De acuerdo con la auditoría forense practicada por el órgano de fiscalización, la Secretaría de Desarrollo Social adjudicó dichos trabajos a la institución educativa, pero ésta subcontrató a su vez a proveedores “sin el perfil ni la capacidad técnica, material o humana, y se dio el caso de empresas no localizadas y presuntamente vinculadas con actos irregulares”.
En entrevista con MILENIO, el auditor superior Juan Manuel Portal, confirmó, además, que la UAEM encargó a terceros la totalidad de los servicios contratados por la dependencia responsable de la política social, no obstante que la Ley de Adquisiciones establece un límite de 49 por ciento para subcontrataciones.
“Las universidades están para educar e investigar, no para ser subcontratistas de nada. En este caso lo que hicieron fue subcontratar todos los servicios que le encargaron a empresas que desconocemos después de la investigación y, en el caso de alguna de ellas, incluso si existe”, puntualizó. También precisó que el monto de las probables desviaciones ronda los 700 millones de pesos.
Adicionalmente, los órganos directivos del Congreso de Morelos acusaron esta semana al rector Alejandro Vera de un desvío millonario de recursos, así como de beneficiarse con una partida “secreta” de al menos 10 millones de pesos.
Ello, a la par de la confrontación que el directivo de la universidad morelense mantiene con el gobernador Graco Ramírez y las movilizaciones que Vera azuza contra el mandatario en la entidad.
Según las revisiones de la ASF, Desarrollo Social pagó a la universidad morelense cuatro contratos por asesoría para fortalecer la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); levantamiento de encuestas a beneficiarios de programas sociales en Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Veracruz; mejoría de los procesos de gestión y atención ciudadana, así como estudios de impacto de cursos en línea sobre economía, educación y desarrollo de emprendedores.
Sin embargo, “la universidad no tiene capacidad para realizar esos servicios, no debió haber sido contratada, no debió aceptar la contratación, pero se queda con un porcentaje de ese monto y el resto lo subcontrata”, afirmó el auditor.
Como parte de la revisión de la legalidad de los contratos, visitadores del órgano de fiscalización del Congreso de la Unión se presentaron en las empresas subcontratadas por la universidad, pero en ningún caso obtuvieron la información requerida y, por el contrario, registraron la inexistencia de facturas o contratos, no obstante los depósitos bancarios a favor de esos negocios.
“La PGR tiene por ello cuatro denuncias en integración y la investigación sobre estas denuncias, sobre los datos que presentamos, los expedientes que se prepararon, dictámenes, etcétera, y ahí están los peritajes técnicos que se requieran, así como el análisis de la información para, en su caso, definir quiénes son los responsables y qué tipo de delitos se cometieron, remarcó.
La auditoría 14-4-99025-12-0209, incluida en el Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2004 que la ASF entregó a la Cámara de Diputados, detalla que el propio rector Alejandro Vera fue objeto de diversas multas por su corresponsabilidad en la subcontratación irregular de los servicios encargados a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Portal advirtió que esas prácticas fueron sistemáticas durante los ejercicios presupuestales de 2013 y 2014, al grado que otras universidades de las entidades federativas incurrieron también en la subcontratación irregular de servicios.
“Hay diversas universidades con este tipo de manejos en cuanto a los recursos, como la del Estado de México, que igualmente está demandada, y hay otros estados que tienen universidades que han hecho lo mismo”, indicó.
Remarcó, sin embargo, que a partir de la Cuenta Pública 2015 se reducirá ese problema prácticamente a cero, debido a las recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación hizo a la Secretaría de la Función Pública para impedir esas operaciones.