En gran parte de México, defender el medio ambiente y hacerlo con nombre y apellido es una combinación que puede resultar fatal. Las últimas cifras globales han llevado al país a la cabeza de los homicidios de ambientalistas con un número que no ha parado de escalar en los últimos tres años. El nuevo informe de la organización internacional Global Witness, que realiza un conteo anual de estos crímenes, señala que 54 personas que defendían su ambiente, recursos naturales o tierra fueron asesinados en México solo en 2021, un repunte sustantivo en comparación con los 30 registrados el año anterior. De acuerdo al documento, casi la mitad de los que perdieron la vida el año pasado eran indígenas y más de un tercio están considerados como casos de desapariciones forzosas.
El continente ha sido durante años la región más peligrosa para el activismo medioambiental: la organización documentó el asesinato de 1.733 activistas durante la última década y el 68% tuvieron lugar en América Latina. México se había posicionado en la lista de los lugares más mortíferos, pero hasta ahora siempre había estado por debajo de países como Brasil o Colombia. Sin embargo, la violencia ejercida contra los activistas el año pasado llevó al país al peor lugar. “Se ha convertido rápidamente en los últimos diez años en uno de los lugares más peligrosos para los defensores de la tierra y el medio ambiente, con 154 casos documentados durante este período”, dice el informe. La mayoría, unos 131 homicidios, ocurrieron entre 2017 y 2021.
“Los conflictos por la tierra y la minería estuvieron vinculados a dos tercios de los ataques letales”, acusa el reporte, que señala que algunos Estados se han convertido en una tumba para los activistas. Sonora es uno de esos sitios, principalmente para miembros de la comunidad yaqui, un pueblo conocido por su larga lucha para defender la tierra y el agua del lugar. En junio de 2021 el líder yaqui Tomás Rojo, que llevaba desaparecido poco menos de un mes, fue hallado sin vida en una fosa. Por aquellas semanas además mataron a tiros al activista Luis Urbano cuando salía de un cajero y a Agustín El Roque Valdez, jefe de la guardia de la comunidad, también de un balazo. En septiembre de ese mismo año las autoridades encontraron en una fosa al menos cinco cuerpos de yaquis que habían desaparecido.
El Estado de Oaxaca es otro foco rojo. En enero de 2021, el defensor de territorios indígenas Fidel Heras Cruz fue hallado muerto en una comunidad conocida como La Esperanza. Otros tres defensores del medio ambiente fueron asesinados entre el 14 y el 15 de marzo. En abril, ocurrió el homicidio del ambientalista Jaime Jiménez Ruiz, conocido por defender el Río Verde y oponerse a la construcción de una presa en ese sitio. Para noviembre, mientras los líderes del mundo estaban reunidos en la cumbre del clima de Glasgow, otra defensora del medio ambiente, Irma Galindo Barrios, desaparecía en ese Estado tras denunciar la tala ilegal en su comunidad mixteca. Su nombre, junto al de otros cuatro compañeros de activismo que desaparecieron con ella, están ahora en la lista de Global Witness. “Desde 2018, Irma había enfrentado intimidación por parte de funcionarios públicos, así como hostigamiento, persecución, campañas de difamación y amenazas de muerte por su defensa de los bosques”, señala el informe.
Para la organización internacional, “los territorios indígenas son altamente vulnerables ante la prolífica cantidad de proyectos extractivos a gran escala promovidos por empresas nacionales y extranjeras y respaldados por el Gobierno mexicano”. Un problema que enfrentan estos crímenes en el país, agrega el documento, es la impunidad: más del 94 % de los delitos no son denunciados y solo el 0,9 % son resueltos.
Uno de los casos estudiados por la organización fue el brutal asesinato de José Santos Isaac Chávez en abril de 2021. Isaac Chávez era un líder indígena, abogado y candidato a presidente del comisariado del ejido de Ayotitlán, en Jalisco, muy cerca de la frontera con el Estado de Colima. El hombre se oponía fervientemente a las operaciones mineras de la compañía Peña Colorada, conformada por las multinacionales ArcelorMittal y Ternium, que opera en una sierra de Manantlán, una reserva supuestamente protegida por su diversidad ecológica. “Las operaciones mineras han impulsado la deforestación, la pérdida de vida silvestre, los cambios climáticos y la contaminación tóxica. Sin embargo, ha sido imposible cuantificar la verdadera escala de los daños, ya que la empresa minera mantiene un estricto control sobre el área de la sierra de Manantlán”, reporta Global Witness.
El cuerpo sin vida de Isaac Chávez fue hallado con signos de tortura dentro de su coche, arrojado en un precipicio. Ese homicidio no es el primero relacionado a esa mina en Jalisco. “Reporteros y activistas locales denuncian desapariciones y asesinatos relacionados con la oposición a Peña Colorado por los que nadie ha comparecido ante la justicia. Las operaciones comenzaron en la década de 1970 y representan décadas de violencia grave y abusos de los derechos humanos relacionados con la mina”, dice el informe. La coordinadora de la organización Tskini, Adriana Cadenas, vinculó otros crímenes a esa mina, como la desaparición del activista Zeledonio Monroy, secuestrado en octubre de 2012 por ocho personas armadas, y el asesinato en octubre de 2020 de Rogelio Rosales, hijo de uno de los principales activistas indígenas que se oponía al proyecto.
La organización admite que a la difícil situación que viven los activistas en esa zona, como en otras tantas de México, se le suma la actividad del crimen organizado, principalmente de los cárteles de la droga. En la sierra de Manantlán, explica, el Cartel Jalisco Nueva Generación se ha metido en el lugar para sacar rédito. “[La compañía minera] se ha coludido, ha llamado a los servicios de la delincuencia organizada como brazo armado para poder amedrentar, amenazar a la población que está en contra de estas operaciones de la mina, para amenazarlos e intimidarlos y que desistan de esta defensa”, ha explicado Cadenas durante la presentación del informe.
El reporte de Global Witness, avalado por un grupo de organizaciones activistas mexicanas, concluye con una recomendación de acción al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para prevenir y evitar la violencia contra los ambientalistas. “Debe cumplir con sus obligaciones de investigar, impartir justicia y reparar las violaciones de derechos humanos contra defensores de la tierra y el medio ambiente en México”, aconseja la organización. Además, le solicita que establezca un mapa para aplicar el Acuerdo de Escazú, un tratado regional para proteger a los activistas del medio ambiente que México ratificó en abril de 2021, pero aún no ha puesto en marcha de manera efectiva.