La proliferación de empresas fraudulentas conocidas como montadeudas ha motivado una reacción de las autoridades financieras y bancos privados.
La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) trabajan en el diseño de denuncias conjuntas contra este tipo de compañías bajo los delitos de extorsión, evasión fiscal y suplantación de identidad, entre otros, así lo dieron a conocer fuentes del sector.
Información de las autoridades financieras compartida entre los bancos revela que se ha logrado diseñar una estrategia legal para inhibir la operación de este tipo de fraudes que, de momento, sigue afectando principalmente a la población de menores recursos.
Pese a que se ha tenido una fuerte afectación por medio de este tipo de engaño, las denuncias son escasas. Ante ello, las autoridades argumentarán contra los montadeudas que han afectado a la hacienda pública al no pagar impuestos, además de perseguir delitos como la extorsión y suplantación de identidad.
La procuraduría fiscal tomará el papel de víctima en representación del Estado, y los delitos financieros en su contra requerirán la opinión de la CNBV sobre su procedencia.
La banca comercial ya colabora con las autoridades para disminuir estos delitos, por lo que se apresura la identificación y “baja” de páginas web que ofrecen créditos, pero que a partir de engaños cometen fraudes contra la población.
“Ya se identificaron 19 montadeudas. Se están bajando y, por lo que tengo entendido, es probable que próximamente haya una ley con características muy punitivas para aquellos personajes que sean identificados y que se capturen haciendo este fraude”, dijo el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker.
Con datos al cierre de agosto del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, se han identificado 313 aplicaciones activas, 39 páginas web, 28 aplicaciones dadas de baja y 319 no encontradas.
Engaño en auge
El esquema de montadeudas tomó relevancia desde que el tema fue abordado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a mediados de año, lo cual derivó en acciones de las autoridades en contra de centros de operación de algunas de estas empresas establecidos en pleno centro de la Ciudad de México.
El fraude, que se lleva a cabo a partir de préstamos con tasas impagables, mayores a 180% a la semana, con montos pequeños, tiene un esquema de cobranza intimidatorio, ya que el interesado debe instalar una aplicación en su teléfono a la cual concede permisos para acceder a contactos y fotografías.
Una vez que los operadores del fraude han tomado el control del dispositivo, comienzan a enviar mensajes intimidatorios y amenazas a la víctima y sus conocidos, con el objetivo de obligarla a pagar.
Se estima que unas 500 mil personas han sido afectadas por este esquema de fraude, en el que el principal problema es la falta de legislación para proteger a los usuarios, además de la necesidad de campañas de comunicación más activas para prevenir la estafa.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha alertado sobre la forma de operación de las aplicaciones falsas que roban datos personales de gente que busca obtener un préstamo rápido.
“Algunas entidades financieras que otorgan crédito y tarjetas de crédito a través de aplicaciones móviles (apps) y páginas de internet te condicionan a entregarles datos personales sensibles, información diversa de tu celular: ID del teléfono, lista de contactos, cámara y micrófono, galería de fotos, redes sociales e información íntima que sólo a ti te pertenece”, advirtió.
Avances legales
Durante su comparecencia reciente ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el procurador fiscal, Arturo Medina, detalló que ya se han presentado querellas por estos fraudes y se han obtenido al menos 20 opiniones de delitos por parte de la CNBV, debido a que estas empresas utilizan un lenguaje confuso entre la población al hacerse pasar como instituciones del sistema financiero y por llevar a cabo actividades que no les están permitidas.
“El gobierno de México y la Secretaría de Hacienda no sólo están comprometidos con la recaudación de grandes contribuyentes, sino también en defender a la población que menos tiene”, señaló el funcionario.
La persona que pide un crédito de 10 mil o 20 mil pesos por la necesidad que enfrenta “también tiene que ser atendida, y nos muestra el nivel o la relevancia que le tenemos que dar a esta problemática”, dijo entonces Medina.
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