Arrastra largo historial de irregularidades
Expedientes hablan de errores en dictámenes, ocultamiento de pruebas y otras fallas; el órgano ha cometido omisiones en feminicidios y en otros delitos contra las mujeres
La Fiscalía General de Justicia de Morelos acumula 280 quejas por errores en dictámenes periciales, ocultamiento de pruebas e inducción de testigos, entre otras irregularidades, a partir del 2018, cuando Uriel Carmona Gándara asumió la titularidad de la institución.
De acuerdo con el concentrado de expedientes sobre el sistema de justicia penal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), al cual tuvo acceso este medio, las quejas han derivado hasta el momento en 25 recomendaciones formales dirigidas por el organismo a la Fiscalía.
De éstas, apenas la mitad (13) fue aceptada; tres fueron de plano rechazadas y nueve aún están a la espera de una definición.
De las 13 recomendaciones aceptadas hasta el momento, cuatro han sido calificadas como parcialmente cumplidas y en nueve se esperan evidencias de cumplimiento.
Entre los casos que han motivado las numerosas quejas presentadas ante el órgano autónomo hay varios feminicidios y delitos cometidos contra la integridad de las mujeres.
El titular del organismo, Raúl Israel Hernández Cruz, dijo a La Razón que la Fiscalía del estado constantemente incurre en violaciones a los principios de seguridad jurídica y de legalidad, así como en la falta de integración adecuada de las investigaciones.
Indicó que las irregularidades que se han denunciado públicamente por el caso Ariadna “no son nuevas” y precisó que el órgano de procuración de justicia morelense está entre las tres instancias de gobierno que más quejas y recomendaciones ha concentrado en los últimos tres años.
Añadió: “En lo referente a mujeres, tuvimos el caso de una chica que fue detenida en la zona oriente del estado y que fue arrestada y en un centro municipal abusada sexualmente en dos ocasiones mientras estuvo en una celda. Otro caso en la región sur del estado fue de una mujer que fue detenida y sometida a actos de tortura, todo eso está en las recomendaciones que hemos emitido”.
El ombudsman morelense afirmó: “Considero que algo que está pasando y debemos tener muy presente y no olvidar, es que debemos poner en el centro a las víctimas directas del feminicidio, así como a sus familiares y también a la misma sociedad, que tiene un derecho a que se conozca la verdad”.
Hace unas semanas, la Fiscalía de Morelos fue señalada por su mala actuación ante el feminicidio de Margarita Ceceña, la mujer que fue quemada viva y que murió el pasado 24 de julio a consecuencia de esa agresión.
Los familiares aseguraron que dos semanas antes de ser atacada acudió a las oficinas de la Fiscalía de la Zona Oriente para presentar una denuncia por las amenazas de que era objeto, pero ni siquiera fue recibida.
Tras la muerte de la joven, sus deudos se quejan de que en la Fiscalía de Justicia ya ni siquiera les toman las llamadas y nadie les informa nada.
Este es uno de los casos en los que ha intervenido la CDHEM, la cual brindó apoyo a los deudos y ha dado seguimiento a las investigaciones, mientras que la Fiscalía no ha logrado dar con el paradero del principal autor de la agresión.
Las irregularidades de la Fiscalía de Morelos alcanzaron el ámbito federal el pasado 2 de junio, cuando la CNDH le envió una recomendación por su mala actuación en la investigación del homicidio del ambientalista Samir Flores, quien se oponía a la construcción de una termoeléctrica y fue asesinado a balazos el 20 de febrero del 2019.
En dicha recomendación, la CNDH mencionó que algunas de las irregularidades que se presentaron en el caso fueron: “desaparición de datos de prueba de la investigación; retardo en las funciones de investigación e integración extemporánea de testimonios clave sobre los posibles autores, entre otras graves omisiones y violaciones que determinan que se ha violado el derecho a saber la verdad”.
El organismo nacional denunció también que su intervención fue obstaculizada por la Fiscalía y determinó que en el homicidio de Samir Flores ni siquiera se estableció como una de las líneas de investigación el activismo de la víctima, cuyo crimen, tres años después, sigue impune.