El Narco de Narcos estaba rodeado por más de una decena de marinos. Rafael Caro Quintero vestía con pantalón azul, camisa del mismo color y una gabardina beige cuando lo capturaron en la pequeña comunidad de Choix, en la sierra de Sinaloa. Las autoridades no querían correr ningún riesgo: la instrucción fue trasladarlo en avión directamente del Estado del Pacífico mexicano al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el centro de México. Las imágenes del operativo corrieron como pólvora la tarde del pasado 15 de julio: Caro Quintero bebiendo de una botella de agua que le entregaron durante la detención, después derrotado a bordo de una aeronave y finalmente, caminando despacio, escoltado y esposado al llegar al hangar de la Marina en Ciudad de México. Ha sido la captura de más alto perfil de un jefe del narcotráfico en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Cinco meses antes, la Casa Blanca había dejado por escrito que quería que las autoridades mexicanas agilizaran los trámites para extraditar a Caro Quintero, aun cuando el capo seguía prófugo. Washington no solo puso la extradición sobre la mesa bilateral de negociaciones sino que también le puso fecha a la petición: “tramitar antes del 1 de julio de 2022″. El Gobierno de Joe Biden también puso cifra al número de extraditados que exigía de las autoridades mexicanas: “Devolver las extradiciones generales al promedio histórico de 60 por año en 2022″. La información se desprende de varios documentos de trabajo de este año que forman parte del Entendimiento Bicentenario, el plan de seguridad que anunciaron ambos países en octubre del año pasado, e incluye a otros narcotraficantes de alto perfil, de acuerdo con los correos hackeados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a los que ha tenido acceso EL PAÍS.
La lista de deseos de Estados Unidos incluyó a Abigael González Valencia, alias El Cuini, mano derecha y cuñado del fundador del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. EE UU también requirió la extradición de los hermanos Miguel Ángel, el Z-40, y Omar Treviño Morales, el Z-42, fundadores de Los Zetas, considerado uno de los grupos criminales más sanguinarios de México y al que se atribuye el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Otro de los objetivos es identificado solo como “Villarreal” y es posible que haga referencia a José Rodolfo Villarreal Hernández, El Gato, jefe de plaza del Cartel de los Beltrán Leyva y que llegó en 2020 a la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. En esa lista también figuraba el nombre de Caro Quintero.
“Los Gobiernos de Estados Unidos y México colaboran regularmente en torno a solicitudes de extradición. El Gobierno de EE UU está entusiasmado de aumentar nuestra cooperación en materia de seguridad compartida bajo el Marco Bicentenario”, señala un portavoz de la Embajada de Estados Unidos en México, que ha decidido no hacer más comentarios. Por su parte, un vocero de la Cancillería mexicana asegura que de manera bilateral se transita a un nuevo enfoque en materia de extradiciones estratégicas para cada país: para EE UU la prioridad son los líderes del tráfico de drogas, con especial énfasis en el fentanilo; para México lo son los personajes vinculados al tráfico de armas y al desvío de recursos públicos. El funcionario, que ha solicitado mantener en reserva su nombre, dijo que a partir de 2023 se acelerará la petición de extradiciones a México por esos delitos. Este periódico también solicitó a la Sedena un posicionamiento, pero no ha recibido respuesta.
Todos los capos requeridos por EE UU se encuentran detenidos en cárceles de México, a excepción de El Gato Villarreal, que sigue prófugo. En casi todos los casos, las autoridades mexicanas y estadounidenses han intentado su extradición, sin éxito hasta ahora. Los juicios se han entrampado debido a amparos presentados por la defensa legal de los propios narcotraficantes.
De acuerdo con documentos judiciales de Cortes estadounidenses obtenidos por este diario, Caro Quintero es requerido en California por el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, en los años ochenta. El capo tiene otras tres causas abiertas en Texas, Arizona y Nueva York por narcotráfico. Aunque tras su captura se inició un juicio de extradición en su contra, el proceso se encuentra empantanado, a la espera de que se resuelvan todos los amparos y otros recursos legales de sus abogados. Hasta ahora no se ha anunciado una fecha concreta para que sea entregado a EE UU.
