Se trata de Édgar Torres Garrido, José Velasco Herrera y Fabiola Tapia, quienes son piezas fundamentales en la estrategia legal de Lozoya Austin para corroborar su narrativa en este par de casos de corrupción que lo tienen preso en el Reclusorio Norte desde hace poco más de un año.
En el caso de Torres Garrido y Velasco Herrera fueron de los colaboradores más cercanos de Emilio Lozoya, incluso años antes de que fuera nombrado director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Con Édgar Torres la amistad comenzó en 1994 cuando coincidieron en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde ambos estudiaron la licenciatura en Economía.
La relación con José Velasco incluso viene desde el gobierno del priista Carlos Salinas de Gortari en el que fue asignado como chofer de la familia de Emilio Lozoya Thalmann, primero director general del ISSSTE y después secretario de Energía.
Durante su gestión al frente de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin designó a Édgar Torres Garrido como asesor Ejecutivo de la Dirección General; mientras que José Velasco Herrera fue su jefe de ayudantes.
Torres Garrido, fallecido en septiembre pasado, es fundamental en la defensa de Lozoya Austin en el caso Agronitrogenados, pues ante el Ministerio Público de la Federación declaró que tanto el ex presidente Enrique Peña Nieto como su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no solo tenían conocimiento de la adquisición de esa planta chatarra sino que presionaban al entonces director de Pemex para acelerar el proceso de compra.
Por su parte, José Velasco fue involucrado en el caso Odebrecht, al ser señalado en múltiples entregadas de presuntos sobornos de Emilio Lozoya a legisladores para que aprobaran la reforma energética de Peña Nieto.
Incluso, de acuerdo con la entrevista ministerial de Miguel Pérez Esquivel, chofer de Lozoya Austin, estas entregas millonarias “derivaron y tuvieron una influencia significativa” en el fallecimiento de Velasco Herrera.
Ante la Fiscalía General de la República (FGR), Miguel Pérez Esquivel declaró que,“aproximadamente” en noviembre de 2013, José Velasco le reveló que, “por instrucciones del señor Lozoya Austin, seríamos responsables de recibir dinero en efectivo que sería entregado a legisladores del Partido Acción Nacional para que apoyaran la reforma del Pacto por México”.
En su declaración ministerial detalla fechas, lugares, montos, personas e incluso dimensiones de las maletas en las que su superior jerárquico, José Velasco Herrera, entregaba los recursos.
En el caso de Fabiola Tapia, hermana de Juan Carlos Tapia, dueño de Construcciones Industriales Tapia, socia mexicana de Odebrecht en las obras de la refinería de Tula, Emilio Lozoya la involucró asegurando que le entregó a Velasco Herrera una tarjeta con el número de una cuenta bancaria a nombre de la empresa multinacional Zecapan.
De acuerdo con este, su jefe de ayudantes José Velasco le entregó esa tarjeta y Lozoya Austin hizo lo propio a los ejecutivos de Odebrecht para que en ese número de cuenta hicieran los depósitos por los sobornos millonarios.
Édgar Torres Garrido y José Velasco Herrera murieron por infartos fulminantes; Fabiola Tapia Vargas padeció insuficiencia renal, diabetes, ceguera, hipertensión y en 2014 la operaron a corazón abierto de tú así de problemas cardiacos.
De llegar a posibles juicios, la defensa legal de Emilio Lozoya, en el mejor escenario para el ex director de Pemex, podría presentar estos testimonios solo por escrito, que se dieran lectura y sean dados por válidos por el juez.
Sin embargo, la FGR pudiera combatir esto, pues ya existe un precedente similar resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 374, fracción II, inciso d), del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, el cual disponía que “podrán incorporarse al juicio oral, previa su lectura o reproducción, los registros en que consten diligencias anteriores, cuando (…) Las partes lo soliciten y el juez lo estime procedente, por lectura o reproducción del registro respectivo, en la parte conducente: (…) Las declaraciones de coimputados, testigos o peritos que hayan fallecido, perdido la razón o la capacidad para declarar en juicio, estén fuera del país, se ignore su residencia actual y por eso no hubiese sido posible solicitar su desahogo anticipado”.
El máximo tribunal del país, a través del proyecto del ministro Jorge Pardo Rebolledo”, concluyó que este precepto vulneraba los principios constitucionales de inmediación y contradicción.
“La previsión de incorporar a la audiencia oral, mediante lectura, las declaraciones de testigos que consten en diligencias anteriores, aun en el caso de que se ignore su residencia actual y, por eso, no haya sido posible solicitar su desahogo anticipado, es incompatible con el principio de inmediación que exige el contacto directo y personal que el juez debe tener con el sujeto de prueba, de manera que la ausencia del testigo en la etapa de juicio oral y la incorporación de su declaración mediante lectura constituye un obstáculo que impide al juez o tribunal de enjuiciamiento percibir todos los elementos que acompañan a las palabras del declarante, esto es, componentes paralingüísticos como el manejo del tono, volumen o cadencia de la voz, pausas, titubeos, disposición del cuerpo, dirección de la mirada, muecas, sonrojo, etcétera. De manera que el juez no estará en condiciones de formarse una imagen completa del contenido y exactitud de lo expuesto”.
De llegar a juicio y que el juez mantenga este precedente, Emilio Lozoya se quedaría sin declaraciones clave para su defensa, la cual de por sí corresponde a pocos testigos que han convalidado sus dichos en las tramas de corrupción de Agronitrogenados y Odebrecht.