Después de décadas de tormentas, chubascos y cielo nublado, el arcoíris de la diversidad cubrió al país, y aunque el matrimonio igualitario ya es legal en todo México, aún faltan muchas batallas por ganar para la comunidad LGBTI+.
La consigna es sencilla: el amor y los derechos son para todos por igual y no se negocian, lo cual está estipulado en el artículo 4 de la Constitución.
A pesar de esto, legislaciones locales, actores políticos y grupos conservadores intentan frenar, criminalizar y menoscabar a quienes piensan y aman distinto que ellos, utilizando argumentos religiosos en un Estado laico.
Del otro lado de la moneda, el orgullo de ser quien se quiera ser y amar libremente no se volverá a esconder. Al contrario, la comunidad está dispuesta a ganar todos los derechos que históricamente les han sido arrebatados.
Aunque la historia de la resistencia y lucha de la comunidad LGBTI+ data de muchos años atrás, las primeras expresiones públicas de manifestaciones comenzaron en la década de los setenta.
Las protestas en las avenidas y plazas públicas crecieron a la par del orgullo y la visibilidad, pero también la discriminación, la homofobia y los crímenes de odio.
Apenas el año pasado cifras oficiales revelaron que 78 personas integrantes de la comunidad LGBTI+ fueron asesinadas por razones de odio, aunque debido a que no existe ninguna metodología para clasificar dichos delitos, la cifra podría ser mucho mayor.
La organización no gubernamental Letra S reveló que de acuerdo con su conteo fueron asesinadas por lo menos 179 personas, es decir, en promedio un homicidio cada dos días.
En un país en el que una de cada 20 personas se identifica como integrante de la comunidad LGBTI+, de acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 del INEGI, aún quedan muchas deudas por saldar y derechos que otorgar y respetar.
El matrimonio igualitario es legal en todo el territorio nacional, pero cinco entidades no han actualizado su código civil para que sea ley, en 11 estados no se permite que las parejas homoparentales puedan adoptar menores de edad, persisten las terapias de conversión, la discriminación, la falta de representación política y, apenas el Instituto Mexicano del Seguro Social, emitió un criterio de interpretación para que las parejas de la comunidad LGBTI+ que tengan una relación de concubinato tengan acceso al seguro de enfermedades y maternidad y a una pensión por viudez.
Discriminación a la comunidad LGBTI+, trabajo pendiente
A pesar de que hubo protestas, lluvia de ataques y amenazas de grupos religiosos y conservadores, el 21 de diciembre del 2009 la Asamblea Legislativa aprobó una enmienda al artículo 146 del Código Civil del entonces Distrito Federal para que se dejara de calificar al matrimonio como la “unión libre de un hombre y una mujer” y pasara a ser la de dos personas.
Por instrucción del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, la reforma fue publicada en la Gaceta Oficial y entró en vigor el 4 de marzo de 2010. A partir de esa fecha, el matrimonio entre personas del mismo sexo fue posible en la Ciudad de México y reconocido en el resto del país.
Un mes después de que entró en vigor la unión entre personas del mismo sexo en la capital del país, el actor y director mexicano, Felipe Nájera, contrajo matrimonio con el productor teatral y defensor de derechos humanos, Jaime Morales, con quien mantenía una relación desde el 2001.
En 2012, Felipe y Jaime se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo a la que una institución pública les otorgó la adopción de una bebé llamada Alejandra.
En entrevista con Reporte Índigo, Felipe Nájera comenta que está muy contento de que el matrimonio igualitario ya sea legal en todo el país, pero aclara que aún falta mucho por hacer, sobre todo fuera de los límites de la Ciudad de México.
“En México falta mucho por hacer, si bien el matrimonio igualitario ya está en los 32 estados, nos quedan debiendo, porque hay mucha discriminación, estamos batallando con las poblaciones trans que están viviendo asesinatos constantemente en todo el país, son los más lastimados.
“Hay que seguir haciendo un trabajo de visualización y de respeto. Hace unos días el Senado de la República aprobó una ley que prohíbe y castiga las terapias de conversión. La Ciudad de México es la punta de lanza y ya aceptó la ley sobre las infancias trans para que los menores de edad puedan hacer su reasignación en actas de nacimiento acompañados de un adulto, eso está muy bien, pero falta que se haga en toda la República”, comenta.
Respecto a la adopción homoparental, el activista señala que a pesar de que ya se ha legislado al respecto en varias entidades, aún persiste la discriminación y los prejuicios por parte de las autoridades gubernamentales.
“Sigue habiendo gente que a pesar de que hay una ley imponen sus prejuicios cuando están trabajando en el gobierno, por eso hay que estarlos fiscalizando y vigilando para que no sucedan ese tipo de cosas.
“Se ha avanzando mucho de 10 años para acá, ya hay mucha legislación pero ahora hay que pasar a las acciones. Hay que hacer que siempre prevalezca el amor de persona a persona, el respeto, la información y pensar que muchas veces nuestras creencias no son las correctas respecto a los derechos de los demás”