De 2010 a 2020, Guerreros Unidos controló el norte del Estado de Guerrero, un enorme rombo criminal que nacía en Iguala y apuntaba a Michoacán, Morelos, Acapulco y el Estado de México, conectado directamente con Estados Unidos, donde vendía heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana. El grupo delincuencial, que coordinó el ataque contra los estudiantes normalistas en Iguala, en septiembre de 2014, mantenía en ese municipio el núcleo logístico y simbólico de su red neuronal. Allí concentraba la droga que mandaba al norte. Allí vivían y mandaban sus familias fundadoras, los Vega y los Casarrubias.
Esbozada decenas de veces desde el ataque, la estructura del grupo criminal -sus dimensiones, capacidades y alcance- aparece clara como nunca en el documento de acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra 83 integrantes de su red, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Entregado al juez en agosto, controvertido por las tiranteces que provocó al interior de la FGR, el documento señala los inicios del grupo, con alias El Minicúper, un Vega, y su decadencia, con la detención de José Ángel Casarrubias, alias El Mochomo.
El texto, basado en nueve testimonios de integrantes del grupo y personas de su entorno, además de otras pruebas, arroja luz además sobre el ataque y plantea una teoría del caso desconocida hasta ahora, como explicó este diario en una nota publicada el sábado. Según esta teoría, Guerreros Unidos atacó a los muchachos en medio de una batalla contra un grupo contrario, el Cartel de la Sierra. Se trata de una tesis distinta aunque complementaria a la que ha manejado otro de los equipos de investigación, la comisión presidencial, dependiente del Gobierno. La comisión plantea que fue un cargamento de droga en peligro lo que detonó el ataque.
La interacción entre el documento, conocido en el medio como pliego de consignación, y el último informe de la comisión presidencial es constante. Así, dos testigos protegidos, Neto y Carla, parte también de Guerreros Unidos, hablan de alias El Negro, nombre importante en el controvertido paquete de pruebas que la comisión presentó en agosto como parte de su informe. En las pruebas, decenas de mensajes supuestamente intercambiados por Guerreros Unidos durante y después del ataque, señalados como inverificables por el tercer equipo de investigadores, el grupo de expertos internacionales que la CIDH comisionó a México, El Negro aparece como un operador omnipresente en la noche de los hechos.
El documento revela también detalles de cómo los investigadores dieron con restos de dos de los 43, en 2020 y 2021. El testigo protegido Juan, parte de la estructura de Guerreros Unidos y partícipe del ataque, relata cómo el grupo criminal habría movido restos de los muchachos, en horas y días posteriores a la embestida. Según Juan, Guerreros Unidos arrojó restos humanos en “el camino al basurero de Cocula”. En 2020 y 2021, las autoridades hallaron en la ladera que baja de ese camino, la barranca de la Carnicería, partes de huesos que en vida pertenecieron a dos de los 43 normalistas desaparecidos, Jhosivani Guerrero y Christian Rodríguez.
En las declaraciones de Juan, Carla, Neto y los demás integrantes de Guerreros Unidos acogidos al programa de testigos protegidos, las partes que hablan de los orígenes y la estructura del grupo criminal parecen más creíbles que las que aluden al ataque. Estos años, los familiares de los 43 y sus abogados han escuchado con cierto recelo los testimonios, partiendo de un argumento fundado: todo lo que digan del ataque podría ser conveniente para ellos, apuntalando, por ejemplo, teorías que se aparten de sus pasos aquella noche.
Algo distinto ocurre con los mensajes interceptados por la oficina de la DEA en Chicago en la época del ataque, intercambiados entre integrantes de la red en México e Illinois. El líder del grupo allá, Pablo Vega, hablaba con su gente aquí, entre ellos Adán Casarrubias, alias Soldado del Amor. Incontrovertibles, estos mensajes muestran una clara cercanía de Guerreros Unidos con militares en la época.
