En medio de críticas y de un rezago en el desahogo de expedientes, hoy se cumplió un año de la implementación del nuevo sistema de justicia laboral en el estado de Morelos.
Fuentes del Poder Judicial, de quien ahora dependen los tribunales laborales, consideraron que el balance en este primer año es poco satisfactorio debido a que el Centro de Conciliación del Estado de Morelos no cumplió con las expectativas esperadas.
De acuerdo con la reforma federal que dio nacimiento al nuevo sistema de justicia laboral en el país, previo al inicio de un litigio, las partes –patrón y trabajador- deben llevar a cabo un proceso de conciliación con el propósito de arreglar las desavenencias por medio de acuerdos y evitar el litigio desgastante y costoso tanto para los implicados como para el Estado.
Sin embargo, el Centro de Conciliación local no solo cerró por falta de presupuesto su sede en el municipio de Jojutla (que apenas tenía cuatro meses en funciones) sino que generó una saturación en las otras dos sedes, en Cuernavaca y Cuautla, por la falta de personal y la improvisación de “conciliadores”.
Esto provocó que, en lugar desalentar los conflictos, los detonara y los tribunales laborales comenzaran a saturarse.
Conforme a estadísticas parciales del Poder Judicial, hasta el mes de septiembre de 2022, los tres tribunales laborales (Cuernavaca, Jojutla y Cuautla) tenían en trámite más de 200 expedientes El Colegio Morelense de Abogados, que lidera el litigante laboralista, Juan Juárez Rivas, desde el arranque -el 3 de noviembre de 2021- del nuevo sistema de justicia laboral en Morelos advirtió que la falta de presupuesto, capacitación del personal y compromiso de los directivos del Centro de Conciliación ponían en riesgo su viabilidad.
Al cumplirse el primer año de la implementación de la nueva justicia laboral, la crítica permanece y se suman las quejas por la continuidad de los vicios del sistema laboral anterior.
En su opinión personal, el magistrado y director de la Escuela Judicial del TSJ, Carlos Iván Arenas Ángeles, consideró necesario hacer una evaluación que permita una autocrítica entre los operadores del sistema de justicia laboral, con el propósito de detectar los fallos e implementar mejoras.
“Debemos de hacer un análisis, una crítica, que nos permita dar a conocer públicamente qué está pasando, si estamos trabajando bien o si estamos trabajando mal, y lo bueno hacerlo del conocimiento público y en lo malo tomar las medidas que se tengan que realizar que nos permitan que eso cambie”, señaló.
También conminó a los litigantes laboralistas a sumarse al esfuerzo por mejorar la justicia laboral e implementar buenas prácticas.