Cd. de México (19 agosto 2016).- El proceso que el tricolor nacional inició en contra de tres Gobernadores y un ex Mandatario estatal señalados por corrupción apunta... al limbo.

El CEN del PRI anunció que buscaría pruebas en contra de los políticos señalados, a través de las comisiones estatales de Justicia Partidaria.

Sin embargo, esos órganos son encabezados por personajes incondicionales a los políticos investigados y, en el caso de Nuevo León, ni siquiera se sabe quién la integra.

En Veracruz, el responsable de la comisión es el diputado federal Marco Antonio Aguilar Yunes, compadre del Gobernador Javier Duarte. Incluso formó parte de su gabinete como Secretario de Trabajo.

En Quintana Roo, la titular del organismo es María Hadad Castillo, vinculada al equipo político del Mandatario Roberto Borge y suplente de la diputada federal Arlet Mólgora. Ella atendió la renuncia al PRI de Carlos Joaquín González, actual Mandatario electo.

En Chihuahua, el encargado de recabar las pruebas contra el Gobernador César Duarte será Mario de la Torre, un hombre cercano al ex candidato priista Enrique Serrano y quien fue designado por el actual Mandatario.

En tanto, en Nuevo León, el ex dirigente estatal priista Abel Guerra aseguró que la comisión de Justicia Partidaria no está instalada.

"Nos dicen que la comisión no está integrada o que está acéfala o que no existe", indicó.

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI busca darle largas a los procesos que inició contra tres Gobernadores y un ex Mandatario estatal, acusó Armando Barajas, el consejero político que solicitó su expulsión.

Ayer se publicó que este órgano dio entrada a las denuncias de Barajas en contra de los Gobernadores Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte por presuntos actos de corrupción, así como del ex Mandatario de Nuevo León, Rodrigo Medina, vinculado a proceso penal.

Sin embargo, el consejero político cuestionó al presidente de la Comisión, Fernando Elías Calles, por requerir a los órganos estatales información que es pública sobre los señalamientos que se les imputan.

"Es una cuestión dilatoria por parte del presidente", señaló. "Qué necesidad hay de solicitar algo que es ya del dominio público".

Contrario a lo que aseguró Elías Calles, que las denuncias se sustentan en notas de prensa, precisó que la de Gobernadores se basa en anomalías señaladas en informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Sistema de Administración Tributaria (SAT), y la de Medina en su vinculación a proceso por el ejercicio indebido de funciones.

"Le estamos diciendo a la Comisión que a través de los diputados del partido pida a la Auditoria Superior la información de las denuncias que presentó ante la Procuraduría General de la República, en el caso de los tres Gobernadores", dijo.

"Y, en el caso de Medina, estamos presentando nosotros como prueba que es público y notorio que ya se le dictó la vinculación a proceso, ya no hay ni siquiera duda cuando es un hecho público y notorio que al ex Gobernador se le vinculó a proceso".

Barajas cuestionó además, que no ha sido notificado del proceso en ninguno de los casos e incluso solicitó el pasado 10 de agosto la renuncia de Elías Calles, por obstruir el derecho de los militantes a la justicia.

"Aunque ellos quieren manejar que no tienen fecha para poder resolver, hay plazos establecidos", señaló. "(La solicitud de renuncia) es por darle largas y por el hecho de que en ningún momento se nos ha notificado de las radicaciones.

"La Comisión violenta el debido proceso al no notificar el acuerdo de radicación de los procedimientos que estamos solicitando".

Señaló que, por ejemplo, en el caso de los Gobernadores, cuya denuncia se presentó desde el 21 de julio, ya tendrían que haber al menos contestado por escrito a las acusaciones en su contra.