La Fiscalía General de la República solicitó desde mayo del año pasado investigar a un grupo de nueve militares que participó en una de las operaciones más bochornosas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La captura televisada por parte de una brigada del Ejército de uno de los capos más buscados, Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y presunto heredero del imperio criminal del cartel de Sinaloa, el 17 de octubre de 2019, y su inesperada liberación poco después, provocó una oleada de sospechas sobre la estrategia de seguridad del presidente. La reacción de los sicarios del cartel, que sitiaron la ciudad de Culiacán (Sinaloa), obligó —según declaró el mandatario— a ceder ante el poder del narco para evitar una tragedia mayor. Unos documentos en manos del Ejército, a los que ha tenido acceso EL PAÍS tras el hackeo masivo de sus correos, revelan una investigación en marcha de esas horas clave en las que un jefe del narco se salía con la suya.
En la primera carta remitida al fiscal militar, el general Miguel Carrasco Hernández, por parte de la Unidad Especializada de Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA), del 7 de mayo del año pasado, se pide una colaboración institucional para que se brinde toda la información sobre el fallido operativo. En el documento, la fiscal de la FGR solicita más detalles sobre “si existe reporte de algún patrullaje, apoyo perimetral para llevar a cabo algún acto de investigación por parte de la autoridad ministerial o Policía Federal Ministerial, Policía Federal, o de cualquier otra autoridad, el día 17 de octubre del 2019 en la calle de [...], en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en caso de contar con dicha información, mucho le agradeceré remita la documentación que justifique su intervención”. La dirección donde se encontraba el hijo de El Chapo ese día se omite por cuestiones de seguridad.
La misiva agrega: “Para el caso de confirmar la información, mucho le agradeceré que señale el nombre de quién estuvo a cargo de los 38 elementos del GAIN (Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico) quienes ejecutaron el operativo y de los restantes elementos que participaron dando seguridad exterior, o bien, rectifique la información en caso de contar con ella”. En los documentos siguientes, la fiscal se centrará en nueve de esos soldados.
Según otro documento enviado al mismo fiscal militar, del 11 de mayo de 2021, se pide que se notifique a un teniente de infantería y a un sargento que se presenten a las dependencias de la FGR para que declaren sobre un hecho puntual de aquel día. Los militares iban a bordo de una camioneta pick-up que fue robada por el narco para desatar el caos esa tarde en Culiacán. La FGR considera que su declaración es relevante para esta investigación de los hechos, pero no da más detalles. Cerca de esa camioneta abandonada horas después yacían dos personas asesinadas, según parte de la investigación de la FGR.
Además de los dos militares señalados, la fiscal busca entrevistar a siete más. Un número reducido de hombres que, según sus pesquisas, se encontraban en la casa de Ovidio Guzmán la tarde de los hechos. La fiscal no menciona al grupo completo del GAIN, sino a esos siete soldados y pide que informe sobre quién estaba a cargo de ese grupo. “Se cuenta con información de personal de la Sedena en la calle de [...], lugar donde se encontraba Ovidio Guzmán López el día de los acontecimientos del 17 de octubre. En caso de ser así, se le solicita que informe quién iba al mando directo del personal que se constituyó en dicho domicilio, con la finalidad de recabar su entrevista”, señala el texto.
Los oficios de la fiscal no aclaran si ese grupo se encontraba en la casa del capo antes de que se produjera el gran operativo, si formaban parte de este o iban por libre. En una carta de febrero de este año, la agente hace una lista de los siete soldados y los cita a declarar en marzo. No hay información, no obstante, sobre lo que señalaron los investigados.
Cronología de los hechos y responsables
En otro documento relacionado con la investigación de la FGR se observa una línea de tiempo de lo que sucedió ese día en Culiacán, según la cantidad de pruebas e indicios con las que hasta la fecha cuenta el organismo. La FGR divide la cronología del fracaso de la operación en seis escenarios: el primero, en el que los militares deciden la intervención; después, en el fraccionamiento donde vivía Guzmán; la toma violenta de la caseta Costa Rica; los balazos y posterior secuestro de un soldado en una unidad habitacional; la cárcel de Aguaruto, de la que se fugaron 47 presos; y la zona que ellos llaman River Car Wash, un negocio de lavado de coches donde se enfrentaron los narcos con los militares y se localizaron dos cadáveres. Según los registros, en otras avenidas de la ciudad, las autoridades contaron otros nueve muertos.
A finales de octubre de ese año, ante las altas cotas de indignación pública por la operación desastrosa, el presidente López Obrador señaló en una de sus mañaneras a un solo hombre como responsable del operativo, el coronel Juan José Verde Montes, responsable del grupo de élite antidrogas, el GAIN. Sin embargo, el documento de la FGR filtrado a través de los correos de la Sedena ni siquiera lo menciona.
Sí señala a otros altos cargos del Ejército, que ese día a las 11.20 horas dieron una comparecencia y a las 13.30 se reunieron en una dependencia militar para preparar la operación. La investigación de la Fiscalía registra hasta cuatro, entre coroneles y comandantes, que participaron en los preparativos.
A las 13.40 horas de ese 17 de octubre, un comandante recibe la instrucción de “prepararse para una posible salida”. Otro coronel, vinculado a la Guardia Nacional, se unirá a esta orden. Y a las 14.25 horas, comienza todo en la casa de Ovidio. El documento con imágenes a modo de línea de tiempo de la Fiscalía no menciona en qué momento llegan los militares a este punto. Solo registra su posible salida, a las 18.55 horas. “Sale un vehículo particular del garaje y se integra dentro de un convoy de camionetas con características de alguna corporación policiaca / militar, a bordo de ellas se observan personas armadas y uniformadas”, reza la leyenda de una imagen de una cámara de seguridad incluida en el informe.
Las cartas enviadas por la fiscal a su homólogo militar buscan cubrir esos huecos. ¿En qué momento llegaron los militares a la casa de Ovidio?; ¿qué grado de participación tuvieron en los hechos?; ¿cómo se decidió su liberación? Las respuestas son todavía un misterio. Los documentos enviados al fiscal militar revelan una nueva hipótesis, si alguno de los mandos más bajos pudo haber colaborado con el narco la fatídica noche del Culiacanazo.