El Cuini fue acusado por EE UU en noviembre de 2013 de actuar en contubernio con El Mencho para importar y distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana en ese país, así como en Colombia, Guatemala, Ecuador y México, entre los años 2000 y 2014. También fueron señalados de cometer asesinatos, secuestros, actos de tortura y de corromper autoridades. Abigael González Valencia es identificado en la demanda como líder de Los Cuinis, organización criminal aliada del CJNG. Fue capturado en febrero de 2015 y desde entonces fue apresado, primero en el penal del Altiplano, en el Estado de México, y luego en el reclusorio Oriente, en la capital del país. El Cuini es hermano de Rosalinda González Valencia, esposa de El Mencho y quien también fue detenida en noviembre del año pasado.
Tras la captura de El Cuini, el Gobierno mexicano emitió dos acuerdos favorables a su extradición, uno en 2016 y otro en 2019. A la postre ambos intentos fueron echados atrás por resoluciones de jueces federales. La penetración del CJNG en EE UU ha encendido las alertas de las autoridades de seguridad de ese país. Según un informe de 2019 de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, la organización criminal del Mencho tiene presencia en 26 ciudades, en clara disputa territorial con el Cartel de Sinaloa, que está presente en 49. El informe da cuenta de otras organizaciones criminales mexicanas con menor penetración en territorio estadounidense, como el Cartel del Golfo, Los Beltrán Leyva, Los Rojos, Los Zetas (o Cartel del Noreste), Guerreros Unidos, Cartel de Juárez (o La Línea) y La Familia Michoacana.
La situación de los hermanos Treviño Morales es parecida a la de El Cuini: tras ser detenidos, ambos han logrado poner trabas a sus extradiciones. El primero en caer fue Miguel Ángel, el Z-40, entonces líder de Los Zetas, en un operativo de la Marina llevado a cabo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2013. Tras su captura, su hermano Oscar Omar, el Z-42, asumió el liderazgo de la organización criminal. Dos años después, él también fue detenido, esta vez por el Ejército. El primero se encuentra recluido en un penal federal de Chiapas y el segundo en uno de Sonora.
Ambos capos fueron acusados por EE UU en 2012 de conspiración para lavar dinero proveniente de la venta ilegal de drogas en ese país, principalmente cocaína y marihuana, de acuerdo con los documentos judiciales consultados por este periódico. La acusación, que involucra a otras 13 personas, señala que las drogas fueron primero introducidas en México desde Colombia y Venezuela a través de barcos, aviones y autos, para después trasladarlas a Texas.
A partir de ahí, los hermanos Treviño Morales lavaron activos en EE UU mediante la compra de caballos cuarto de milla y las apuestas en carreras equinas –una actividad legal– con el apoyo de familiares que vivían en ese país. “Las ganancias de la venta ilegal de narcóticos en Estados Unidos serían transportadas a México a través de cargamentos de dinero en efectivo. Esos cargamentos serían entregados a los jefes de plaza [de Los Zetas] para su posterior distribución a fin de continuar la distribución ilegal de drogas y para lavar las ganancias mediante varias actividades”, dice la demanda. Las defensas legales tanto del Z-40 como del Z-42 han promovido amparos en contra de su extradición a EE UU, procesos que a la fecha están detenidos.
José Rodolfo Villarreal Hernández, El Gato, otro de los objetivos extraditables y que sigue prófugo, es buscado por el FBI por haber ordenado el asesinato del abogado de Osiel Cárdenas Guillén, fundador del Cartel de Los Beltrán Leyva. Jefe de plaza de esta organización criminal en Monterrey y San Pedro Garza García, en Nuevo León, El Gato habría contratado a sicarios para consumar el homicidio, que ocurrió en mayo de 2013 a las afueras de un centro comercial de Southlake, Texas, a plena luz del día. En octubre de 2020 su nombre fue incluido en la lista de los fugitivos más buscados por el FBI, donde ya figuraba el de otro capo también acusado de un asesinato: Caro Quintero.
