La magistrada del TEEM afirmó que el asunto está en ¨la cancha del Legislativo¨ La Ley electoral señala que ante la ausencia del diputado titular entra el suplente, dijo La designación de quién será próxima diputada propietaria número 20 de la Legislatura LV –tras la trágica muerte de Gabriela Marín Sánchez- le corresponde al Congreso del estado, informó la magistrada presidente del Tribunal Estatal Electoral de Morelos (TEEM), Martha Elena Mejía. Al ser entrevista al respecto, la togada Martha Elena señaló que la Ley electoral señala claramente que ante la ausencia del diputado titular a quien le corresponde ocupar el cargo es al suplente. Sin embargo, explico la magistrada presidente del TEEM que dicha determinación está en la cancha del Congreso del estado y por lo tanto serán los representantes populares quienes decidan cuándo y cómo se le tendría que tomar la protesta de Ley a la suplente de la legisladora Gabriela Marín –que es Zoraida del Rayo Salcedo, esposa de Roberto Yáñez Moreno-. De igual manera, la togada dejó en claro que los magistrados resuelven son asuntos jurisdiccionales y hasta el momento no les ha llegado ninguno juicio ciudadano en ese sentido, por lo tanto, precisó, la determinación de la titularidad de quien será la próxima diputada es una facultad que le compete única y exclusivamente a los integrantes de quincuagésima quinta Legislatura. Con relación a los señalamientos legales y judiciales que pudieran existir en contra de la diputada suplente Zoraida del Rayo Salcedo, quien posiblemente pudiera estar prófuga de la justicia por un proceso jurídico, Martha Elena Mejía sostuvo que ella no puede pronunciarse a favor o en contra de ese proceso y por lo tanto, corresponderán a las instancias jurisdiccionales las que en su momento tendrán que informar al respecto. Cabe mencionar que la diputada suplente de Gabriela Marín Sánchez, Zoraida del Rayo Salcedo es esposa de Roberto Yáñez –a quien el TEEM lo bajó de la diputación local del Partido Morelos Progresa- en el 2019 fue declarada prófuga de la justicia debido a que se negó a presentarse a una audiencia de vinculación a proceso por los delitos de uso de documentos falsos, abuso de autoridad y fraude procesal, derivado del caso de las “pensiones doradas” y de la que fue acusada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
