Tamaulipas es el Estado mexicano del que probablemente menos sepamos. Un inmenso territorio en la frontera con Estados Unidos convertido en una más de las zonas de silencio que ganan espacio en elpaís. La penetración del crimen organizado y la presencia del Ejército es tan potente que las ong’s, los periodistas y los políticos valientes han ido poco apoco apagando su voz por miedo a ser asesinados. En medio de este silencio la organización de Raymundo Ramos (Nuevo Laredo, 1971), el Comité para los Derechos Humanos, fundada hace 25 años en esa ciudad, resiste como la aldea gala en los cómics de Astérix denunciando abusos, muertos y desapariciones en un contexto violento y corrupto que ha terminado con dos gobernadores encarcelados y otro más huido del país.
Si alguien sabe de militarización es este defensor de derechos humanos, que convive desde hace 20 años con el Ejército y la Armada sin que su presencia haya resuelto los problemas de inseguridad. Esta semana junto a los periodistas Ricardo Raphael y Daniel Moreno, Ramos denunció al Ejército por haber pinchado su teléfono con Pegasus. Lo descubrieron los medios Animal Político y Proceso tras una investigación y se confirmó acto seguido cuando en los correos filtrados de Sedena apareció el contrato con la empresa israelí que vende el programa de espionaje. La respuesta de López Obrador fue que no, que en su gobierno “no se espía” y que denuncien con pruebas si es que las tienen. En una entrevista telefónica con EL PAÍS desde Nuevo Laredo, Ramos denuncia la persecución a la que es sometido y pide una investigación en la que el presidente no meta las manos.
Pregunta. ¿Están espiando esta conversación?
Respuesta. No lo sé, pero no lo descarto. Aunque hayamos hecho la denuncia contra el Ejército no significa que no lo hagan la Marina o el Gobierno de Tamaulipas de Cabeza de Vaca. Puede ser que no utilicen Pegasus pero sí otros sistemas de espionaje telefónico. Estoy acostumbrado a eso.
P. ¿Quién está detrás del Pegasus con el que fue usted infectado?
R. En mi caso es el Ejército, según el análisis de Citizen Lab que se hizo en la Universidad de Toronto. Pero también está detrás la inteligencia de la Marina que está muy molesta desde las denuncias de 2018 por las 47 personas desaparecidas y de la que responsabilizamos a un grupo de operaciones especiales. Pero el problema del espionaje es que afecta a las víctimas. Detrás de mí están las familias, abogados, periodistas o compañeros de Derechos Humanos y eso es lo que más me preocupa. ¿Cuántos periodistas o defensores de derechos humanos asesinados no pudieron estar siendo espiados antes por estas mismas instituciones de inteligencia militar?. ¿Y si esa información llegó a criminales? Eso es lo más grave. Responsabilizo al Ejército, a la Marina y al presidente de México de lo que nos pueda ocurrir.
P. El Ejército lo ha desmentido
R. No me sorprende, porque cuando se denuncian violaciones a los derechos humanos también lo niegan. No recuerdo un solo caso en el que el Ejército haya respondido: “fuimos nosotros”. Ni Ayotzinapa, ni Tlatlaya, ni los estudiantes asesinados en el Tec de Monterrey, ni la niña muerta hace un mes en Nuevo Laredo. Nunca han reconocido su responsabilidad y eso es parte de su historia negra. Si reconocieran al menos algún grado de responsabilidad se fortalecería la institución, como bien dice el presidente.
P. ¿Cuándo se dio cuenta que debía revisar su teléfono?
R. En el año 2010 cuando documentamos los abusos del Ejército detecté ruidos en el teléfono: el ‘clic’ de la grabadora o el eco de que alguien escucha al otro lado. También en mi Facebook. Luego se perfeccionó la tecnología y he visto muchas veces como se abrían aplicaciones extrañas en mi teléfono. En una ocasión alguien incluso me escribió para preguntarme si yo era el responsable de seguir a Raymundo Ramos. Finalmente hace un año acepté revisar mi teléfono en Canadá y ahí certificaron que fui intervenido al menos en dos ocasiones, en agosto y septiembre de 2020.
P. ¿Cuál cree que fue el detonante que activó esos pinchazos?
R. En julio de 2020 se publicó un video de un enfrentamiento entre militares y una camioneta del crimen organizado en la que iban varios secuestrados. En esa balacera los soldados mataron a todos los civiles armados, pero en el video se ve a alguien levantando la mano y gritando: “¡Auxilio, no disparen!” pero un militar dice: “Mátalo, a la fregada”. Después atendí la queja de dos familias de los secuestrados que denunciaron los hechos ante la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) ese es el caso que detonó que el Ejército comenzara a espiarme.
Anteriormente, Ramos denunció otros montajes del Gobierno de Tamaulipas y del Ejército, después de que detuvieran a ocho personas en tres domicilios diferentes, las vistieron con ropas tipo militar y simularan un enfrentamiento. Lo mismo sucedió con el caso conocido como Valle de Anáhuac cuando la Policía Estatal y el Ejército simularon un enfrentamiento con civiles que no eran integrantes del crimen organizado. Uno era un migrante de Oaxaca y otro un muchacho que había llegado con su novio del Estado de México. Nosotros demostramos que no eran criminales y claro, eso molesta mucho al Ejército.