Después de los Beltrán
Fueron diez años de equilibrio criminal en Iguala y alrededores. Guerreros Unidos nació y creció tras la implosión del Cartel de los Beltrán Leyva, empezó a decaer con el caso Ayotzinapa y entró en su ocaso tras la detención del Mochomo y las divisiones posteriores. Pero en la década de 2010 a 2020, no hubo otra voz en la región. Para ello, el grupo criminal, una nebulosa de células más o menos jerarquizadas en torno a los Casarrubias, principalmente, armó una red de apoyo entre alcaldes, policías, militares y funcionarios estatales, que le permitió funcionar sin demasiados problemas hasta el ataque contra los normalistas.
Los integrantes más antiguos de la organización, cuyo testimonio figura parcialmente en el documento de acusación de la Fiscalía, explican su origen. Walter Deloya, preso desde hace años, cuenta por ejemplo que empezó a laborar con el grupo hacia 2010. Trabajador de la Compañía Federal de Electricidad, Deloya acudió al llamado de un viejo compañero de escuela, Marco Vega, alias El Minicúper. Para entonces, dice Deloya, Vega , hermano de Pablo, ya manejaba una ruta de “cocaína y cristal” a “Chicago, Houston y Atlanta” en autobuses de pasajeros.
Deloya, uno de los testigos que acusa al capitán del Ejército José Martínez Crespo de colaborar con el grupo criminal, añade que Marco Vega mandaba en esa época un autobús cada dos semanas a EE UU “con 500 kilos, ya sea de coca o de cristal”. Ya entonces, El Minicúper compartía liderazgo con los Casarrubias, principalmente con Mario, que murió de covid en prisión a mediados del año pasado. Deloya relata la red de apoyo con que contaba ya entonces el grupo. “Controlaba las policías de Apaxtla, Teloloapan, Iguala, Taxco (...) con el apoyo de la [policía] estatal, de la ministerial y policías federales”.
Los testigos protegidos de Guerreros Unidos dan igualmente detalles de los primeros años, entre ellos Juan, Carla, Neto o Samuel. También hablan de la estructura que fue conformándose con el tiempo, la aparición en escena de la célula de Los Tilos, los hermanos Benítez Palacios, alrededor de 2013, con presencia en Iguala y Huitzuco, uno de los lugares donde los investigadores creen que los criminales pudieron llevar a una parte de los muchachos desaparecidos.
Para el momento del ataque contra los normalistas, Guerreros Unidos ya era una hidra gigantesca con decenas de sicarios y autoridades coludidas. La fiscal Tania Villa, autora del pliego de consignación, relata que los Casarrubias y los Vega, estos últimos a cargo de la operación en EE UU, se apoyaban en un grupo de gente entre los que destacaban Jesús Pérez Lagunes, su enlace con las autoridades, Juan Salgado Guzmán, El Indio, asesinado por agentes de la FGR el año pasado, según la comisión presidencial, Raúl Núñez, La Camperra, o Ernesto Miranda, El Alemán. “Esta es la estructura principal”, escribe Villa.
Debajo, Villa apunta las células de Los Tilos y al lado o justo debajo -a veces no es clara la narración- la de Nicolás Nájera Salgado, que manejaba el clúster criminal operativo en Iguala. Villa dice en un punto del pliego que Nájera Salgado tenía alrededor de 60 sicarios bajo su mando. En otro, que son 100. Son páginas enteras llenas de nombres de criminales, policías y también militares, conformando una red enorme.
Algunos integrantes de Guerreros Unidos hablan también del ocaso. Y lo hacen a partir de un vídeo publicado en redes, en octubre de 2021, que los fiscales les mostraron durante la declaración. Es un vídeo en que el grupo rival del Cartel de la Sierra -grupo cuya incursión, en septiembre de 2014, fue el origen del ataque contra los normalistas, según la Fiscalía- tiene sometidos a dos decenas de hombres, parte de los restos de Guerreros Unidos tras la caída de El Mochomo.
El testigo Juan reconoce a algunos, caso del “Wicho de las Flores”, a quien identifica como un lugarteniente de Los Tilos, Uvaldo López Casarrubias, familiar de los antiguos jefes, o el hijo de Ignacio Aceves, comandante de la policía de Cocula en el momento del ataque. La testigo Carla habla igualmente del hijo de Ignacio Aceves y otros personajes, diciendo siempre si participaron de alguna forma o no en el ataque de septiembre de 2014. A muchos los relaciona con Chucho Brito, al parecer el líder de uno de los grupos que surgió de Guerreros Unidos, La Bandera. Brito es uno de los 83 cuya detención pidió la FGR en agosto.
