La conductora de televisión mexicana Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado fiscalista Víctor Manuel Álvarez Puga, llevan más de un año en paradero desconocido huyendo de la Justicia de su país, que los busca por delincuencia organizada y lavado de activos. Interpol ha emitido una ficha roja para su localización en decenas de países. El misterio se ha resuelto por otro encontronazo de la pareja con los tribunales, esta vez en Estados Unidos. Ambos enfrentan una demanda civil ante una Corte de Florida por el adeudo de un crédito hipotecario de más de cuatro millones de dólares que adquirieron en julio de 2021. Documentación del juicio revela que, como garantía de pago, Gómez Mont y Álvarez Puga dejaron en prenda dos inmuebles ubicados en los condados de Miami y Palm Beach, que suman un valor de 11,3 millones de dólares (unos 219,3 millones de pesos). Los documentos revisados por EL PAÍS demuestran que ambos personajes radican en Florida, donde poseen una fortuna inmobiliaria, mientras en México las autoridades los consideran prófugos de la justicia.
Gómez Mont y Álvarez Puga solicitaron el 29 de julio de 2021 un crédito hipotecario por 4,4 millones de dólares (unos 85,4 millones de pesos) a la firma Chemtov Mortgage Group Corp. Para tramitarlo, utilizaron a las empresas Casa Mia Pinecrest Corp., con sede en el Estado de Delaware —calificado como un paraíso fiscal dentro de EE UU—, y 4985 Stables LLC, constituida en Miami. En la documentación del crédito, Gómez Mont firma como presidenta de la compañía Casa Mia Pinecrest. Por parte de 4985 Stables LLC firma como administrador Jonathan Choghi, un testaferro de Álvarez Puga que ya había estado involucrado en otra transacción inmobiliaria para el matrimonio en EE UU: la compra de la casa que perteneció a la cantante y actriz estadounidense Cher en Miami Beach y por la que pagaron 15,5 millones de dólares, según documentó el portal Animal Político.
Las compañías formadas por el matrimonio son las propietarias de los dos inmuebles que fueron hipotecados. Uno de ellos es una casa de 1.170 metros cuadrados ubicada en el exclusivo vecindario Town & Ranch Estates, en el condado de Miami, y que tiene siete recámaras, nueve baños, alberca, sala de cine y gimnasio. La compra se efectuó mediante la firma Casa Mia Pinecrest Corp,. el 28 de julio de 2021 —un día antes de la solicitud del crédito hipotecario— a un precio de 6,3 millones de dólares. La segunda propiedad es una casa de 1.190 metros cuadrados localizada en la villa de Wellington, en el condado de Palm Beach, que tiene alberca y una zona de equitación propia. Este inmueble fue adquirido mediante la empresa 4985 Stables LLC en abril de 2019 por un monto de casi cinco millones de dólares.
La firma que hizo el préstamo hipotecario al matrimonio traspasó la deuda a Miami Wellington LLC, que es la que presentó la demanda civil en contra de Gómez Mont, Álvarez Puga y sus dos compañías en mayo de este año, cuando ya habían vencido los plazos para el pago de la deuda. Miami Wellington LLC reclamó inicialmente al juez que se ejecutara el contrato hipotecario y le permitiera hacerse con los dos inmuebles para venderlos y recuperar el dinero comprometido. Sin embargo, el 18 de agosto, la firma demandante notificó a la Corte que había entrado en contacto con los deudores, con quienes suscribió un acuerdo de indulgencia hipotecaria.
El acuerdo consistió en fijar el 31 de diciembre como nueva fecha final para cubrir la deuda en varios pagos. Miami Wellington LLC señaló que, hasta ese momento, los deudores habían cumplido con los pagos fijados —sin especificar el monto—, lo que muestra que Gómez Mont y Álvarez Puga se encuentran realizando gestiones para retener su patrimonio inmobiliario en Florida, en tanto que en México son requeridos por la justicia por un desfalco millonario a las arcas públicas. Este diario intentó establecer comunicación con el matrimonio a través de un intermediario que le hizo llegar una petición de entrevista, pero esta no fue atendida.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Gómez Mont, a su esposo y a un hermano de este, Alejandro Álvarez Puga, de encabezar una red de empresas fantasma mediante la cual fueron desviados casi 3.000 millones de pesos (unos 154,2 millones de dólares) del presupuesto de la Secretaría de Gobernación cuando su titular era Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador de la República por el PRI. La investigación mostró que los recursos, que debían destinarse a realizar mejoras en las prisiones del país, fueron transferidos a compañías “factureras” —que no tienen infraestructura ni personal, pero simulan prestar servicios— mediante contrataciones simuladas. Esas empresas fachada, a su vez, traspasaron el dinero a otras factureras con las que efectuaron casi 1.500 operaciones bancarias con la finalidad de borrar el rastro de los recursos. La Fiscalía acusa que parte del dinero lavado tuvo como destino final las cuentas bancarias del matrimonio. Una sentencia del 9 de noviembre tumbó los cargos de defraudación fiscal. El resto, sigue vigente.
Para cuando la FGR obtuvo la orden de aprehensión contra Gómez Mont y Álvarez Puga por desvío de recursos, lavado de activos y delincuencia organizada, en septiembre de 2021, y después la ficha roja de la Interpol, en octubre, la pareja ya no estaba en México, sino en Florida, donde además ya habían obtenido el préstamo hipotecario de 4,4 millones de dólares.