Además de algunos fideicomisos que aún siguen vivos y que corresponden al gobierno federal, los poderes Judicial y Legislativo, y los entes autónomos también tienen sus “guardaditos”, que al corte del 30 de junio de 2022 suman una bolsa de 19 mil 480 millones 979 mil 570 pesos, de acuerdo con los informes trimestrales que la Secretaría de Hacienda (SHCP) remite a la Cámara de Diputados.
Se trata de 15 fideicomisos con recursos para dar mantenimiento a las casas de jueces y magistrados, para pagar pensiones a altos mandos del Consejo de la Judicatura, y para pagar un plan de prestaciones médicas a integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre otros.
La Cámara de Senadores tiene 794 millones de pesos disponibles en un fideicomiso para hacer remodelaciones o adquirir mobiliario para el interior de sus instalaciones ubicadas en Insurgentes y Reforma, en la capital.
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El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tiene tres fideicomisos: el primero, con 4 mil 335 millones de pesos disponibles para pagar pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados; uno más con 62 millones de pesos para el mantenimiento de las casas-habitación de magistrados y jueces, y el tercero tiene una bolsa disponible de 63 millones de pesos para brindar apoyos médicos complementarios a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación.
La SCJN no se queda atrás, pues tiene dos fideicomisos: el primero tiene 756 millones de pesos disponibles también para pagar pensiones complementarias sólo a los mandos superiores del máximo tribunal, que se otorgan de manera mensual y son complementarias a las otorgadas por el ISSSTE.
Adicionalmente tienen un fideicomiso con más de 131 millones de pesos disponibles para dotar de un plan de prestaciones médicas al personal de la Suprema Corte.
Desde el inicio de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado lo que él llama “los privilegios” en los otros poderes.
El pasado 28 de julio recordó que, con el apoyo de la bancada de Morena en el Congreso, logró reformar la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, para establecer que nadie ganará más que el Jefe del Ejecutivo federal, lo que derivó en más de 3 mil 500 amparos por parte de jueces, magistrados y empleados de la judicatura. En ese acto, también habló de los fideicomisos del Poder Judicial.
“Y aun con los amparos, de todas maneras, ya no se gana lo mismo en el Poder Judicial. Y había gastos que ya no existen. Por ejemplo, ministros tenían gastos para sus domicilios, trabajadoras domésticas y otros. Todo eso ya se ha venido quitando”, señaló; sin embargo, de acuerdo con el informe, el fondo para el mantenimiento de las casas-habitación de magistrados y jueces aún no se extingue, sigue vigente con un monto disponible superior a los 62 millones de pesos.
Al respecto, Alberto Aziz, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), recordó que el dinero del Poder Judicial son recursos autogenerados que no vienen del presupuesto.
“El Poder Judicial ha tenido una serie de recursos que ha ido acumulando a lo largo de décadas y que le ha permitido contar con las mejores condiciones del sector público en términos de salarios y prestaciones, las que sí resultan muy superiores frente a los servidores de la administración federal”, expuso.
Aziz Nassif reconoció que “en el contexto actual”, el uso de esos recursos es percibido como un exceso, derivado de la política de austeridad implementada por el Ejecutivo Federal.
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“Podríamos cuestionar un poco esto de la austeridad obsesiva del actual Presidente, a través de la cual ha ido secando la administración pública, ha ido destruyendo capacidades del sector público y del Estado con el fin de tener esta austeridad que no se justifica, pero vemos que, pese a ello, aún hay excepciones, el Poder Judicial es una de esas excepciones que ahora en el contexto actual se pueden ver como privilegios”, expresó.
Por su parte, el analista político Hernán Gómez Bruera calificó de escándalos los fideicomisos del Poder Judicial.
“Estos fideicomisos son un escándalo. El Poder Judicial en México es el más opaco de los tres poderes. Normalmente le ponemos muy poca atención tanto los medios como la opinión pública en general, a pesar de que hoy probablemente sea el más corrupto y dispendioso de todos los Poderes de la Unión. Los sueldos de jueces y magistrados en México son de los más altos en todo el continente. Si a eso le sumamos sus canonjías y privilegios, la cosa es aún más preocupante. Transformar de fondo el Poder Judicial sigue siendo uno de los retos más importantes de la 4T”, declaró.
Autónomos
Los fideicomisos de los entes autónomos reportados en el informe trimestral de la Secretaría de Hacienda son el Fondo de Infraestructura y Equipamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con más de mil 630 millones de pesos; el Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia de la Fiscalía General de la República (FGR), con más de 2 mil 470 millones de pesos; así como el Fondo para Solventar las Contingencias Derivadas de Juicios Laborales de la Comisión Federal de Competencia Económica (CCE) de 17.8 millones, entre otros.
En lo que respecta al Instituto Nacional Electoral (INE) se reporta la existencia de los fideicomisos Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral, y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral; sin embargo, los montos no están publicados, y se advierte que “se encuentran en proceso de publicación en el Diario Oficial de la Federación”. Hasta el año pasado, el INE reportó una bolsa de 947 millones de pesos en ambos fideicomisos.
Finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reporta la existencia del Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España; sin embargo, la cuenta aparece en ceros; “se informa que no se tuvieron movimientos ni de ingresos ni de egresos que reportar”.