P. ¿Por qué duelen tanto las denuncias que hace?
R. Las Fuerzas Armadas pretenden convencer a la población de que son confiables, no matan civiles, no violan Derechos humanos y que sus operativos son exitosos, pero con nuestras denuncias se rompe esa imagen de instituciones confiables y preparadas. Su apuesta es convencer que son la mejor opción de seguridad en un país y en un Estado violento como Tamaulipas.
Hay que recordar que las Fuerzas Armadas no llegaron ayer a Tamaulipas sino que llevan dos décadas. Empezaron con Fox y en estos 20 años hemos documentado el historial de violencia tanto del crimen organizado como de las Fuerzas Armadas. Una organización como la nuestra es una organización registrada, con oficina y con una larga trayectoria documentando abusos de las autoridades. Eso molesta y no nos ven como enemigos del Estado.
P. Trabaja en un contexto muy complicado
R. Llevamos más de 20 años de presencia militar y seguimos siendo un estado inseguro y abandonado por el propio Gobierno. Muchos presidentes no se han querido meter en Tamaulipas porque decían que era una guerra perdida.
A ello hay que añadir la corrupción tan grande que vivimos. En Tamaulipas tenemos dos gobernadores en la cárcel, Tomás Yarrington en Estados Unidos y Eugenio Hernández en México. Un candidato del PRI asesinado a una semana de las elecciones, Rodolfo Torre Cantú y otros dos gobernadores que gracias a sus padrinos políticos pudieron evadir la cárcel, Egidio Torre Cantú y ahora a Francisco García Cabeza de Vaca. Por lo tanto, es un Estado abandonado por la Federación y gobernado por delincuentes y tipos miserables que no se preocupan por el bienestar de los tamaulipecos. A ello hay que añadir la presencia de un cartel (Zetas) que llegó a ser muy poderoso y que después se fragmentó en células más pequeñas que están por todo el país. En este contexto, nosotros como organización defensora de los derechos humanos, hemos sobrevivido porque nos hemos quedado en medio y hemos hecho un trabajo de documentación que no ha sido desmentido nunca gracias a la ciudadanía.
Y te pongo un ejemplo muy claro. Cuándo fue la masacre de migrantes en Camargo en 2021 (en la que fueron asesinados y calcinados 19 migrantes de Guatemala) fuimos la primera organización en denunciar que quienes habían matado a los migrantes no eran criminales sino policías. ¿Y cómo lo supimos? Por la información que nos proporcionó la propia gente de Camargo; policías y funcionarios que nos advirtieron que no había sido el crimen organizado.
Si nosotros no hubiéramos alzado la voz, las autoridades de Tamaulipas se hubiera zafado de ese asunto haciendo lo de siempre: culpar al crimen organizado. Poco después se detuvo a 11 policías estatales que reconocieron haber asesinado a los migrantes. Todo esto evidencia la corrupción existente, pero también el trabajo bien documentado que hacemos.
P. ¿Qué medidas vas a tomar?
R. Presentamos una denuncia penal, pero no confiamos en la Fiscalía. Sabemos que no le va a poner interés y sabemos, como en otros casos, que presionarán a la Fiscalía para que no se investigue. Antes de esto yo había preparado mi familia. Les advertí de los riesgos que corríamos con esta denuncia y tomamos algunas medidas que no pueden ser publicadas. No tenemos vehículos, escoltas ni dinero para salir del país. La denuncia pública es la única manera de protegernos. Estamos en desventaja frente a una institución que tiene toda la fuerza.
P. Con la defensa cerrada desde la presidencia a las Fuerazas Armadas ¿siente que además de enfrentarse al Ejército también tiene como enemigo a la presidencia?
R. Llegué a comprender el poder del Ejército en tiempos de Fox, Calderón y hasta Peña Nieto. Porque eran parte de un sistema de cogobierno ante el que habían cedido. Sin embargo, ilusamente pensé que cuando llegara al poder López Obrador, un hombre de izquierda y perseguido por esas mismas Fuerzas Armadas que le hicieron la vida imposible como opositor, él frenaría todo esto. Incluso, percibí positivamente la decisión de desmantelar el Estado Mayor Presidencial. Pero al final López Obrador resultó más militarista que Calderón. Es increíble el giro que ha tomado el presidente de México convirtiéndose en rehén. Un rehén que no puede hacer mucho por restarle poder a las Fuerzas Armadas. Ni siquiera con opciones para que se pueda llevar a cabo una investigación independiente y un proceso justo.
P. Una “investigación independiente”, tampoco pide tanto.
R. Si López Obrador se mantuviera al margen sería suficiente. Pero no, él decidió dejar la imparcialidad y sumarse a la defensa de las Fuerzas Armadas no como su comandante supremo sino como un defensor de oficio. Todo eso también nos sitúa en peligro y el presidente no lo entiende.
P. ¿Qué futuro prevee en Tamaulipas después de ser aprobada la presencia del Ejército en las calles hasta 2028?
R. La próxima década estamos condenados a perder libertades. Aun cuando estamos muy cerca de Estados Unidos y ellos presionan de muchas formas para retirar a los militares de las calles o de las instituciones, todo apunta al comienzo de una década negra. Una década donde las libertades de opinión, asociación o expresión están en grave riesgo. Todo esto nos obliga a formar un frente común, no contra el Ejército ni la Marina, sino en defensa de la ley y las libertades.