Un intercambio de correos entre las autoridades estadounidenses y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Sedena da cuenta de cómo se definieron las acciones prioritarias para ambos Gobiernos como parte del Entendimiento Bicentenario, el esquema de colaboración bilateral en Seguridad que sustituyó a la Iniciativa Mérida. Las acciones se agrupan en tres ejes generales que se hicieron públicos desde un inicio: “Proteger a nuestra gente”, “Prevenir los delitos transfronterizos” y “Perseguir las redes criminales”. La filtración, sin embargo, saca a la luz cuáles son los indicadores específicos para medir los avances en cada objetivo.
El caso de las extradiciones se agrupa en la persecución de grupos delictivos como indicador y se plantea siempre en una sola dirección: “Aumento del número de extradiciones de fugitivos buscados de México a Estados Unidos”. El portavoz de la SRE consultado no se pronunció sobre esta afirmación, pero sugirió que será a partir del próximo año cuando comenzarán a concretarse más extradiciones de EE UU hacia México.
Los documentos revisados muestran que Washington también exigió un incremento de los casos judiciales que se presentan contra el narcotráfico y del número de condenas conseguidas. En la versión pública de esos planes de acción cambia el tono: no se habla de lograr condenas y llegar a una cuota de extraditados, sino de “aumentar la cooperación en materia de extradiciones”. Las extradiciones son el último punto que se menciona en los comunicados oficiales.
En 2021 se registraron 43 extradiciones de México a Estados Unidos, la cifra más baja en los últimos 15 años, de acuerdo con un informe del Congreso estadounidense publicado este año. Los datos del Departamento de Justicia muestran cómo las extradiciones se dispararon durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) a una media de 98 extraditados por año, casi el triple de los 35 que promedió la Administración de Vicente Fox (2000-2006), en el inicio de la llamada guerra contra el narco. Con Enrique Peña Nieto (2012-2018), el promedio cayó a 65 extradiciones por año. El sexenio de López Obrador arrancó con esa misma inercia, hubo 58 en 2019 y 60 en 2020, antes de desplomarse el año pasado, según las estadísticas oficiales.
El énfasis en las extradiciones que se hacía en privado ayuda a entender las declaraciones que se hacían en público. Apenas una semana después de la captura de Caro Quintero, el fiscal general de EE UU, Merrick Garland, sostuvo una llamada con Marcelo Ebrard, el titular mexicano de Exteriores, para concretar su extradición. “Ambos líderes reafirmaron su compromiso para trabajar de forma expedita en la extradición de Caro Quintero”, se lee en el comunicado oficial.
El embajador Ken Salazar también ha insistido. En una visita a Colima, uno de los focos rojos de la violencia en México, Salazar se reunió con la gobernadora Indira Vizcaíno para abordar la crisis de seguridad y pidió públicamente que se intensificaran las extradiciones de acusados y delincuentes. “Nosotros los queremos en Estados Unidos, que nos los manden lo más pronto que se pueda”, comentó el embajador el pasado 9 de agosto, apenas unas horas antes de que el CJNG impusiera el caos con varios narcobloqueos en Jalisco, mientras las autoridades intentaban la captura de un jefe regional. “Esa es una manera muy efectiva para tener impacto en esta delincuencia”, agregó Salazar.
Para el 17 de agosto, la Embajada estadounidense volvió a hablar de la importancia de aterrizar el Entendimiento Bicentenario en acciones concretas. “En dicho marco, ambos países se comprometieron a mejorar la seguridad y a proteger mejor a nuestra gente. Sin seguridad no hay prosperidad” y “Es tiempo de resultados” fueron algunas de las consignas de Salazar. Para el 23 de agosto, el embajador estadounidense cambió el discurso y agradeció al Gobierno mexicano por la extradición de Carlos Arturo Quintana, El Ochenta, cabecilla del Cártel de Juárez.
Apenas la semana pasada, Ebrard viajó a Washington para un diálogo bilateral de alto nivel en seguridad, junto a su homólogo estadounidense Antony Blinken y otros funcionarios clave en la Administración de Biden. “Seguiremos trabajando de cerca con nuestros socios en México para investigar, arrestar, extraditar y enjuiciar a miembros de las peligrosas organizaciones criminales”, dijo el fiscal Garland. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y parte de la delegación mexicana, destacó que durante el Gobierno de López Obrador se logró “el número más alto de arrestos en la historia”: más de 65.000 supuestos criminales, casi 6.000 de grupos del crimen organizado.