue el 25 de junio de este año cuando más de mil elementos del Ejército Mexicano adscritos a las “Fuerzas Especiales” arribaron al municipio de Urique, Chihuahua, con la finalidad de reforzar la seguridad por el asesinato de dos sacerdotes jesuitas.
Hasta Guerrero han llegado 700 efectivos, principalmente a los municipios de Acapulco y Chilpancingo; mientras que en Colima los recientes embates que se presentan por una guerra entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Los Mezcales, a la del Cártel de Sinaloa obligó el arribo de 600 integrantes de la Guardia Nacional y el Ejército.
Morelos gobernado por el pesista Cuauhtémoc Blanco, requirió el auxilio de 660 elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional que se desplegaron como parte del refuerzo en tareas de seguridad pública en zonas de Michoacán y Morelos, donde se han identificado focos rojos por la violencia que generan grupos criminales.
Mientras que en el único estado gobernado por el Partido Verde, San Luis Potosí, llegaron 200 militares en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política de cero impunidad.
La Ciudad de México reforzó su seguridad con elementos de la Guardia Nacional en Iztapalapa y en sus límites con el Estado de México con el fin de evitar el asentamientos de cárteles y de operaciones ilegales en la capital. También fueron desplegados cientos de elementos tras el atentado que sufrió el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en junio de 2020 por parte de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En Chiapas, se desplegaron 800 elementos de la Guardia Nacional para evitar el cruce de migrantes centroamericanos que cruzan nuestro país con el fin de llegar a Estados Unidos.