Después de varias semanas de inactividad por el luto que guardó el Congreso de Morelos por el asesinato de la legisladora Gabriela Marín, este jueves 20 de octubre retomaron los trabajos la Junta Política y de Gobierno.
De acuerdo a los legisladores Mirna Zavala Zúñiga y Oscar Cano Mondragón, entre los puntos importantes que se acordaron a fin de poder avanzar los diversos pendientes antes de que acabe el año, es analizar los tres juicios políticos en contra del mandatario estatal.
La parte técnica de la Junta Política y de Gobierno será la encargada de realizar la revisión de los tres juicios políticos a fin de determinar si tienen nueve puntos o condicionantes que deben de cumplir.
¿Cuáles son los juicios contra el mandatario estatal?
El pasado mes de abril el Congreso del Estado turnó a la Junta Política y de Gobierno el juicio de procedencia contra Cuauhtémoc Blanco a solicitud de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Morelos.
Esta solicitud de juicio en contra del gobernador de Morelos derivó de tres carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, con el número de expediente FECC/625/2021, por el delito de fraude procesal, luego de que viajo a Brasil en las vacaciones decembrinas del año pasado, dejando acéfala la gubernatura y sin la autorización del Congreso Local.
El juicio de número FECC/478/2021-09 procesa por enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración debido a que sus percepciones no coinciden con sus declaraciones patrimoniales y en el tercer juicio se le acusa de ejercicio ilícito del servicio público y falsificación de documentos para obtener constancias de residencia en Morelos.
Asimismo, los legisladores locales dieron a conocer que también se acordó iniciar la revisión de los juicios de procedencia contra tres magistrados de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ): María Idalia “N”, Juan Emilio “N” y Manuel “N”.
El argumento en contra de los magistrados es que en el ejercicio de sus funciones tomaron determinaciones que van en contra de la Constitución afectando el debido proceso y a la víctima.