Las menciones a El Negro
Una de las grandes polémicas de los últimos meses en torno al caso Ayotzinapa ha sido el contenido del informe de la comisión presidencial, en particular las 467 capturas de pantalla que recogen supuestos intercambios de mensajes entre integrantes de Guerreros Unidos. En los intercambios se habla del posible destino de los estudiantes y los manejos posteriores de los criminales para evitar que se encontraran los cuerpos de los muchachos.
El GIEI, el grupo de expertos que la CIDH mandó a México para ayudar en el caso, ha señalado que no hay forma de verificar la autenticidad de las comunicaciones. Al fin y al cabo, son solo eso, screenshots de mensajes. Los investigadores no han podido acceder a los mensajes originales o a los dispositivos que los mandaron y/o los recibieron. La comisión espera poder hacerlo y mientras tanto la duda continúa.
Dicho lo anterior, el contenido de los mensajes extrañó a muchos en México, dado el protagonismo de un personaje que no figuraba en los escalones altos del organigrama del grupo criminal, que estos años han construido los investigadores. Se trata de alias El Negro, cuyo nombre se desconoce. En los mensajes, El Negro habla continuamente con El Chino, trabajador de Protección Civil y parte de Guerreros Unidos, actualmente en prisión. Este diario explicó la semana pasada que la comisión obtuvo los mensajes de un supuesto antiguo compañero de celda de El Chino.
En las capturas de pantalla aparece un mensaje, por ejemplo, en que El Negro le dice a El Chino, en la noche del 26 de septiembre, que por órdenes de arriba tienen que desaparecer a los estudiantes: “No saben quién es quién y el Patrón dice que se está calentando la plaza demasiado”, escribe supuestamente el primero. Horas más tarde, a las 3.13, El Negro ordena a El Chino que se encargue de desaparecer a esa “bola de cabrones” y que policías municipales de Huitzuco y Cocula les ayudan. A las 7.37, El Chino le dice a El Negro supuestamente, que los estudiantes se repartieron entre Huitzuco, Pueblo Viejo y el río. También le dice que se recuperó el material, en presunta referencia a la droga que iba en uno de los camiones que los normalistas querían llevarse de Iguala ese día.
Las comunicaciones de El Negro son constantes en la noche del ataque y las horas siguiente, según la información de la comisión presidencial. En el documento de acusacion de la FGR, su nombre aparece en las declaraciones de dos integrantes de Guerreros Unidos, siempre ligado al ataque. Es el caso de Neto, un muchacho que empezó a vender marihuana en Cocula supuestamente con Patricio Reyes, alias Pato, uno de los primeros detenidos por el caso, en 2014, torturado por la vieja Fiscalía.
Neto dice que el jefe de El Pato es El Negro. Neto menciona nombres del grupo de El Negro y dice que tenía en nómina a policías y militares para que les dejaran pasar la droga. Añade que el día del ataque, él andaba con El Pato vendiendo marihuana en Cocula y que El Negro le escribió, diciendo que venía un sapo, un enemigo. Entre las 21.00 y las 23.00, El Negro le dijo a El pato que comprara cloro, fabuloso, bolsas y otros artículos de limpieza, en diferentes tiendas, para no llamar la atención.
En cuanto a Carla, su mención a El Negro apunta al 27 de septiembre de 2014, por la mañana. Los 43 están desaparecidos y el caso empieza a llegar a la prensa nacional. Guerreros Unidos inicia la operación limpieza. Carla habla de una reunión en “el hoyo”, una casa de seguridad del grupo en Iguala. Van, según el testigo, Gildardo López Astudillo, alias El Gil, Sidronio Casarrubias, jefe supremo del grupo en Iguala y El Negro, entre otros. Hablan de conseguir unas camionetas, supuestamente para mover unos cuerpos. El relato es confuso, pero al final, Carla, Negro y otros van a una zona a las afueras de Iguala por dos vehículos, sin aclarar qué ocurre después.