Fabiola del Sol Urióstegui Alvear, directora del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), celebró que la justicia haya actuado en contra del ex alcalde de Cuernavaca y dos ex regidores por la desviación de cuotas de los trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) por más de nueve millones, pero sostuvo que hay otros ex funcionarios que también incurrieron en esta irregularidad y deben ser sancionados.
La funcionaria apuntó que el organismo que dirige inició la denuncia que llevó al ex presidente municipal Antonio “N” a la prisión, porque se les descontaba a los trabajadores las cuotas pero estas no eran entregadas al instituto.
Advirtió que hay varias denuncias que no han tenido seguimiento, ya que son varias administraciones pasadas las que “desviaron las cuotas y descuentos de los créditos a los trabajadores y no los entregaron”.
Llamó a la Fiscalía Anticorrupción a que se haga justicia y que se devuelva ese recurso.
Explicó que la actual administración del ayuntamiento ya hizo un convenio para poder pagar lo que corresponde a su personal, pero los que laboran en el SAPAC siguen sin esta prestación, porque las autoridades en funciones no han podido atender el asunto, por los adeudos que dejaron otras administraciones.
Mencionó que a partir del trienio de Manuel Martínez Garrigós se acumuló un adeudo de cien millones de pesos. Apuntó que durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo como alcalde de esta ciudad sí se pagaron las mensualidades que les correspondía, pero el adeudo anterior sigue y las y los responsables no han sido sancionados ni llamados a cuentas.
“Todos los ex directores, estamos hablando de cinco que tenían conocimiento pero no ordenaron o instruyeron a sus áreas a que enviaran el recurso al Instituto. Esa retención debió haber llegado con nosotros, pero se usó en otro lado”, abundó. Dijo que la finalidad de las denuncias es que sea resarcido ese dinero al organismo, ya que es parte del patrimonio y los que se retuvo se marcó como créditos liquidados para no afectar más a los trabajadores, pero el dinero no ha sido entregado.
Desde hace más de tres años se interpusieron las denuncias correspondientes y la Fiscalía no ha procedido y no ha judicializado las carpetas para que esos funcionarios sean vinculados a proceso.